#DiasdelFuturoPasado volumen 30
El pasado cinco de julio, la diputada del PRD, Areli Rubí Miranda Ayala y el diputado Víctor Osmid Guerrero Trejo presentaron en la cámara de diputados del Estado de Hidalgo una iniciativa de reforma al artículo 162 de la Ley de protección ecológica del Estado, con la que buscan prohibir categóricamente la incineración de residuos sólidos urbanos en cualquiera de sus formas, ya sea waste to energy o coprocesamiento. Dicho sea de paso Hidalgo es el Estado con más plantas cementeras incinerando residuos –sólidos urbanos, peligrosos y de manejo especial- por lo que obviamente a la industria cementera no le gusto dicha iniciativa y ha iniciado el cabildeo para detenerla en el dictamen, el cual se tardara varios meses para darse y las compañías cementeras están aprovechando el “apoyo” de ciertos grupos “ambientalistas”. Pongo entre comillas estas dos palabras pues sabemos que estos grupos son mercenarios que se venden al mejor postor y le tienen más amor al verde del dólar que a su supuesto ecologismo. No voy a entrar en el beef con estas personas que, gracias a su historia y su proceder su credibilidad no es peligrosa, no tienen validez social, al contrario, si ven un beneficio económico personal un día pueden demandar a la industria cementera ─que lo hicieron─ y el otro estar de su lado, apoyando sus malas prácticas socio-ambientales. Me centraré a una realidad que viven las comunidades cercanas a las plantas cementeras y que fue la razón principal para que el Frente de Comunidades en Contra de la Incineración hicieran alianza con estas diputadas para lograr que se diera esta iniciativa.
La región de sacrificio de Tula, Hidalgo ha estado en los reflectores mediáticos desde hace un par de meses cuando Víctor Toledo, secretario de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) clasificó esta región como un infierno ambiental, dándole extraoficialmente la categoría de emergencia ambiental; sin embargo, las comunidades que viven ahí tienen décadas luchando para que el gobierno ponga cartas en el asunto, armando un plan de restauración. Entre estas comunidades están los municipios de Atotonilco de Tula y su vecino del Estado de México, Apaxco, donde sobreviven a pesar de las seis cementeras que están instaladas en unas cuantas hectáreas. Estas seis cementeras están incinerando residuos, arrojando gases tóxicos a la atmósfera, aumentando con esto la toxicidad del aire en la región con contaminantes orgánicos volátiles y contaminantes orgánicos persistentes. Todos ellos con graves daños a la salud ambiental, no solo de estos municipios sino de toda la región de sacrificio que es el Valle del Mezquital. Esta es la razón por la que las comunidades se organizaron en un frente con más comunidades del país y desde donde mantienen una lucha por la defensa de la salud ambiental. Con esto en mente buscaron una alianza con funcionarios públicos con la capacidad de legislar, mejor aún si una de las diputadas como Areli, que sabe lo que es vivir en una región de sacrificio y ver día a día el deterioro de la salud de su pueblo.
Más allá de lo que los convenios internacionales puedan decir, de lo que se crea que es bueno para las comunidades desde un escritorio, incluso lo que la propia esquetiometría pueda formular desde la química, de las normas y leyes hechas a modo de la industria, la realidad es que las personas y la naturaleza en esa región se está muriendo. Aceptando que los impactos son multisectoriales, que en una región de sacrificio son muchos los factores, eso no quita la responsabilidad que tienen las plantas cementeras y su incineración disfrazada; al contrario, los pone a la cabeza de los culpables. Esto es evidente con tan solo darte una vuelta por la región. Inclusive activistas anti-incineración de España, Italia, Argentina lo ven así, lo han dicho así, la peor región de sacrificio del mundo. Y sí, existen luchas en todo el mundo contra esta práctica, aunque los mercenarios pagados por la industria creen que estas luchas solo se dan en México por revoltosos. Sin embargo, en Italia, Holanda, Serbia, Eslovenia han logrado detener la incineración de residuos, incluso cerrando algunas plantas, igual que en España.
La modificación propuesta al artículo 162 de la ley de protección ecológica del Estado de Hidalgo es histórica a nivel nacional por el simple hecho que invita a los municipios a buscar nuevas formas de manejar sus residuos que no sea enterrarlos o quemarlos, es una oportunidad de voltear a ver planes de Basura Cero que fortalezcan las economías locales, que permitan una ley de responsabilidad extendida al productor, trabajando con la comunidad, incluyendo a los pepenadores, una solución que SÍ va el camino hacia donde van la mayoría de los países del Norte Global.
SEMARNAT ha decidió poner en marcha planes de restauración para esta región, trabajando directamente con la comunidad, esto junto a la iniciativa de ley asustan a una industria que en México nunca ha sido tocada, así que han comenzado su ataque. No queda más que mantener la resistencia buscando terminar con esta región de sacrificio, formada por años de ausencia de y complicidad del Estado.
Toluca, septiembre 2019
Por: Jorge Tadeo Vargas, director de www.lidecs.org
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