La ley 38 y el manoseo en el ISSSTESON

Comentaba en enero del año pasado que era cuestión de tiempo para que se sentaran a la mesa de negociación, autoridades estatales y federales, instituciones adheridas al ISSSTESON y organizaciones sindicales afectadas para plantear soluciones a un problema generado por el poder político y que afecta directamente a la clase trabajadora. Sin embargo, tal situación no sucedió, si nos atenemos a los últimos acontecimientos.

Para mi sorpresa, el rector de nuestra querida Universidad manifestó, en entrevista de radio, que solicitó y acordó con las dirigencias sindicales no incluir el tema del ISSSTESON en las negociaciones relativas a las revisiones salariales y contractuales de este año para no entorpecer el proceso. Suponían, quizás, que el proceso de negociación con la institución avanzaba correctamente pero para sorpresa de muchos en días recientes se dio a conocer una medida drástica que redujo a un 29% las percepciones de poco menos de una decena de maestros que se jubilaron o pensionaron esta año.

Foto: Radio Sonora.

Mucho se ha dicho en medios oficialistas que los trabajadores universitarios somos los culpables por no cotizar lo que debemos de acuerdo a la modificada Ley 38 del ISSSTESON, pero poco o nada se dice de lo inoperante que ha sido dicha ley reformada. Esto decía, en su informe de labores 2007-2008 el director del ISSSTESON, Otto Claussen, “en virtud de su  atinada administración (refiriéndose a Eduardo Bours), va a  trascender como el Gobernador que transformó al ISSSTESON y lo apuntaló con mayor eficiencia y calidad de sus servicios para las siguientes tres décadas”. Para el 2015, otro Claussen, Enrique su hermano, denunciaba un quebranto financiero superior a los seis mil 101 millones de pesos según constaba en cinco denuncias interpuestas en la recién creada Fiscalía Anticorrupción. Qué ha pasado con estas denuncias nadie lo sabe, o al menos no nos han informado con claridad.

Luego entonces, algo se hizo mal. Lejos de buscar una solución a los errores cometidos se insiste en obligar a los trabajadores a que paguen más por un servicio que cada vez es más ineficiente. Pareciera que nadie está interesado en recuperar esos 6 mil millones que en mucho ayudarían a resolver el problema, máxime que se dice que se requieren alrededor de mil seiscientos millones para sanear las finanzas del Instituto. Aún más, la justificación de la venta de los estadios de béisbol era que el dinero recabado sería utilizado precisamente para inyectarle recursos a tan importante institución de salud. A estas alturas, uno no se sabe si chamaquearon al Peje o si el delgado federal, Jorge Taddei, le informó oportunamente que el dinero se destinaría a otros rubros.

Sean peras o sean manzanas, se avecina una lucha frontal entre los trabajadores universitarios y el Gobierno Estatal. Es claro que de parte de la autoridad se está planteando una obligación de mantener las políticas neoliberales esquilmando aún más los bolsillos de la clase trabajadora. Aquí la incógnita es de qué parte estará Morena, ahora que hasta el mismo rector anuncia que se armonizará el convenio a la Ley 38. Esto es, quieren obligarnos a sujetarnos a una ley que ha sido un total fracaso. Una ley que prometía mejores jubilaciones y mejores servicios de salud, cuando la cruda realidad nos enfrenta a una institución en proceso de quiebra financiera. Nos quieren echar la culpa a los universitarios de ese fracaso cuando representamos una muy pequeña parte de los trabajadores que cotizamos en esa institución.

Si tan solo se hubiera evitado el manoseo financiero y se hubiese respetado el dinero destinado para pensiones y jubilaciones no estuviéramos en este grave problema. Ahora quieren que nosotros, la clase trabajadora, paguemos los “errores” o corruptelas de los políticos.

Debemos, sí, impulsar una verdadera negociación que siente a la mesa a todos los involucrados. No será con imposiciones que se resolverá el problema de fondo. El actual director del ISSSTESON debe hacerse a un lado para favorecer el proceso de negociación y la autoridad federal deberá ser garante de un trato respetuoso a la clase trabajadora.

Por: Isabel Dorado Auz.

auz3@correom.uson.mx

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