El regreso del PRI al poder federal ha traído consigo una serie de consecuencias que si bien es cierto son producto de un reacomodo global de la derecha y del capitalismo propiamente hablando; también es cierto que este gobierno ha venido haciendo una serie de reformas estructurales para la privatización de los bienes naturales y estratégicos del país. Estas reformas que van desde una reforma económica hasta una reforma en la educación pasando por reformas en telecomunicaciones, energética, entre otras; comienzan a tener serios impactos en la vida diaria de las comunidades más vulnerables del país, comunidades que son la mayoría. Todo esto ha dado como resultado una falta de justicia socio-ambiental, donde más del 95 por ciento de la población en México paga los costos socio-ambientales y la riqueza se concentra en menos de un uno por ciento. Este uno por ciento qué es quien se beneficia de estas reformas estructurales.

Sería difícil o muy largo tratar de abarcar los impactos, sociales, ambientales y económicos de  estas reformas estructurales, sin embargo aprovechando la coyuntura que se ha abierto con el aumento al precio de las gasolinas, mediante una serie de impuestos chapuceros, sin fundamento real, mismo aumento que ha hecho que cientos de miles de personas salgan a la calle a protestar, me parece importante centrarnos en la reforma energética y sus impactos socio-ambientales.

La reforma energética se ha hecho por tres motivos fundamentales: el primero es el desmantelamiento de la paraestatal PEMEX  e ir privatizando algunos de sus activos como son la extracción de hidrocarburos, principalmente hidrocarburos no convencionales como son el gas y el petróleo de esquisto, mejor conocido como fracking; aunque también se han abierto para la extracción de hidrocarburos convencionales, como el gas y el petróleo en aguas profundas. El segundo motivo es la apertura a corporaciones petroleras trasnacionales en la venta de gasolina, diésel y gas en nuestro país; es decir, en términos neoliberales, se abren a la competencia, bajo la excusa de que así podremos tener gasolina más barata y mayores opciones de compra. Una excusa un tanto tramposa, y desde donde el gobierno pone a funcionar estos nuevos impuestos a la gasolina. Antes de abrirse al mercado, sacaran la mayor ganancia posible.

El tercer motivo, que a mí me parece el más preocupante y está relacionado con las modificaciones que se han hecho a la ley de energía desde tiempos de Vicente Fox, cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pierde el control de la producción de energía, permitiendo que corporaciones transnacionales lleguen al país, con todas las de ganar, es decir, empresas como Unión Fenosa se instalan en México con todas las facilidades e incluso violando sistemáticamente los Derechos Humanos de las comunidades afectadas directamente por sus mega-proyectos, produciendo energía, en teoría renovable, para venderla a la CFE, quien está obligada a comprarla. Este punto que quiero recalcar es muy importante:

Con la reforma energética se abre la posibilidad de que las corporaciones transnacionales controlen en su totalidad la producción de energía en el país, con lo que la privatización de uno de los mayores bienes estratégicos no solo es inminente, sino que generara un control total de las corporaciones en la vida diaria de las comunidades.

No en balde podemos ver que el aumento en el gas natural es mucho mayor al de la gasolina, por una simple razón, para el gas natural hace ya algunos años que se abrió el mercado, el cual es controlado en su mayoría por corporaciones transnacionales. Tanto en su producción como en su distribución. Incluso se espera que para fines del 2017, el aumento de este energético sea mayor del 50 por ciento.

Ahora; después de esta necesaria y larga introducción para tratar de entender que las reformas estructurales, no es algo que haya salido en este periodo de gobierno federal, sino que son la construcción de años de neoliberalismo; podemos tratar de ver cuáles son los impactos tanto inmediatos como a largo plazo que se resentirá. Habrá que aclarar que los impactos de esta y todas las reformas estructurales son integrales, es decir, todos los impactos están relaciones entre sí y entre las reformas.

Los impactos inmediatos son aquellos que ya estamos resintiendo, como es la subida de los precios de la canasta básica, el hundimiento del peso frente al dólar, el encarecimiento de la vida diaria. Es importante entender estos impactos inmediatos irán aumentando dependiendo de la estabilización del precio de la gasolina; una vez que llegue marzo y se abra el mercado para las empresas transnacionales; lo que nos lleva a los impactos a mediano plazo; al privatizar un recurso que es vital para los programas de desarrollo social, como lo es PEMEX, el presupuesto a los Estados también ira en bajada, a menor presupuesto mayor impacto económico y social, pues el recorte presupuestal comienza a sentirse primeramente en rubros como educación, salud, y si vemos la tendencia de ir privatizando los organismos de agua potable, precisamente bajo el discurso del recorte presupuestal, pues estamos ante una situación complicada y de mucho riesgo.

Los impactos a largo plazo se ven afectados en la pérdida de la soberanía y el riesgo de que el Estado de convierta en un gestor de las corporaciones transnacionales aumenta. El ejemplo de España donde la producción y distribución de energía es totalmente privado,  lo que ha dejado  miles de muertos al año por lo que ellos llaman pobreza energética, es significativo.

La pérdida de la autodeterminación de los pueblos, el verdadero derecho a la consulta,  también se verá impactados. Lo vemos claro con la construcción de la Gendarmería, la cual en palabras del propio gobierno es para proteger la inversión privada. Dos derechos fundamentales de las comunidades para conseguir una verdadera autogestión y autonomía.

Con el solo hecho de que el gobierno federal declare un territorio de “utilidad pública” cualquier territorio puede ser expropiado. Esto se hará bajo dos conceptos. Servidumbre legal y/o ocupación temporal. Esto se podrá hacer sin una rendición de cuentas por parte del Estado o un verdadero acceso a la justicia para las comunidades afectadas.

Aquí vale la pena mencionar que la perdida de territorios tiene como afectación directa también a la naturaleza. Se pierden ecosistemas y todo lo que esto conlleva.

El aumento de proyectos extractivos, principalmente de hidrocarburos no convencionales, dejara una serie de impactos en la naturaleza, así como el aumento de proyectos dentro de la matriz energética que sobrepone la ganancia económica a los costos socio-ambientales, los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec son un ejemplo de como el sistema puede convertir una energía limpia en algo sucio, socialmente y ambientalmente de mucho riesgo.

La reforma energética es contradictoria a los compromisos del gobierno federal para la reducción y mitigación de los impactos del cambio climático. Con lo que esta reforma propone no solo no se puede cumplir con los compromisos adquiridos en las COP 21 y 22, celebradas en Paris y Marakesh, sino que además de no cumplirlos el aumento de los Gases de Efecto Invernadero aumentaran considerablemente. De nuevo generando una serie de impactos en las comunidades. Las consecuencias ya las conocemos de sobra. Inundaciones, sequias, entre otras.

En un escenario global donde estamos en riesgo de perder todas las luchas ganadas en el Siglo XX, como lo son los derechos laborales, sexuales, ambientales, en fin, muchos derechos civiles, es importante comenzar a buscar las alternativas, las propuestas de acción en otra forma de relacionarnos. El buen vivir, la comunalidad, el decrecimiento,  los municipios libertarios son algunas de las propuestas por las que podemos apostar.

Por: Jorge Tadeo Vargas: activista por la justicia socio-ambiental; coordinador del Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad.

Resumen del conversatorio presentado el 28 de enero en San Juan del Río, Querétaro.