#DiasdelFuturoPasado Volumen 10
A finales del 2011, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) decide clausurar el Bordo Poniente que hasta ese momento era considerado el mayor relleno sanitario de toda Latinoamérica, el cual recibía 13 mil toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU) provenientes de la Ciudad de México y parte del área metropolitana. Esta clausura se hizo sin contar con un plan específico para la disposición final de las siete mil toneladas de residuos inorgánicos: lo orgánico se dispondría en el mismo Bordo Poniente para en un primer momento hacer composta y después armar una planta de gas de relleno mal llamado biogás.
Al final el plan fue hacer un convenio con la empresa cementera Cementos de México (CEMEX) para que cuatro mil de estas toneladas fueran incineradas en los hornos de esta empresa cobrándole a la ciudad la friolera de 600 pesos por tonelada. Las plantas seleccionadas fueron Tepeaca en el Estado de Puebla, Huichapan y Atotonilco en el Estado de Hidalgo. Con esto se abrió la puerta para que otras cementeras vieran en la incineración de RSU otra alternativa para subsanar la crisis que están viviendo.
La primera intentona fue mediante los Mercados de Carbono en donde Holcim y CEMEX intentaron acceder a los Mecanismos de Desarrollo Limpio. Afortunadamente una buena movilización nacional e internacional lograron detener estos dos proyectos. Para el 2015 con la asesoría técnica de la agencia de cooperación GIZ por sus siglas en alemán, la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM) en bloque decide meter un proyecto en los mismos Mercados de Carbono, pero esta vez en el mecanismo de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAS por sus siglas en inglés) asegurando que la quema de residuos contribuía a la reducción de CO2 en la atmosfera.
Una mentira, no solo porque no logran cumplir con esto, sino que no ven el problema de la basura de forma global. También mienten en la disposición final pues el ese mecanismo no permite un cierre en el círculo de los residuos con lo que la reducción de CO2 no es tal, al contrario, aumenta considerablemente, así como otros contaminantes que afectan a las comunidades locales.
Hay algo que las NAMAS no contemplan. Este proyecto fue aprobado por los Mercados de Carbono internacionales con lo que la industria cementera tenía otro argumento más para continuar con su intención de incluirlo en su coctel químico (que ya enlista a los residuos industriales y de manejo industrial), así que se dieron a la tarea de buscar convenios directamente con los Ayuntamientos para incinerar la basura de los mismos. Claro cobrándoles a los Ayuntamientos por el “servicio”. Esto ha generado un retroceso hacia la gestión sustentable de los RSU, fortaleciendo la incineración como una salida de final de tubería que no fomenta, ni el reciclado, ni la reutilización, mucho menos la reducción o la prevención de residuos.
En México, como en toda Latinoamérica no hay incineradoras en la modalidad de termovalorización o waste to energy y ante la posibilidad de que la nueva ley de gestión de residuos, mal llamada “Visión Nacional Hacia Una Gestión Sustentable: Cero Residuos” contemple la termovalorización con todo un apartado de permisividad y operatividad manejado por GIZ, la situación se convierte en un serio problema para las comunidades que viven cerca de una planta cementera donde no se necesita infraestructura para la incineración; ya la tienen los hornos cementeros.
La negociación con los ayuntamientos no solo es mucho más fácil, sino que tiene la aprobación del Gobierno Federal. Con esto tenemos que cualquier proyecto de Basura Cero (partiendo del concepto real y no de lo que 4T dice que es) se verá en riesgo de desaparecer. Además de un aumento en los riesgos de contaminación generando impactos mayores en la salud ambiental y humana de las poblaciones cercanas. Sumado a que los grupos pepenadores se quedarían sin trabajo al no poder competir con la incineración de residuos por obvias razones. No importa que la 4T hable de darles becas, esto no es más que asistencialismo que no ayuda en nada. Necesitan ser incluidos en un programa de Basura Cero con centros de reciclaje que les permita salir de los rellenos sanitarios y hacer su trabajo en mejores condiciones.
Hay que entender que las incineradoras son un negocio que funciona con basura y estas necesitan un flujo constante que vaya en aumento, de lo contrario tienen perdidas económicas, lo cual ningún negocio puede darse el lujo de tener. Una visión de gestión de residuos que contemple la incineración no es una visión enfocada en planes de Basura Cero o Economía Circular. Habrá que entender que si la Unión Europea plantea una cancelación gradual de la incineración es por su propia dependencia a ese tipo de energía no por otra razón, por lo tanto, eso no se aplica a México que ya tiene que ir pensando en una transición de su matriz energética, no solo hacia energía supuestamente limpia, sino en toda su forma, una transición justa en todos sentidos.
La visión tecnócrata, cerrada, que no considera los argumentos científicos mostrada hasta ahora por la 4T se expresa claramente en su visión del manejo de residuos. No solo no consultó a expertos, exceptuando aquellos que se ponían a modo de lo que ellos necesitan, tampoco participan los verdaderos involucrados y/o afectados, pero sí la industria cementera e incineradora en la construcción de su plan. El resultado es una solución de final de tubería que deja al Gobierno Federal y los Ayuntamientos con una deuda ecológica, social y económica con las poblaciones humanas y la naturaleza.
Por: Jorge Tadeo Vargas, director de LIDECS.
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