Gerardo Valdéz Santaella, representante jurídico del consorcio ConLuzHMO, que ostenta la concesión de operación y mantenimiento del alumbrado público en Hermosillo, confirmó que hay un acuerdo verbal con el Ayuntamiento para la rescisión del contrato vigente desde marzo del 2017.

La propia alcaldesa Célida López Cárdenas había declarado dos días antes la posibilidad de un acuerdo para la cancelación por mutua voluntad, después de la reanudación de las pláticas que estuvieron meses detenidas.

“Hay un principio de acuerdo que implica la terminación de la concesión por mutuo acuerdo, eso requiere la anuencia de la institución bancaria que financió el proyecto, el cabildo y los órganos de gobierno de la empresa. El lunes de esta semana se llegó a este punto, pero no se ha celebrado, es decir, hay un entendimiento hasta ahora verbal, falta la formalización, esperemos que de aquí a entonces no cambien las circunstancias”, declaró Valdéz Santaella en entrevista radiofónica con Uniradio Noticias.

El representante aclaró que para ellos era indispensable que se reconociera, por parte del municipio, la inversión hecha en infraestructura. “La inversión total, que incluye la inversión directa en infraestructura y las luminarias, gastos financieros y demás, asciende poco más de mil millones.”

“¿En qué porcentaje estarían perdiendo?” se le pregunta. “Estaríamos perdiendo alrededor de un 40%. En una negociación siempre se pierde algo. Hay una propuesta de indemnización de 600 millones de pesos, pagados en plazos. Aquí es muy importante la postura de la institución bancaria que ha financiado, Banorte. Ahora hay disposición de las tres partes, en el caso del banco lo tiene que aprobar su consejo técnico. Es una baja muy considerable, muy agresiva”, dice Valdéz Santaella.

Aclara que hasta hoy la empresa sigue con la decisión de suspender el mantenimiento del alumbrado debido a la falta de pago del Ayuntamiento, los litigios continuarán hasta que ya se haya firmado el nuevo convenio. Una vez firmado, sería la Dirección de Alumbrado Público la encargada oficialmente del servicio.

El contrato de privatización del alumbrado público, propuesto y defendido por el edil priísta Manuel Ignacio Acosta, fue considerado muy desventajoso para las arcas públicas, pues si no se lograba subsanar la mensualidad con los remanentes del Derecho de Alumbrado Público (DAP) como estaba proyectado, ponía en garantía de pago los recursos del traslado de dominio y prediales, . La mensualidad contratada por el ayuntamiento y la empresa fue de 14 millones 332 mil pesos por 15 años.

Si pensamos que desde marzo del 2017 a septiembre de 2018 la ciudad erogó en tiempo y forma esta mensualidad, esto resulta en 258 millones de pesos. Si por la rescisión del contrato se pagarán 600 millones, la ciudad de Hermosillo habrá pagado al final la cantidad de 858 millones de pesos por la ocurrencia del Maloro. Para hacer la comparativa, si no se rescinde el contrato la empresa cobrará la cantidad de 2,580 millones de pesos al termino de los 15 años.

Desde su llegada a la alcaldía, López Cárdenas ha buscado la cancelación de la concesión. En sus primeras declaraciones al respecto dijo que demandaría a la empresa pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no había recibido ni un solo punto de reconversión LED, y que por lo que la Comuna no podía realizar pago alguno a la concesionaria.

“Estamos desde hace muchos días trabajando jurídicamente en el análisis del contrato para devolverles las entradas y que se vayan, vamos a iniciar un litigio ”, afirmó la alcaldesa en septiembre de 2018.

En noviembre de 2019, la empresa ConLuzHmo hizo público que el ayuntamiento morenista no le había pagado ninguna mensualidad, por lo que el adeudo hasta esa fecha era de 150 millones de pesos aproximadamente. Con fecha del 09 de noviembre, la empresa dejó de prestar el servicio de operación y mantenimiento debido a la falta de pago.

Según testimonios de técnicos especialistas, la empresa sí ha incurrido en faltas en el contrato pues no ha cumplido a cabalidad con los artículos 250-4, 250-118 y 250-122 de la Norma Oficial Mexicana de Instalaciones Eléctricas, que describen los requisitos generales que se exigen para puesta a tierra y unión de los sistemas eléctricos, tipos de conductores, así como los tamaños y capacidad de los dispositivos de protección contra sobrecorriente en los circuitos.

Redacción: Libera Radio, con información de Uniradio Noticias.

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