Al pueblo de Sonora:

Hermosillo, Sonora, 8 de agosto.- La dirigencia estatal de Morena y la representación popular electa en el Congreso federal y local, regidores electos y la militancia, manifiesta lo siguiente:

Este miércoles, en sesión extraordinaria del Congreso del Estado, se aprobó un dictamen de reformas constitucionales que afecta gravemente el equilibrio de poderes, otorga facultades a la gobernadora correspondientes al Poder Legislativo, anula las atribuciones de los diputados en materia de revisión de cuenta pública y de supervisión del Ejecutivo, y afecta la designación de los titulares de los organismos autónomos y del personal administrativo de la Cámara.

La aprobación de la reforma se llevó a cabo en un clima de uso excesivo de la fuerza pública, con cientos de elementos policiacos de corporaciones estatales y municipales que resguardaron con vallas el recinto legislativo desde la noche previa y restringiendo la circulación vehicular.

En el interior y en las escalinatas de la Cámara hicieron presencia grupos de choque que intimidaron y agredieron a los manifestantes y evitaron el ingreso a la sesión de una representación de diputados electos de Morena que buscaban acceder al recinto.

En el interior del legislativo, la discusión tuvo lugar a puerta cerrada y se les negó la entrada a los medios de comunicación a la sesión pública. Los diputados locales entraron y salieron por la puerta trasera sin atreverse a encarar las manifestaciones en su contra.

Los legisladores salientes aprobaron el referido dictamen al vapor, de espadas a la gente, sin haberlo consultado ni consensuado con la opinión pública y los especialistas, como se había asegurado se haría en semanas previas.

Con estas acciones, la gobernadora del estado y los diputados secuestraron a las instituciones y confirmaron su resistencia a la transformación del país por la que los ciudadanos votaron el pasado 1 de julio.

Morena llama a sus militantes y simpatizantes a movilizarse y a manifestarse en los Cabildos de los 72 municipios de la entidad para impedir la ratificación de la reforma constitucional que pone en riesgo el orden democrático del estado.