Durante largos años las empresas paraestatales y entes de servicios públicos lograron implementar una infraestructura de bienes y servicios a lo largo y ancho del país y que a la postre, simple y sencillamente fueron rematados al mejor postor sin que el monto de la compra reingresara al gasto público para satisfacer otras demandas de los ciudadanos; dicho dinero sólo ha servido para engrosar las cuentas de políticos corruptos y empresarios inescrupulosos.
Aunado a esto, la carga hacendaria que se cobra a los contribuyentes no ha disminuido en lo más mínimo en los últimos años, por el contrario, además el costo de los servicios públicos se han ido incrementando con los años, inversamente, cada día tenemos menos servicios públicos. La intención primordial de nuestros impuestos la han tergiversado utilizándolos en subsanar las deudas por conceptos de rescates financieros a empresas privadas o dependencias de gobierno cuyos directivos y burócratas han desfalcado, en vez de sostener las finanzas públicas de organismos gubernamentales de muchos servicios que han ido desapareciendo.
Este es el caso del servicio de alumbrado público en Hermosillo que, a través de una concesión leonina, Maloro Acosta comprometió los principales recursos hacendarios del municipio por 15 años, dichos recursos son: el traslado de dominio de bienes inmuebles y los prediales.
Una concesión que jamás tuvo razón de ser, ya que la dirección de alumbrado público tenía la suficiente capacidad para solventar este servicio.
De acuerdo al diagnóstico sobre eficiencia energética realizado por la Secretaría de Energía, presentado en enero del 2015, Hermosillo contaba con una cobertura global de alumbrado público del 99% y un indicador de eficiencia en iluminación del 95%.
Al inicio de la administración de Maloro Acosta (septiembre 2015) de acuerdo con el plan municipal de desarrollo que el propio alcalde presentó, el alumbrado público era el segundo servicio público municipal mejor evaluado, solo por detrás de la recolección de basura (curiosamente los dos servicios que planearon concesionar). Pero ya para octubre del 2016, quien fungía como director de alumbrado público, Fortino León, señaló que el 65% del servicio era deficiente.
Esto nos lleva obligadamente al cuestionamiento de si hubo una predeterminación para dejar caer el servicio con miras a tener la justificación para concesionarlo en pro de intereses personales de Maloro y de su círculo cercano, o si de plano hubo ineptitud. Todo parecería indicar que fue lo primero.
Además arguyeron que la administración anterior, la de Alejandro López Caballero, había dejado las arcas vacías en todas las dependencias y paraestatales del municipio incluyendo la dirección de alumbrado público, por lo cuál argumentaban que era imposible seguir haciéndose cargo de la iluminación de la ciudad y mucho menos poder llevar acabo la modernización de este servicio con tecnología led.
Pero por medio de solicitudes de transparencia sobre la ejecución de algunos gastos solo de esta dirección, se queda sin sustento alguno la idea de la supuesta precariedad de recursos financieros e incluso se deja ver el despilfarro de acuerdo a facturas de septiembre de 2015 a diciembre de 2016. Gastos de mantenimiento a vehículos por $4,311,863 para una flotilla de 17 unidades con las que contaba en ese año alumbrado público, lo que se traduce en $253,639 por unidad, es decir lo que podría haber costado una unidad nueva.
Por renta de equipo y maquinaria $1,675,871, equivalente a comprar 7 equipos completos igual a los arrendados. Pagos por asesorías de $2,629,045 al despacho Con Estadística, ubicado en la Ciudad de México. A pesar de que los recursos del fideicomiso de alumbrado público tienen un fin establecido en sus reglas de operación, faltando a estas, transfirieron recursos de $1,282,999 a CMCOP para subsidiar obras.
También $4,800,000 en diciembre de 2016 por una decoración navideña y renta de iluminación.
Y el pagó de 6 millones de pesos a medios de comunicación el 2016. ¿Eso es reflejo de arcas vacías?
Por otra parte, con total irresponsabilidad el gobierno municipal de ese trienio, aseveró lo que jamás podría ser, que con el remanente del DAP (derecho de alumbrado público) se pagaría el servicio de esta concesión, pero al mismo tiempo, ponía en garantía de pago los recursos del traslado de dominio y prediales.
El DAP lo pagamos todos los ciudadanos en el recibo de la CFE (al día de hoy $55 mensuales), esta entidad federal se cobra el consumo de energía eléctrica del alumbrado público y el excedente lo reintegra a la hacienda del municipio. Basados en números del 2016, el total recaudado por DAP fue de 164 mdp y el costo del consumo de luz fue de 110 mdp, quedando un remanente de 54 mdp. Pero con la tecnología led se prevé un ahorro de alrededor del 35% que, se traduce en 38 mdp, qué restados a los 110 millones, lo que pagaría el municipio a la CFE por el consumo de alumbrado público serían 72 mdp. Si sumamos esto los 172 millones que cobrará anualmente ConLuz Hermosillo (consorcio concesionario del alumbrado público), dan un total de 244 mdp.
Ya con el ahorro que genera la tecnología led, se contaría con 92 millones de remanente del DAP ¿de dónde saldrían los los 152 mdp restantes para cubrir el costo de energía del alumbrado público y pagar los servicios de ConLuz Hermosillo? ¡Exacto! de los recursos del traslado de dominio y de prediales, esto es insostenible para Hermosillo, porque seguirán dañando severamente las finanzas del municipio de por sí ya colapsada y a su vez continuará menguando el funcionamiento óptimo de este municipio.
El actual gobierno municipal encabezado por su alcaldesa Célida López ha emprendido una estrategia jurídica para anular la totalidad del contrato de esta concesión. En términos generales sin tratar de ahondar en los tecnicismos jurídicos, el gobierno de Hermosillo esgrime el argumento de incumplimientos del contrato y sí los hay. A mi juicio, por lo consultado con expertos, tanto en lo jurídico, como en lo técnico, lo más grave del incumplimiento es que, ConLuz Hmo han pasado por alto artículos que la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas exige para la seguridad de los ciudadanos ante posibles sobrecorrientes eléctricas.
Los artículos 250-4, 250-118 y 250-122 describen los requisitos generales que se exigen para puesta a tierra y unión de los sistemas eléctricos, tipos de conductores, los cuales deben de ser únicamente de cobre o aluminio, así como los tamaños y capacidad de los dispositivos de protección contra sobrecorriente en el circuito y según los testimonios de algunos colegiados que entreviste del Colsime (colegio sonorense de ingenieros mecánicos y eléctricos), incumple en su totalidad con estas normas, utilizan acero y no cobre o aluminio como lo marca la norma y la gran mayoría de las luminarias se instalaron utilizando el cableado viejo ya montado, lo que son poderosos elementos para anular en su totalidad dicho contrato.
En esta acción de gobierno, no se podría estar en desacuerdo con la edil, porque es de vital importancia rescindir el contrato de esta concesión de alumbrado público para desahogar un tanto la hacienda municipal, pero también es necesaria la manifestación y acción ciudadana, para que la democracia participativa no sea una imagen de un busto parlante para consumidores de política barata, porque le hemos entregado la política a los gobiernos y los servicios públicos al mercado.
Creímos que le correspondía solo a los gobiernos gestionar nuestros asuntos comunes y nos quedamos solamente con el pago de sobreprecios y cada vez con menos servicios públicos que ayuden a elevar la calidad de vida de nuestro Hermosillo.
Por: Aarón Tapia, Hermosillense, amante del sarcasmo y de la buena polémica para el debate. Conductor de Ensalada de Tópicos.
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