Estaban detenidos por motivos políticos desde el 15 de agosto
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La movilización finalmente rindió sus frutos. Cerca de las 9 de la noche del 3 de Octubre, los 8 estudiantes normalistas del estado de Michoacán (6 de la normal rural de Tiripetío, 1 de la Normal Rural de Arteaga y 1 del Centro de Actualización del Magisterio de Morelia CAMM) fueron liberados del Penal de Mil Cumbres, el de máxima seguridad del estado.

Los jóvenes habían sido detenidos el 15 de agosto, día en que la policía estatal realizó tres operativos distintos pero simultáneos en que detuvo a 41 estudiantes. Cinco de ellos fueron liberados inmediatamente, pero a los restantes se los acusó de robo gravemente calificado y de obstrucción a las vías de comunicación. Al grueso se les otorgaron medidas cautelares (entre las que está la prohibición a manifestarse públicamente) para que siguieran el proceso penal en libertad, salvo a los 8 estudiantes arriba mencionados y que vivieron casi dos meses presos.

“Logramos la revisión de la medida cautelar en base a algunos elementos de prueba que se estuvieron vertiendo en la causa, como la residencia de los jóvenes que nos permitió probar en dónde hacen sus actividades estudiantiles. Logramos que se revocara la prisión preventiva como medida cautelar por otras para que continúen su proceso en libertad, que fueron las mismas que se les aplicó a los otros jóvenes”, explicó el abogado Víctor Manuel Alvarado Villegas, integrante del equipo jurídico de la sección XVIII de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Michoacán. El juez de la causa, Jesús Alejandro Sosa Maya revocó la medida que había sido decretada por la jueza de control, Amalia Herrera Arroyo, el 18 de agosto último.

El abogado había explicado previamente que la justicia no tenía ningún elemento específico para acusar a esos 8 jóvenes, que fueron detenidos junto a otros 30 en la caseta de Ecuandureo, mientras hacían boteo en las rutas y exigían plazas para los estudiantes egresados, algo que la Reforma Educativa cortó para los estudiantes de las normales del país, que se preparan específicamente para la tarea, instaurando un exámen de admisión a las aulas que permite que cualquiera que lo pase pueda dar clases.

Desde su detención, estudiantes y normalistas han estado movilizados. El 27 de Setiembre, otros 49 estudiantes fueron detenidos por la policía estatal cuando se manifestaban por la liberación de estos 8.

“Evidentemente una cuota importante para lograr su libertad se dio el día sábado (1 de octubre) a partir de que los 30 estudiantes que quedaban detenidos desde el 27 de Setiembre fueron puestos en libertad a partir de la movilización política. Con eso, el gobierno marcó un precedente de que esa iba a ser la vía para agilizar el tiempo para liberar a los 8 que restaban”

Cortes de ruta, quema de camiones, plantones en la terminal de autobuses, una tras otras las acciones se sucedieron exigiendo la libertad de los 8, hasta que Normalista y padres de familia fueron convocados a una audiencia en el palacio de gobierno del estado en Morelia, también el sábado 1. Allí se reunieron con el secretario de gobierno, Adrián López Solís y el subsecretario, Armando Hurtado Arévalo, quienes les manifestaron que acortarían los tiempos para la liberación de los 8, pero no manejaron fechas. Los padres les dieron un ultimátum: tienen hasta el lunes para abrir el candado de la llave que han puesto. Y así fue, el lunes a las 9 de la noche los estudiantes recuperaron su libertad.

La elección de los estudiantes de las normales rurales puede rastrearse a la presión ejercida pocos días antes de su detención en agosto, cuando Arcadio Méndez Hurtado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, salió públicamente a exigir al gobierno central que reprimiera las acciones de los estudiantes porque dañan los intereses de su gremio. Particularmente señalo a las normales rurales como “escuelas de guerrilla” y exigió su cierre definitivo. Menos de diez días más tarde el aparato represivo se lanzaba sobre los estudiantes.

“Tenemos muy claro que todo tiene que ver con lo político, está ligado y así también funciona la justicia en México. La gente que tiene recursos o un peso específico en el país no pasan ni medianamente cerca de la cárcel. Pero sí los estudiantes movilizados. Todo tiene un costado político” respondió el abogado ante la pregunta de cuánto tuvo que ver la movilización ininterrumpida que emprendieron en el estado para que esto se consolide.

Una vez más, los estudiantes ganan una pulseada. Queda la otra, la más grande, la que les permita echar por tierra la llamada “reforma educativa”.

Por: ELIANA GILET
Fuente: somoselmedio.org