Por Tonatiuh Castro Silva.*
Tras varios años de lucha social y jurídica, el pasado día 6 de marzo, el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, emitió sentencia definitiva a favor de la etnia makurawe o guarijía, protegiendo sus derechos colectivos a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado respecto a la construcción de la presa “Bicentenario” o “Los Pilares”, enmarcada originalmente en el programa estatal Sonora SI, del padrecismo. La obra hidráulica pasó en breve tiempo de ser promesa de progreso, a erigirse como amenaza de un diluvio arrasador del entorno ecológico y de la cultura ancestral.
Al comenzar la semana, este 20 de mayo, el presidente López Obrador inesperadamente abrió la herida en su conferencia de prensa, ante cuestionamiento de la periodista Shaila Rosagel acerca de la inminente compra de los añejos estadios de Hermosillo y Cd. Obregón por parte del gobierno federal: “En Sonora estamos apoyando también al Gobierno del Estado. Hay obras importantes. Acabamos de autorizar la continuidad de la presa de Álamos. Es una presa que va a ayudar mucho para evitar inundaciones […] Ya había un avance importante, pero no había presupuesto. Aprovecho para decirle a los sonorenses que ya se autorizó el presupuesto para darle continuidad a esa obra y terminarla lo más pronto posible”. Con el anuncio, prácticamente echó con ello de la agenda del Bienestar al pueblo originario del municipio de Álamos, no obstante la sentencia que se consideraba definitiva.
La acción de la nueva administración federal reaviva los proyectos del régimen neoliberal en la región, y constituye la primera señal trascendente de la postura oficial ante los pueblos originarios de Sonora, que en los últimos lustros han enfrentado la amenaza de varios proyectos de gran infraestructura e incidencia territorial, como el Acueducto Independencia y el Gasoducto Sonora, en el caso de los yaquis.
La generalidad de las etnias del estado padece no sólo el desabasto de agua, sino además la embestida de proyectos que les despojan del líquido primordial, y lo disponen para sectores sociales privilegiados.
La etnia reside en una de las áreas más accidentadas de la porción sonorense de la Sierra Madre Occidental. Ante las dificultades y costos de instalación de servicios públicos, con excepción de una ínfima red eléctrica instalada por la presidencia de Fox, que atiende sólo al 2% de las viviendas, los gobiernos han preferido no intervenir. Habitualmente los guarijíos se abastecen de agua del río Mayo y de los arroyos, pues menos de la cuarta parte de la población tiene agua entubada. Su territorialidad, en su conjunto, está por desaparecer, más que por intervención benéfica del mismo, para su explotación.
Para atender a los grandes agricultores del valle del Mayo, el gobierno estatal de Guillermo Padrés impulsó la edificación de la presa “Bicentenario” sobre el río, en la región de los guarijíos. Por otro lado, se acusa que también, o sobre todo, la obra tendría como principal beneficiaria a la actividad minera, al contar con planes en la región. La construcción de la presa fue anunciada hacia los primeros meses de 2012 por parte de funcionarios públicos tanto estatales como federales, cuando aún ocupaba la presidencia Felipe Calderón.
La Dra. Teresa Valdivia Dounce, profesora-investigadora de la UNAM, en su ponencia “Pros y contras del proyecto de presa en Los Pilares, Sonora”, presentada en abril de 2012 durante la realización del III Congreso Nacional Proyectos de Desarrollo y Pueblos Indígenas en El Colegio de Sonora, consideró que los riesgos de su construcción serían: cambio en la temperatura del agua y de la presa, cambio del clima local, contaminación del aire (por CO² y metano), afectación de la placa tectónica, transformación de la biósfera, proliferación de mosquitos (dengue y paludismo), pérdida de especies animales y vegetales, de sitios arqueológicos, de cuatro panteones, de tierras para la siembra, de viviendas, infraestructura, árboles frutales y plantas medicinales, de terrenos de solares para vivienda e instalación de servicios, de caminos y carreteras, muerte total de 300 kms. del río y etnocidio como consecuencia. Consideró que el proyecto carece de sustento en lo referente a la alimentación de la presa, dado el carácter cambiante de su cauce, propio de un río del desierto.
En cuanto a los beneficios que eventualmente traería la obra a los makurawe, señaló que se considera que consistiría en agua para riego en el valle del Mayo, beneficiando supuestamente a 11,700 usuarios –y afectando únicamente al 10% de la población, es decir, 72 ejidatarios–; se ha indicado que otras virtudes serían el control de sequía e inundaciones en el valle, y la instalación de una hidroeléctrica en sociedad común. Indicó que, sin embargo, en cuanto al beneficio de la presa, los auténticos beneficiarios serían pocos agricultores; en cuanto al manejo del flujo, cuyo torrente cambiante históricamente ha causado problemas naturales de impacto social, resulta elemental la premisa de la limitada vida útil de toda presa. Por otro lado, refirió que se plantea que a los makurawe correspondería el 3% de sociedad, pero que no se cumple tal porcentaje. Ante la inconformidad que desde su inició generó, y aunada a ella la problemática propiciada por la construcción del acueducto Independencia, el proyecto se encuentra varado.
En cuanto al aspecto legal de la disputa, el magistrado consideró que al violar el derecho a la consulta de los guarijíos, queda nulo todo protocolo relacionado con la presa, comenzando por la Manifestación de Impacto Ambiental, e incluyendo al permiso de construcción de la obra. Así, la sentencia deja fuera al Gobierno del Estado de Sonora y al gobierno municipal de Álamos, al haber actuado de mala fe amenazando a los representantes de las comunidades involucradas para que cedieran sus derechos sobre la tierra.
La sentencia reciente ordena a CONAGUA y a SEMARNAT la realización de un genuino procedimiento de consulta, i) previa al acto de autoridad; ii) culturalmente adecuada; iii) informada; y iv) de buena fe. Para efectuarla, se deberán organizar la o las reuniones públicas de información que resulten necesarias, de acuerdo con las condiciones específicas de las comunidades quejosas (atendiendo a sus posibilidades de traslado y distancias de sus pobladores), en las que se les explicaría de manera completa y entendible mediante el apoyo de los intérpretes y traductores pertinentes lo siguiente: los aspectos técnicos y ambientales que se tomaron en cuenta para la proyección de la obra que se pretende construir; los posibles impactos que se podrían ocasionar con su edificación y por su operación, con base en las experiencias previas que este tipo de obras han tenido; las medidas de prevención y, en su caso, las medidas de mitigación que serán implementadas. No obstante, en evidente desacato, el grupo promotor de la obra, identificado ya por años como “los preseros”, tras la sentencia ha continuado ejerciendo acoso sobre las autoridades tradicionales, pretendiendo la posesión de su territorio.
Los pueblos originarios de México viven un momento histórico marcado por el despojo y el desplazamiento, de una forma incluso embrutecida y de mayor impacto respecto a los actos de esta misma naturaleza efectuados durante la Colonia, el liberalismo decimonónico o el Porfiriato. Las consecuencias son, luego entonces, la agudización de su pobreza en sus destinos territoriales, y la pauperización general de las regiones afectadas. De esta forma, se ahonda la brecha social que segmenta a la sociedad mexicana, y convierten en vacuo artilugio a los avances jurídicos locales e internacionales.
*Escritor, docente e investigador en El Colegio de Sonora, el INAH y en la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura.
