Protección Civil en Sonora
Esta semana presentamos al Diputado Carlos León, Presidente de la Comisión de Protección Civil de la LXI Legislatura, del Congreso del Estado de Sonora y a un grupo de regidores, un análisis y una serie de recomendaciones en materia de protección civil que intenta regular la responsabilidad de servidores públicos en la integración de medidas contra incendios y otras eventualidades en los inmuebles que utilizan; desafortunadamente después de varios eventos que han sido una dura experiencia colectiva, la lección aprendida no es suficiente y no hemos pasado aún de una cultura de reacción a una cultura de la prevención.
En México en los últimos 6 años se han registrado por lo menos 4 grandes tragedias derivadas de incendios en inmuebles que no contaban con las medidas necesarias de prevención en materia de protección civil y cuyo alto saldo mortal obedeció a este factor; en el 2000 en México DF, el incendio en la Disco Lohobombo, con 22 personas fallecidas, el lugar presentó falta de salidas de emergencia y dispositivos contra incendios; en el 2009 en Hermosillo, el incendio en Guardería ABC, con 49 niños fallecidos y más de 70 niños afectados, el fuego se inició en la bodega contigua perteneciente a la Secretaria de Hacienda, no contaba con absolutamente ningún dispositivo contra incendios; en el 2011 en Monterrey, el Casino Royal, con 61 muertos, aunque el incendio se catalogó como provocado, el alto saldo de muertos obedeció a la falta de salidas de emergencias y dispositivos contra incendios en el lugar; en el 2015 en Mexicali, el incendio del Asilo Hermoso Atardecer, con 17 ancianos fallecidos, el inmueble no contaba con ninguna medida de protección civil; 149 muertes en total.
Disco Lohobombo en CDMX
Uno de estos casos está directamente relacionado con inmuebles que estaban bajo uso y responsabilidad de autoridades gubernamentales que por apatía, desidia, desinterés o ignorancia nunca pidieron a las autoridades correspondientes ayuda para integrar un plan y una unidad de protección civil. El que un inmueble no cuente con un plan interno de protección civil, significa no contar con medidas adecuadas para hacer frente a eventos imprevistos, como un incendio.
El hecho de que 18 bodegas que arrienda la mismísima Secretaria de Hacienda de Sonora, no cuenten a la fecha con medidas de prevención contra incendios confirman el nulo aprendizaje. Las bodegas están ubicadas en 8 municipios, Agua Prieta, Hermosillo, Moctezuma, Nogales, Obregón, San Luis Rio Colorado, Navojoa, Magdalena de Kino; 10 bodegas, se encuentran en Hermosillo y casi en su totalidad se utilizan para archivar papel, placas y/ o vehículos, entre otras cosas y se encuentran en colonias que se ubican en las afueras de la ciudad, en colonias de clase baja y media baja, como Quinta Emilia, Privadas del Bosque, amapolas, parque industrial entre otras.
Por el contenido de las bodegas es muy probable que su clasificación de riesgos según la Norma oficial NOM-002-STPS-2000 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “riesgo alto” y hay por lo menos tres bodegas , que sirven para depósitos de automóviles, que pueden contener acelerantes de fuego como gasolina.
Hacienda ha respondido mediante una solicitud de información, obligado por el ISTAI con recurso ISTAI-RR-014/2016, que ya “se está trabajando en un plan de protección civil donde se incluirán todas las bodegas en cuestión”. Habrá que hacer un seguimiento a esa respuesta, para ver si en realidad es así.
La semana pasada en entrevista, Alberto Villa Terán, Coordinador del área de proyectos preventivos de la Unidad Estatal de Prevención civil, expresaba que es muy alta la probabilidad de que la misma situación de los inmuebles se repita en la mayoría de los inmuebles que utilizan otras dependencias gubernamentales, ya que son muy pocos los servidores públicos que se acercan a esta unidad.
La periodista Lourdes Encinas documentó el antecedente de 14 incendios en bodegas bajo el uso del gobierno desde 1995 al 2012. En uno de estos eventos sucedido en el 2002, una bodega arrendada por la secretaria de finanzas del gobierno de Sonora ubicada en Blv. Garcia Morales Km. 1, Colonia el Llano, contenía 40 toneladas de papel y el fuego amenazó con extenderse a un negocio cercano que contenía cubetas con aceites.
Bodega contigua a Guardería ABC
Algunas de estas bodegas incendiadas estaban ubicadas en zonas céntricas de la ciudad o altamente habitadas, como colonia San Benito, Colonia 5 de mayo, Col. Villahermosa, Colonia los olivos, entre otras. 13 de esos incendios se catalogaron como provocados y solo el incendio de la guardería ABC, está catalogado como causa indeterminada.
El costo mínimo de los incendios de estas bodegas representa en promedio más de 10 millones de pesos, sin contar el material que se encontraba dentro, ni el gasto excesivo de agua que se emplea para apagar incendios en grandes predios.
La principal causa, entre otras de la problemática de falta de medidas contra incendios, es que la petición e integración de un plan interno de protección civil, queda a voluntad de los servidores públicos, aunque este especificado como un deber en las leyes de protección civil, porque no hay incentivos, ni sanciones hacia los servidores públicos para cumplir con la ley.
Otra es que las unidades de protección civil tampoco cumplen con los estatutos de las leyes de protección civil, pues la Ley 161 de Protección civil para el estado de Sonora, establece que tanto las unidades estatales como municipales deben tener un Programa Estatal de protección civil y un Programa Anual de protección civil, donde establezcan planes de revisiones en inmuebles, incluyendo los inmuebles del gobierno.
Actualmente y a un año de gobierno estatal y municipal, no se cuenta con ninguno de estos planes, en ninguna de las unidades. Estas cuestiones representan un problema relacionado directamente con el diseño institucional de las leyes de Protección Civil, porque aunque hay obligaciones establecidas en las leyes, no hay mecanismos que obliguen su cumplimiento; como sucede en muchas otras cuestiones en México.
Guardería ABC
Algunas recomendaciones para solventar este problema son, a corto plazo un exhorto público para los servidores públicos que sean titulares de dependencias o entidades de gobierno, pidan a la UEPC el plan interno de protección civil; modificaciones a la Ley de Protección Civil 161, para que se establezca la obligatoriedad de transparentar anualmente la comprobación y conformación de los planes internos de protección civil, que se establezcan mecanismos de incentivos y sanciones para titulares de entidades públicas; que las unidades de protección civil municipal y estatal, para monitorear el cumplimiento realicen un plan de revisión de inmuebles del estado anualmente y una revisión de la acción de transparentar de las prácticas en materia de Protección Civil, por parte de los servidores públicos; para incluir la participación ciudadana y en papel de un tercero que de fe de las revisiones, en estas que se incluyan a colaboradores de otras entidades públicas que testifiquen la veracidad de las revisiones.
Este tema actualmente no está en la agenda pública, pero es necesario discutirlo porque de no hacerlo nos situaríamos en la espera de otro siniestro que pudiera llegar a tener saldos mortales, debemos pasar de la reacción a la prevención.
