Por Aarón Tapia
Un sometimiento temporal a la justicia, esa fue la estrategia del expresidente de Colombia César Gaviria (1990-1994), para desactivar los ataques terroristas por parte del cartel de Medellín y el camino alterno para desmantelar el negocio del narcotráfico, al fin y al cabo había heredado una guerra extremadamente cruenta entre narcotraficantes y del Estado contra estos, además del clamor social de que se buscara la fórmula efectiva para detener los atentados terroristas que había cobrado miles de vidas inocentes.
Tras una ola de secuestros de familiares de algunos notables que puso en marcha el líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar, para forzar al gobierno a negociar con él la ley de extradición, Gaviria con el afán de que se liberaran a los cautivos, emitió varios decretos que extendían beneficios de rebajas de penas, pero a Escobar le resultaban insuficientes y ordenó el asesinato a sangre fría de una de sus rehenes, Marina Montoya, hija del empresario y político Germán Montoya. Al día siguiente, en un fallido operativo de rescate de la policía, murió en cautiverio la periodista Diana Turbay, hija del expresidente Juan Carlos Turbay. Es entonces que el Presidente César Gaviria anunció la expedición del decreto 303 de 1991.
Ante este nuevo reajuste del derecho penal y la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente a la prohibición de la extradición a colombianos, es entonces cuando Pablo Escobar libera parcialmente a sus rehenes y se “entrega” a la justicia colombiana, después de una guerra de siete años, pero, en su propia cárcel “La Catedral”, como se le conocía a la prisión que el mismo se diseñó y mandó construir, un presidio de lujo, donde siguió operando con toda libertad su negocio de tráfico de drogas.
Esta política de sometimiento a la justicia logró detener los ataques terroristas y los secuestros de personajes públicos (periodistas, altos funcionarios de gobierno y familiares) y redujo de manera notable la violencia que impactaba directamente en los ciudadanos ajenos a esta guerra, pero además le dio tiempo al gobierno de Gaviria de reajustar las estrategias para el combate a los carteles de la droga, sigilosamente fueron tejiendo alianzas más firmes con el “diablo” (EEUU y los PEPES), no había más opción y así ubicaron propiedades, empresas y a los brazos armados de los narcotraficantes, que a la postre se materializaron en grandes golpes para el crimen organizado y el abatimiento de Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993, después de haberse fugado de “La Catedral” en julio de 1992.
Lo sucedido en Culiacán el jueves pasado, al igual que la Colombia de las décadas de los ochentas y noventas, muestra de manera contundente la enorme fuerza de una organización criminal considerada entre las tres más poderosas del planeta, como lo es el cartel de Sinaloa, una organización que ha venido alimentando su gran poderío durante más de 40 años bajo el amparo de los gobiernos en turno, pero que en estos últimos 18 años ha acrecentado su poder de manera exponencial. En contraparte, más que un Estado débil, vimos un gabinete de seguridad limitado en cuanto a sus capacidades de coordinación y para ejecutar con éxito operativos de tal envergadura, algo que es hasta cierto punto es común en los recientes gobiernos, como lo explica el experto en materia de seguridad, Edgardo Buscaglia: “sucede hasta en países desarrollados como EEUU o europeos, que cuentan con aparatos de justicia e instituciones policiacas muy sólidas”. Y yo agregaría: máxime en un país donde el crimen organizado fue creado, organizado y controlado desde los propios aparatos gubernamentales, lo cual ha provocado que aún las instituciones de seguridad y de justicia se encuentran aún una gran parte cooptadas e infiltradas por las organizaciones criminales.
El error estratégico de la operación para capturar a Ovidio Guzmán es innegable, el mismo gabinete de seguridad lo aceptó públicamente, pero haber optado por anteponer el bien superior de preservar la integridad de la ciudadanía sobre la frialdad del cálculo político, evitó algo mucho peor que una captura de alto impacto fallida: la masacre de seres humanos con cifras espeluznantes y la única opción en ese momento fue el sometimiento a la justicia.
A pesar de las enormes dificultades y débil gobernabilidad en los inicios de César Gaviria en el poder, hoy es ampliamente reconocido por haber sido el mandatario que logró acabar con el capo que tenía al Estado colombiano de rodillas y por ende el desmantelamiento de su organización, lo que a posteriori marcó la pauta para el desmembramiento de las demás organizaciones criminales colombianas y el cambio de enfoque de las políticas económicas y sociales para la recuperación de una base social resentida con el gobierno por su abandono, vacíos que los cárteles de la droga y las guerrillas colombianas llenaron.
En Colombia falta aún un gran camino por recorrer, pero su avance en esa reconciliación social ha sido inmenso y lo más emblemático de esto es el caso de Medellín, de ser la ciudad más peligrosa y violenta del mundo, hoy por hoy es una ciudad modelo de seguridad y convivencia ciudadana.
En México el Presidente López Obrador ha emprendido un cambio de régimen y un enfoque distinto para el combate a la delincuencia, diametralmente opuesto al del régimen anterior que sobradamente demostró no ser el correcto, porque es evidente que ni siquiera existía una verdadera voluntad para combatir el crimen, sino más bien, una gran simulación que les permitía seguir administrándolo. Exigir que se formule un elixir que en 10 meses acabe con un cáncer que se originó hace más de 40 años y que su metástasis invadió hace mucho tiempo a todos los órganos de gobierno y capas sociales, es un despropósito, en el mejor de los casos ingenuo y en el peor, una perversidad de quienes pretenden seguir beneficiándose del caos.
¿Funcionará este nuevo enfoque? responder a esta pregunta en estos momentos, me parece que es imposible, pero en el mediano plazo tendremos las coordenadas del rumbo que está tomando México y contaremos con mayores elementos para hacer un análisis mucho más objetivo y efectivo, pero también sin duda es el momento de que el presidente erradique de su discurso, expresiones sin sentido (fúchilas y guácalas) para temas tan sensibles como la inseguridad y la violencia, expresiones que pudieran abonar a la exacerbación del dolor de las víctimas o de sus seres queridos.
Actualmente, a las afueras de “La Catedral” está colgado un póster con la siguiente leyenda: “Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”.
Al igual que César Gaviria, Andrés Manuel y su gabinete de seguridad optaron por una dosis pragmática que no los condenara a repetir las historias deleznables en las que, en harás del lucro político se menospreciaron vidas humanas y si Abraham Lincoln tuvo que recurrir a la máxima maquiavélica de que el fin justifica los medios, sobornando a 12 legisladores para abolir la esclavitud en su país, por qué recriminarle a López Obrador y a su equipo que, al igual que Gaviria, haya sometido a la justicia de manera eventual por el bien superior de preservar vidas humanas.
Aarón Tapia. Periodista conductor del programa de radio La Tertulia Polaca en La Voz Del Pitic 88.1 FM y colaborador de análisis político en el noticiero Titulares de Radio Fórmula Sonora.
@Naranjero75
Publicado originalmente en: http://elsoberano.mx/principal/similitudes-gaviria-y-amlo-carteles-de-medellin-y-sinaloa/
