A principios de año fuimos convocados por la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) un gran número de organizaciones y colectivos ambientalistas a quienes se nos presentó los anteproyectos de dos reglamentos: uno relacionado a la ley de equilibrio ecológico y otro relacionado a la ley del árbol. Quienes asistimos dejamos en claro que acudíamos no solo a expresar nuestros puntos de vista sino más bien a ser partícipes de un verdadero proceso que permitiera consensuar entre autoridades y sociedad civil lo que realmente queríamos para Hermosillo en materia ambiental.

Desafortunadamente, la semana pasada nos llegó el rumor de que se había aprobado en comisiones, al más puro estilo priista, con acarreo de diversas “organizaciones ambientalistas”, el reglamento de ecología y protección al ambiente en Hermosillo. De nada sirvió el gran esfuerzo que hicimos para discutir y analizar los anteproyectos de reglamentos, dado que nuestras propuestas fueron ignoradas en su inmensa mayoría. Pero lo más grave es que la actual administración municipal pretenda aprobar un reglamento que fundamentalmente es recaudatorio y, en el viaje, las “organizaciones ambientalistas” ven como un gran logro que ahora se vayan a cobrar de veinte a veinte mil UMAs ($1,689.8 a $1,689,800 pesos) por la poda de árboles que provoquen su muerte o bien por la tala de los mismos. Al final, pagarán solamente los que menos tienen y los influyentes seguirán gozando de sus prebendas al estar asociados al poder político.

Foto: colson.edu.mx

Por eso quizás mantienen el concepto de capital natural en lugar de hablar de servicios ambientales tal y como lo sugerimos quienes analizamos el anteproyecto de reglamento. No se establece el compromiso de recopilar información y que la misma sea accesible al público en general. Se propuso como redacción que “los recursos naturales no renovables deben utilizarse con límites en cantidad y tiempo de modo que se evite el peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos irreversibles”, pero lo que quedó no incluye los límites en cantidad y tiempo y tampoco evitar los efectos irreversibles. También sugerimos un Artículo 11.bis donde quedaba establecido que “el ayuntamiento a través del Instituto Municipal de Ecología deberá publicar por medio electrónico cada año un reporte general de indicadores ambientales y acciones específicas en los términos del artículo anterior, a fin de evaluar el impacto de la gestión de recursos naturales y prevenir contingencias ambientales. Para ello establecerá una base de datos geográfica la cual contará con acceso público gratuito por medio de internet”. Por supuesto, fue ignorado.

Se sugirió la utilización de aguas grises, no solo las pluviales y la generación de energías renovables y no solo el ahorro de energía. Fomentar el uso de las aguas grises y la generación de energías renovables debe ser un imperativo en nuestra ciudad capital. Indicamos que no es lo mismo asumir los costos respectivos de un daño ecológico a restituir los servicios ambientales afectados, el ejemplo más claro es el derrame de tóxicos en el Río Sonora, donde grupo México creó un Fideicomiso para “pagar” el daño ambiental, pero nunca se garantizó la restitución de los servicios ambientales afectados.

Se dijo también que no quedaban claros los ámbitos de competencia. Que algunas atribuciones que se asigna el Ayuntamiento son propias del gobierno del estado o del gobierno federal. Además, se planteó la necesidad de sujetarse a las leyes superiores no agregando nuevas definiciones que no están incluidas en aquellas. Nada de eso fue tomado en cuenta y se corre el riesgo que en la próxima reunión de Cabildo se apruebe un verdadero frankestein de Reglamento que a Nadie dejará contento.

Tan fácil que hubiera sido darle su lugar al debate y que fueran los argumentos y no el interés por un reglamento recaudatorio lo que prevaleciera en esta discusión tan importante que llevaría al municipio a ser ejemplo de verdadera participación Ciudadana, dando un ejemplo también de la Verdadera Democracia Participativa.

Por: Isabel Dorado Auz

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