Por Aarón Tapia.

Mafia: Grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos. 

Esta es una de las cuatro definiciones sobre mafia de la Real Academia Española (RAE).

-Control sobre la oposición de los primeros tres años: En Sonora el Gobierno del Estado ha sido acusado de que mediante el uso faccioso de sus instituciones ha comprado denunciantes, sembrado armas y droga e integrado expedientes con pruebas falsas para encarcelar a adversarios políticos del padrésismo o empleados de estos. Casos como los de Jorge Morales, Luis Arístides López y Francisco Monge, entre otros, así lo dejan ver.

-Control de organismos “autónomos”:  haber permitido falsificaciones de firmas en el proceso para conformar un comité de participación ciudadana (a modo) del sistema estatal anticorrupción. Un comité con poco más de dos años de operación y que no se le conoce ninguna investigación ni denuncia por actos de corrupción en este gobierno.

-Control político: después de las elecciones del 2018 ante la llegada con mayoría apabullante de Morena y sus aliados al congreso local, organizaron un golpe legislativo antes de finalizar la legislatura pasada con mayoría priísta y con la complaciente asociación de diputados panistas, socavaron el poder legislativo y otorgaron poder en exceso al ejecutivo.

08 de Agosto de 2018. Manifestación en el Congreso del Estado el día de la aprobación del “veto”, el paquete que le quitó poder a la legislación entrante Foto: Libera Radio

-Control sobre la transparencia: En Sonora, su gobierno puede estar en desacato ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El pasado 28 de mayo, el Pleno de la SCJN declaró inválido que los tres comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información (ISTAI), continúen laborando, pues su tiempo en el cargo venció desde el pasado 12 de diciembre del 2018 y también venció el plazo para renovar a los integrantes de este instituto. El congreso local se ha pronunciado al respecto a través de diversos exhortos y posicionamientos dirigidos a la Gobernadora y los ha ignorado.

-Control electoral: también un evidente “golpe de estado” dentro del Instituto Estatal Electoral de Sonora (IEES), donde con una mayoría de cuatro consejeros (tres identificados con el PRI y una con el PAN) de un total de siete que conforman el consejo general, menguaron las facultades de la Consejera Presidente y ahora en el nuevo reglamento algunas atribuciones torales para el funcionamiento del IEES, se decidirán por mayoría simple. Además estos cuatro consejeros provocaron el despido de 39 empleados, de los que no fueran afines al PRI-Gobierno.

-Control notarial: el procedimiento fraudulento mediante el cual quince notarios públicos titulares renunciaron (en este sexenio) asegurándose que dicha patente quedaran en favor de sus hijos, se requiere del concierto de complicidad criminal de la Dirección General de Notarias, de la Secretaria de Gobierno, de la Consejería Jurídica y con el Colegio de Notarios.

La propia Gobernadora del estado, que es la titular de la función notarial que delega en favor de profesionales del derecho, ha sido absolutamente omisa en atender estos signos de grave corrupción, lo que nos lleva a suponer que no solamente lo acepta sino que lo estimula y forma parte de su operación política. La presidenta del Colegio de Notarios es hija del actual Director del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON), la dependencia estatal que más contacto tiene con las notarías, quien a su vez también es notario, un evidente y grave conflicto de intereses. Otra funcionaria opaca, como lo es la Directora General de notarías, jamás ha dado la cara para responder por estos abominables actos que desnudan no solo un poderoso pacto de complicidad entre el gobierno, sus funcionarios, los notarios y el colegio que dice representarlos para torcer la ley, para sentir que el servicio público de fe notarial, así como todas las demás instituciones les pertenece y pueden hacer de ellas y con ellas lo que deseen.

-Control Judicial: ahora la Gobernadora manda una iniciativa al congreso local donde propone que el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora (conformado por siete magistrados), seleccione una terna y se la envíe como propuesta para que de ahí salga el próximo magistrado, pero esta terna sería integrada únicamente por magistrados de circuito, es decir, solo de los quince magistrados de los cinco tribunales regionales podría ser el elegido para ocupar el puesto de magistrado en este Supremo Tribunal. También en esta iniciativa se propone que ese cargo y el de los jueces sean vitalicios, lo que provocaría un control absoluto en todas las ramificaciones de la justicia: penal, civil, laboral, mercantil y familiar. A todas luces se pretende el blindaje para el llamado “séptimo año” ante la inminente llegada de un gobierno emanado de la oposición y quien lleva la delantera en las preferencias electorales para el 2021 en estos momentos es Morena.

Además, de prosperar esta iniciativa del ejecutivo, estaríamos ante un escenario donde los propios magistrados escogerían a sus sucesores. Una infame regresión que mutila el cuerpo institucional y democrático con extrema vileza autoritaria.

08 de Agosto de 2018. Manifestación en el Congreso del Estado el día de la aprobación del “veto”, el paquete que le quitó poder a la legislación entrante Foto: Libera Radio

La justificación del ejecutivo es el interés del mejoramiento de la carrera judicial y su establecimiento. Un argumento falaz, porque si en verdad existiera ese interés de mejorar el desempeño del sistema judicial en Sonora, no tendrían acéfalo y sin operar al Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial en el Poder Judicial del Estado y que establecen mecanismos de actualización y remoción de jueces y magistrados regionales. Desde hace poco más de un año este órgano debió haberse puesto en función, pero el gobierno del estado ha sido omiso, con lo cual está en otro claro incumplimiento de la ley.

El experto en temas de seguridad pública y crimen organizado, Edgardo Buscaglia asevera que la mafia más organizada en México se encuentra en la política. Y la mafia política  sonorense resiste hasta cierto punto  los embates de reproches y juicios analíticos en contra de ellos, pero no por ansias de perfección ética que no comprenden, sino por un mejor bienestar propio, como quien entra en la iglesia solo porque le place más el aroma del incienso que el tufo de la cantina. Dominan el embrutecimiento de la superficialidad por instinto. Pero sus embrutecimientos éticos llegan a atrofiarles la noción del bien y del mal. El bien para ellos es lo que se ajusta a las conveniencias personales, siempre que su justicia no tenga nada que decir al respecto y el mal, lo que las contraría, lo que displace, lo que les quita la tranquilidad.

Porque eso les sirve para mantener un artificial estatus social, disfrazado de buena fe, de paz y democracia, pero que en realidad atenta contra la función pública, contra la ley y contra la sociedad. Porque el ambiente de corrupción en el que se desenvuelven les es favorable, porque  es el suyo propio y dentro de él triunfa la superioridad del ingenio de la felonía y de la despreocupación por los demás.

Aarón Tapia. Periodista conductor del programa de radio La Tertulia Polaca en La Voz Del Pitic 88.1 FM y colaborador de análisis político en el noticiero Titulares de Radio Fórmula Sonora.

Tw: @Naranjero75

Publicado originalmente en: http://elsoberano.mx/opinion/una-mafia-llamada-gobierno-del-estado/