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Primo del esposo de la gobernadora ha recibido 100 mdp en contratos

Primo del esposo de la gobernadora ha recibido 100 mdp en contratos

Dos empresas de vigilancia se han llevado 170 millones de pesos en los cuatro años de la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich; la más beneficiada es propiedad de un primo de su esposo, Sergio Torres Ibarra, con 97 millones de pesos.

Por Antonio García Viera*

*  Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

El martes 14 de marzo de 2017 Florencia recibió una llamada telefónica. Le preguntaron si acudiría a ver a sus tres nietos que se encontraban en la casa hogar Unacari, bajo responsabilidad del DIF Sonora. Cuando contestó de forma afirmativa, le dieron la noticia de que Nahomi, su nieta de 9 años, se había escapado.

La fuga había sucedido desde el domingo, pero a Florencia le avisaron una hora antes de que llegara a la visita. Su nieta se fue junto con un niño de 9 años, otra niña de la misma edad, y una adolescente de 16. 

Los cuatro lograron burlar la seguridad de un espacio que las autoridades dedicadas a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, cuidan con lujo de detalle, según consta en documentos oficiales del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Su huida provocó una gran movilización, que les llevó a las autoridades cuatro días para encontrarlos.

El día de la fuga el resguardo de las instalaciones estaba a cargo de una empresa conocida comercialmente como SISPS, que tiene como razón social Servicio Integral de Seguridad Privada de Sonora S.A. de C.V., que en este rubro ha sido la más beneficiada en la presente administración estatal con 97 millones de pesos, seguida de Excelencia en Seguridad Privada FASA, que ha recibido más de 80 millones.

Ambas empresas se llevan más del 50% del presupuesto que el poder ejecutivo del gobierno del estado de Sonora destina -a través de sus diferentes dependencias- para el gasto en seguridad privada y vigilancia, que en los primeros cuatro años de la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se incrementó 57%, al pasar  de 77.4 millones de pesos gastados en 2015, a erogar 122 millones al cierre de 2018. 

La empresa SISPS, encargada de la vigilancia el día que se escaparon los menores de la casa hogar Unacari, continúa prestando sus servicios al DIF y tiene como representante a Michelle Marie Salido Huerta, esposa de Luis René Ibarra McLaurin, quien es primo directo de Sergio Torres Ibarra, esposo de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano. 

Los datos del Registro Público de Comercio permiten saber que la empresa fue creada en abril de 2013 por el padre de Luis René, Alejandro René Ibarra Platt, quien es hermano de la mamá de Sergio Torres Ibarra, Margarita Ibarra Platt, que desde el inicio de la administración y hasta este año fungió como presidenta honoraria -es decir, sin responsabilidad legal ni administrativa- del DIF Sonora. 

El 11 de noviembre de 2015, casi dos meses después de la llegada al poder de Claudia Pavlovich Arellano, Alejandro René Ibarra Platt cedió el control de la empresa a Michelle Marie Salido Huerta, esposa de su hijo Luis René, quien también aparece como socio.

A través de solicitudes de información, así como con una serie de documentos como contratos y las cuentas públicas anuales, se pudo comprobar que durante la presente administración, el estado -a través de sus diferentes dependencias- elevó en 57% su gasto en seguridad privada, al pasar de 77.4 millones de pesos erogados en 2015, para llegar a 122 millones al cierre de 2018. En la pasada administración estatal SISPS no recibió ningún contrato.

El estado habrá destinado 340 millones de pesos entre 2016 y 2019 para el cuidado de oficinas y espacios públicos, de los cuales ha entregado 170 millones, el 50%, a las empresas Servicio Integral de Seguridad Privada de Sonora (SISPS) y a Excelencia en Seguridad Privada FASA. Ambas tienen a las esposas de los propietarios como representantes legales, lo que permite no se relacionen directamente a las empresas con los nombres de los personajes públicos mencionados.

Se solicitaron entrevistas a ambas empresas pero ninguna dio respuesta ni vía telefónica ni por correo electrónico.

Fausto Salazar Gómez, de acusado en caso ABC a contratista beneficiado

Fausto Salazar Gómez fue detenido en septiembre de 2011 por su probable responsabilidad en el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009, en Hermosillo Sonora, que provocó la muerte de 49 niñas y niños. Se desempeñaba como director de recaudación de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, de la cual dependía la bodega en la que inició el fuego que se propagó a la guardería. Cuando fue detenido libró la cárcel al cubrir una fianza superior a los 2 millones de pesos.

En octubre de 2009, cuatro meses después del incendio, Fausto Salazar Gómez creó una empresa denominada Excelencia en Seguridad Privada FASA, con las iniciales de su nombre y primer apellido. Con él aparecieron como socios Juan Carlos y Jorge Horacio Mazón Salazar.

En octubre de 2011, Fausto Salazar renunció a las acciones de la empresa, que fueron adquiridas por su esposa, Mónica Rubio Soto, por Alejandro Mazón Salazar y por Felipe Francisco de Jesús Pavlovich del Razo, primo del padre de la gobernadora, y tío de Epifanio Salido Pavlovich, titular de la Secretaría Técnica del gobierno del estado.

Durante el periodo de 2009 a 2015 esta empresa, conocida comercialmente como Argus Seguridad Privada, no obtuvo ningún contrato con la administración panista de Guillermo Padrés, pero a partir de 2016 ha logrado ingresos por más de 80 millones de pesos.

Al iniciar la administración de Claudia Pavlovich, los hermanos Mazón se retiraron de la participación empresarial, al igual que Felipe Pavlovich del Razo, y cedieron sus acciones a Mónica Rubio Soto, esposa de Fausto Salazar Gómez, y a Jorge Luis Meneses Coronado, según consta en documentos del Registro Público de Comercio.

Las dependencias con las cuales Argus ha obtenido contratos de manera sistemática y sin tener competidores han sido la Secretaría de Hacienda, el Isssteson, la Secretaría de Gobierno, el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, y la Secretaría Técnica encabezada por Epifanio Salido. 

El caso de SISPS es similar: ha sido beneficiada por 10 dependencias que la han contratado desde 2016, entre las que sobresalen los Servicios Educativos de Sonora, bajo la tutela de la Secretaría de Educación y Cultura; además del DIF y la Universidad Estatal de Sonora. 

Los primeros contratos los obtuvo principalmente bajo los procedimientos de adjudicación directa e invitación restringida a tres; sin embargo, durante los tres últimos años ha ganado licitaciones públicas a las que en la mayoría de las ocasiones se presenta como participante única, sin competidores.

En una de las ocasiones en que se presentó otra compañía a competirle fue para la licitación 2019 de los Servicios de Salud en Sonora, que paga el contrato más alto en materia de seguridad privada de todas las dependencias. La empresa Seguridad Privada del Desierto hizo una oferta menor, con diferencia de 100 mil pesos, y le quitó la posibilidad de llevarse a SISPS un contrato anual por 20 millones de pesos.

Las dos empresas obtienen más presupuesto que algunas dependencias

En la presentación de la propuesta de presupuesto de egresos que hace la administración estatal para la partida 33801, orientada a los gastos por seguridad y vigilancia privada, ha contemplado en el periodo 2016-2020 ejercer presupuestos anuales que oscilan entre los 20 y 30 millones de pesos. 

Esos montos programados resultan insuficientes para los compromisos que adquieren las diversas dependencias con todos los proveedores. El compromiso de pagar únicamente a las dos empresas mencionadas ha rebasado los topes aprobados anualmente.

Por ejemplo, a finales de 2015, el Ejecutivo entregó al Congreso del Estado una propuesta para gastar 20.7 millones de pesos por estos servicios durante el año fiscal 2016 en todas sus dependencias.

Con los 16.7 millones que recibió Servicio Integral de Seguridad Privada y los 8.1 millones de pesos destinados para pagos a Excelencia en Seguridad Privada FASA, se alcanzaron 24.8 millones entre ambas, llevándose casi el 35% de los 71.3 millones que terminó gastando el gobierno estatal ese año en seguridad privada. 

En 2017, el porcentaje de ganancia de ambas empresas subió a 44% del total ejercido; y en 2018, prácticamente se duplicó con respecto al 2016: las dos empresas lograron llevarse dos terceras partes de un gasto máximo histórico para esa partida, alcanzando 81.7 de los 120 millones de pesos erogados.

De esta forma, las dependencias del Poder Ejecutivo incrementaron 57% el gasto en seguridad privada, al pasar de 77.4 millones de pesos erogados en 2015, para alcanzar los 122 millones en el 2018.

El gasto propuesto por el gobierno del estado en el presupuesto de egresos del año 2020 considera sólo erogar 29.5 millones de pesos, por lo que de seguir la inercia en los resultados de los procesos de contratación, ese dinero no alcanzaría para cubrir ni siquiera a cualquiera de estas dos empresas que han liderado el gasto en seguridad privada durante el sexenio.

El gasto anual en la partida 33801, destinada a servicios de seguridad y vigilancia, representa más de lo ejercido cada año por algunas instancias como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Tribunal Estatal Electoral; el Tribunal de Justicia Administrativa; y la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, cada una con gastos inferiores a los 120 millones de pesos, para toda su operación, incluyendo nóminas, gastos en servicios y demás compromisos.

Roban jardín de niños 20 veces, pero no hay dinero para guardias

Durante la segunda semana de octubre de este año los ladrones entraron a varias aulas del jardín de niños de nueva creación del fraccionamiento Puerta del Rey, al norte de la capital sonorense. Se llevaron cableado eléctrico y todo el material que los padres de familia aportan con recursos propios para la educación de sus niñas y niños.

De ese hecho se enteraron un lunes. Dos días después, el 9 octubre, los ladrones regresaron. Se llevaron todas las instalaciones de los bebederos de agua que se ubican a la entrada del preescolar. 

Así ha sido desde el año pasado, cuando en noviembre de 2018 inició operaciones este plantel. La comunidad de este centro preescolar ha sido víctima de más de 20 robos en el último año.

Por esa razón una comitiva de madres y padres de familia acudió el ciclo pasado, y también al inicio del presente, a las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) para solicitar la contratación de un guardia de seguridad para el plantel. La respuesta de las autoridades de la SEC fue que no hay recursos para tener un guardia en cada escuela.

En los primeros tres años de la administración, de 2016 a 2019, Servicios Educativos del Estado de Sonora, dependiente de la SEC fue la tercera dependencia con mayor gasto en el gobierno de Claudia Pavlovich, al erogar casi 29 millones de pesos, para el cuidado principalmente de oficinas administrativas. 

Una muestra de esas decisiones es el documento que para 2019 firmó esta dependencia, al contratar a la empresa Servicio Integral de Seguridad Privada de Sonora, por un total de 9.5 millones de pesos, para tener la atención de 71 guardias, 49 de ellos en oficinas y unidades administrativas de la capital y 22 más para diversos puntos del estado de Sonora.

El presidente de la Comisión de Educación en el Congreso local, Jesús Alonso Montes Piña, indicó que la Secretaría de Educación y Cultura eroga al año cerca de 60 millones de pesos para las reparaciones de las escuelas que sufren algún robo o son vandalizadas.

“En ninguna escuela he visto seguridad privada pagada por la SEC, eso sí te lo aseguro. Ni del sistema federal ni del sistema estatal. 

“No podría yo ser tan ligero, tan laxo en decirte: ‘está muy mal que contraten’, muy probablemente se pueda justificar (el pago de guardias en oficinas y bodegas). Lo que sí, yo no sé si las formas en que se pueda contratar a una empresa sean las correctas o no”, cuestionó Montes Piña.

Retrasan pagos a empresa non grata

Los automovilistas se molestaron cuando un grupo de 20 guardias de seguridad se atravesó a lo ancho de la calle Reforma, frente al Hospital Infantil del Estado (HIES), y detuvo el tránsito vehicular en la zona norte de Hermosillo. En sus manos sostenían pancartas con colores fosforescentes, en los que todavía resaltaban más sus mensajes: “Exigimos nuestro pago”; “Nuestras familias comen”; “Exigimos pago de quincena”; “Mis hijos tienen hambre”.

Un representante de la Secretaría de Salud, de quien depende la administración del HIES, se acercó con ellos ese 7 de noviembre, para informarles que se encontraban en gestiones con la empresa Seguridad Privada del Desierto para que se hiciera responsable del pago a los vigilantes.

No era la primera ocasión en que se retrasaban con la nómina. Y tampoco fue la última…

La situación se repitió apenas cinco semanas después.

Claudio Huidobro, un representante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dio a conocer el viernes 13 de diciembre que más de 230 guardias de seguridad de la empresa Seguridad Privada del Desierto no recibieron pago de su sueldo, situación que los llevó a tomar las oficinas de la Secretaría de Salud, para ejercer presión.

“Recordemos que el Congreso del estado hace la aprobación de los presupuestos, y etiqueta recursos para seguridad y limpieza. Y son recursos etiquetados, es decir, no deberían estar faltando, debería pagarse mes con mes la prestación del servicio.

“Ahorita la empresa aduce que se le adeudan seis meses por la cuestión de servicios y que no tienen dinero para el pago de la raya que es el día 17 (de diciembre), del aguinaldo, sigue otra raya el día 2 (de enero); y parece ser que se concluye el contrato de prestación de servicios de esta empresa, y tendríamos que hablar del finiquito de liquidación de los compañeros”, explicó el representante de la CTM.

La Secretaría de Salud, a través de un representante que atendió a los manifestantes ese día, recordó Huidobro, se comprometió a cubrir los adeudos con la empresa, aunque la preocupación aumenta porque a partir del día 20 de diciembre, los servidores públicos inician periodo vacacional por motivos de las fiestas decembrinas, y el contrato con la empresa concluye el último día del año.

El Malpensado solicitó una entrevista con los propietarios de la empresa Seguridad Privada del Desierto. Aunque no la concedieron, confirmaron a través de un empleado que la Secretaría de Salud les ha retrasado los pagos.

Seguridad Privada del Desierto ganó este 2019, a través de una licitación pública nacional, el contrato de 20 millones de pesos con la Secretaría de Salud, tras ofertar una propuesta 100 mil pesos por debajo que la hecha por SISPS, empresa que a la mayoría de las licitaciones llega sin competidores.

Evasión de obligaciones ante el Seguro Social

La empresa SISPS, propiedad de Luis René Ibarra McLaurin -primo del esposo de la gobernadora de Sonora- tiene contratos firmados para 2019 con al menos 10 diferentes dependencias estatales como el DIF, la Secretaría de Hacienda estatal, la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, entre otras.

Estos compromisos, le requerirían al menos 284 guardias simultáneos para cada turno de 12 horas, por lo que para cubrir ambos turnos, necesitarían de al menos 568 guardias.

Sin embargo, tras una búsqueda en bases de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, institución ante la cual las empresas deben registrar a sus empleados, no sólo por Ley, sino porque se encuentra establecido en el contrato de prestación de servicios con cada dependencia, se halló a mediados de noviembre que únicamente tiene 13 trabajadores permanentes dados de alta y 76 eventuales.

Hay opacidad en el gasto, asegura diputada

El órgano que revisa el ejercicio de los recursos públicos para que el Poder Legislativo cumpla con una obligación constitucional es el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF). Sin embargo, sus funciones quedan acotadas por diversas razones, explicó la diputada Diana Platt Salazar, presidenta de la Primera Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado.

“El ISAF solamente hace observaciones, quien integra los expedientes, quien le da seguimiento a una malversación, un desvío de recursos o un mal ejercicio es la Contraloría del Estado, entonces sabemos que ahí es donde realmente se le da trámite a eso o se detiene”, agregó.

En octubre de este año el Congreso del estado informó que después de revisar las cuentas públicas de 96 entes fiscalizables del Poder Ejecutivo, se determinaron 1,397 observaciones que fueron solventadas; y quedaron 167 en proceso de análisis y 45 por atender.

Para la legisladora, el gobierno del estado gasta a discreción una cantidad millonaria de recursos, porque una vez que el Congreso aprueba el presupuesto para cada año, ya no tiene injerencia hasta que concluye el año fiscal, y hasta que reciben la cuenta pública y las auditorías del ISAF.

Esta situación permite que el Ejecutivo realice reordenamientos financieros y ampliaciones al presupuesto durante el año fiscal sin avisar al Poder Legislativo.

“Es una gran cantidad de recursos que quedan a discreción porque esas autorizaciones de ampliaciones de presupuesto, o modificaciones al presupuesto no pasan por el Congreso del Estado”, agregó Platt Salazar.

La fracción XXV del Artículo 64 de la Constitución del Estado de Sonora, referente a las facultades del Congreso local, menciona lo referente a la cuenta pública:

“Si de la glosa aparecieren discrepancias entre las cantidades ejercidas, las partidas aprobadas y las metas alcanzadas, o no existiere exactitud y justificación de gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley”.

Para conocer más sobre el papel del ISAF, El Malpensado solicitó una entrevista a través de la oficina de vinculación, pero no obtuvo respuesta. De igual forma no se obtuvo respuesta de la Contraloría del Estado ni de la Fiscalía Estatal Anticorrupción.

La diputada María Dolores del Río Sánchez, presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso local, explicó que el estado se encuentra en el camino a modificar leyes y reglamentos que permitan tener mejores herramientas para enfrentar los actos de corrupción, como por ejemplo, tener detalles de las compras que se realiza el gobierno y a quién se beneficia con esos contratos.

“El problema es que tenemos una Ley de Adquisiciones muy vieja, y son de las cosas que tenemos que mejorar. Cuando te hablaba que hay la oportunidad en la Comisión Anticorrupción de modificar leyes, una de las leyes que es importante es precisamente la Ley de Adquisiciones”, aseguró del Río Sánchez.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana cuenta con una serie de indicadores agrupados en la plataforma Data Coparmex, con la finalidad de medir los retos en economía para cada entidad federativa, entre los que destaca una medición denominada “México sin corrupción”.

El presidente de Coparmex Sonora Norte, Arturo Fernández Díaz González, explicó que el resultado del indicador se obtiene a través de encuestas con los empresarios socios del organismo, para conocer su opinión y percepción sobre corrupción en la interacción con el gobierno.

La opinión de los empresarios sobre el gobierno estatal en Sonora, arrojó en marzo de 2018 que un 43% de los encuestados tiene una percepción negativa, que fue disminuyendo hasta llegar a 33% en noviembre de 2019.

“Aún así, 30% sigue siendo alto, de un fenómeno que no debería de suceder, que debería de ser cero. Aunque nos estamos dirigiendo en esa dirección, falta mucho trabajo aún por hacer”, explicó el dirigente de Coparmex Sonora Norte.

CRÉDITOS:

Investigación: Antonio García Viera

Edición: Lorena Lamas

Ilustración: Carlos Mendoza

Infografía: Gabriela Guerrero

Publicado originalmente en: https://elmalpensado.com/inicio/2019/12/23/primo-del-esposo-de-gobernadora-ha-recibido-100-mdp-en-contratos/

Los infiernos ambientales de la 4T

Los infiernos ambientales de la 4T

#DíasDelFuturoPasado Vol. 35

El pasado 30 de julio, el titular de la SEMARNAT, Víctor Toledo es su columna que mantiene en el periódico La Jornada desde sus años como investigador previos a convertirse en funcionario público escribía que 30 años de neoliberalismo han dejado en el país al menos seis infiernos ambientales, un término que aunque es muy gráfico en el mundo es desconocido pues las regiones que menciona son zonas de sacrificio, es decir regiones que el propio Estado ha decidido sacrificar para mantener el progreso y desarrollo del capitalismo, ya sea de Estado o neoliberal.

Tren maya y transítsmico. La locomotora.

Después de esta columna y aprovechando su puesto de funcionario público, Toledo ha comenzado a trabajar en planes de restauración -así los nombra él desde SEMARNAT- y en una declaratoria de “emergencia ambiental” para las seis regiones que identifica en su columna. En papel esta línea de trabajo propuesta se lee como algo fantástico. La 4T haciendo su trabajo contra el neoliberalismo y su herencia de devastación socio-ambiental.

Aquí me generan algunas dudas que no las comparto todas por cuestiones de espacio, pero si les dejo un par ¿Cómo hará Toledo y la secretaria a su cargo para parar las emisiones tóxicas de la refinería de Tula? Esto es prácticamente imposible a menos que la cierren. ¿Cómo va parar las emisiones tóxicas que arroja la industria cementera también en la región de Tula por la incineración de residuos? Debemos de tener en cuenta que la industria del cemento es de las más poderosas y que tiene un par de aliados muy fuertes cerca del propio presidente, Slim y Romo poniendo nombres a quien deben de llevarlo.

Al final lo que escribe Toledo el investigador no es retomado por el funcionario público más que para limpiarle un poco la cara a la 4T, pues por más que el discurso que mantiene este gobierno intente ser antineoliberal sus políticas extractivistas lo contradicen por completo. Al igual que el secretario de SEMARNAT.

Apaxco, en Tula, Hidalgo.

Pero más allá de la denuncia de las seis zonas de sacrificio -me niego a llamarlas infiernos ambientales y con esto quitar la responsabilidad que tiene el modelo de producción-consumo y el sistema de clases- que Toledo menciona en su texto de La Jornada, éste deja fuera los megaproyectos estratégicos de la 4T que convertirán en zonas de sacrificio nuevas regiones del país. Sin orden de importancia y por espacio mencionare algunas de ellas iniciando por la refinería de Dos Bocas, que no solo es contraria a cualquier intento de paliar un poco la crisis climática que tenemos encima, sino que como toda refinería causara serios daños socio-ambientales desde la construcción hasta la operación. No hay forma que la extracción de petróleo no sea devastadora. No existe en el mundo una zona de extracción o de refinería que no sea una región de sacrificio. No hay más.

El segundo a mencionar es el proyecto transístmico, un sueño neoliberal que con la 4T tiene muchas posibilidades de convertirse en realidad con todos los impactos que conlleva hacer un corredor que atraviese el país desde el pacifico al atlántico. El proyecto integral Morelos que si bien no es un proyecto de esta administración lo han apoyado por completo con todo lo que este implica en daños socio-ambientales. Para terminar con estos ejemplos tenemos el mal llamado tren maya que al igual que los otros proyectos arriba mencionados, es un proyecto que no cuenta con la aprobación de las comunidades afectadas, que se esta haciendo en base a mentiras y engaños, además de criminalización y amenazas a los activistas que resisten contra él. No Hay diferencia con el actuar de los gobiernos anteriores. El tren maya convertirá cientos de kilómetros, por usar las palabras del secretario de SEMARNAT, en un infierno ambiental toda una región.

Estas no son todas las regiones que están en riesgo de convertirse en zonas de sacrificio, hay muchas más pues la tendencia con este gobierno supuestamente antineoliberal, el extractivismo, la privatización de la naturaleza sigue siendo la forma de gobierno, igual que los anteriores. No hay un cambio ni de forma, mucho menos de fondo. Estas son las formas de accionar de este gobierno que intenta vendernos una cuarta transformación donde a pesar de lo que diga el líder supremo seguimos caminando hacia el abismo, directo al colapso.

22 de diciembre 2019
Desde la rebelión ante la extinción

Jorge Tadeo Vargas. @primaindie
Activista, anarquista, biólogo, panadero casero y coordinador de lidecs

Reportaje: El huachicoleo de los apoyos para ganaderos de la UGRS

Reportaje: El huachicoleo de los apoyos para ganaderos de la UGRS

La dependencia del gobierno federal  SAGARPA (ahora SADER) en Sonora, lanzó la convocatoria el 12 de enero del 2018 para la apertura de ventanillas a partir del 16 de Enero y fecha de cierre el 30 de marzo del 2018, para que los productores de la actividad ganadera hicieran sus peticiones o solicitudes de apoyo en el estado de Sonora en los componentes denominados:

1.- Estrategias Integrales para la Cadena Productiva.

El primer componente para incentivar la ganadería en los conceptos denominados:

Incentivos a la post-producción pecuaria.

Recría Pecuaria (mil pesos por vaquilla en el hato para incentivar reemplazos de vaquillas jóvenes).

Reproducción y Material genético (Sementales, semen, etc).

Manejo de Ganado (mezcladoras de forrajes, molinos forrajeros, etc).

Ganado alimentario (concentrados, sales mineralizadas y suplementos alimentarios)

2.- Capitalización Productiva Pecuaria.

Infraestructura y equipamientos para ranchos como cercos, represas, perforación y equipamientos de pozos de abrevadero, trampas, básculas, corrales, acopio y conducción de agua, etc.

3.- Sustentabilidad Pecuaria.

Rehabilitación y establecimiento de praderas.

Para llevar a cabo primero la difusión, atención, asesoría, integración de expedientes de solicitud, recepción de solicitudes, captura y generación de los folios de atención a los solicitantes en todo el estado de Sonora, la SAGARPA del gobierno federal, por ser un programa de ejecución directa federal, se llevó a cabo la apertura de ventanillas en las oficinas de los 33 Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y en los 12 Distritos de Desarrollo Rural (DDR), que la dependencia del gobierno federal tiene dispersos en todo el territorio del estado de Sonora.

Todo este trabajo de integración de expedientes y captura para la obtención de folios de atención en el Sistema Único de Registro de Información denominado SURI y el registro de cada productor en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA, en donde cada productor solicitante debe tomarse los datos biométricos como el registro de voz, de fotografía y de huella digital, además del trabajo de difusión, asesoría, el acopio de los documentos, requisitorios para integrar un expediente de solicitud, generó que solo en este programa federal de la SAGARPA, denominado Fomento Ganadero, acudieran ilusionados en el 2018 miles de  ganaderos a dichas oficinas de CADER y DDR solo en Sonora para pedir información, asesoría y conocer de los conceptos a apoyar así como los requisitos, de los cuales se generaron en 2018, mil 128 folios de atención a solicitudes ganaderas en los diversos conceptos a solicitar ya descritos.

Se supone que dichos folios de atención se generaron porque los solicitantes cumplieron con todos los requisitos mediante un “check list” para poder ingresar su solicitud.

Foto: Radio Sonora.

Toda esta parafernalia de documentos: requisitos, revisión e integración de expedientes, asesoría, captura y armado de expedientes genera miles de horas de trabajo del personal de la SAGARPA -que en el caso de trabajadores de base sindical, que laboran corrido de 8 a 3 de lunes a viernes, pero en el caso de los trabajadores de confianza, como los del Servicio Profesional de Carrera y de honorarios, quienes trabajan horas extra para todo esto- solo en un programa (en esta dependencia durante el 2018 se operaron 8 programas con 42 componentes y cada componente con una convocatoria, requisitos, lineamientos y procedimientos específicos de integración de documentos y de captura).

En el caso específico del programa de Fomento Ganadero 2019 en Sonora, cuya ejecución corresponde a la dependencia federal SADER (otrora SAGARPA), en el 2018, simplemente no entregó un solo centavo a los ganaderos en Sonora. Todo el esfuerzo de los trabajadores de esa dependencia federal fue en vano y a pesar de la vocación ganadera en la entidad, los trabajadores de esta dependencia tuvieron que informar a los productores que recurrentemente preguntaban en los 33 CADER y 12 DDR, qué estatus guardaba su solicitud de apoyo, no tuvieron más que informarles que no había recursos. Quien ocupaba el cargo de delegado en SAGARPA, dependencia del gobierno federal, en ese entonces era Jorge Guzmán Nieves, hoy flamanteSecretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos Pesca y acuacultura SAGARHPA del Gobierno del Estado de Sonora.

Sin embargo, el 11 de junio del 2018, (2 meses y 11 días posteriores a la fecha de cierre de ventanilla del programa de FOMENTO GANADERO 2019 de la dependencia del Gobierno federal según convocatoria) el gobierno del Estado de Sonora mediante la SAGARHPA, suscribe un convenio con la persona moral denominada Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), para ejecutar mediante el programa de FOMENTO GANADERO 2019 de la SAGARPA federal,  un recurso de 20 millones de pesos en el componente Estrategias Integrales para la Cadena Productiva, dentro del conceptoganado alimentario (concentrados, sales mineralizadas y suplementos alimentarios).

El esquema financiero quedaría de la siguiente forma:

De esta forma, la UGRS, mediante la elaboración de concentrados y suplementos en las instalaciones y molinos de la misma Unión, se llevaría a cabo la formulación de estos y de excelente calidad para repartirlos “equitativamente” en beneficio de los ganaderos de Sonora. La que facturaría dichos productos elaborados sería su filial denominada SOCOGOS y quienes entregarían los apoyos en especie sería la misma UGRS por conducto de las 98 Asociaciones Ganaderas Locales (AGL) dispersas en todos los confines del estado.

Pero, ¿qué de raro tiene?

1.- Que con la aportación del gobierno federal de 20 millones de pesos, le corresponde según las reglas de operación de este programa federal a la UGRS otorgar la cantidad de 46.5 millones de pesos y al gobierno del estado 5 millones de pesos, para un gran total de 71 millones 500 mil pesos. 

Lo que se traduce en que de acuerdo al precio público actual 2019, del saco de concentrado agostadero que elabora y comercializa la UGRS, uno denominado Concentrado Agostadero 20-30 y el otro llamado Concentrado Agostadero 25-13 -el primero de 155 pesos el saco de 30 kg, y el segundo de $188 pesos el saco de 30 kg- y repartidos entre las 86 asociaciones ganaderas locales de bovino en Sonora afiliadas a la UGRS, le tocaría a cada Asociación ganadera que le entregaran 16 camiones rabón de 10 toneladas o en su defecto 6.44 tráileres de 25 toneladas repletos de concentrado. De acuerdo a los siguientes cálculos y considerando el precio público 2019 actual con utilidad para la UGRS, estos son los resultados si el saco que le entregaron es de menor calidad (20-30) o de mayor calidad (el 25-13):

  • Son 86 AGL afiliadas a la UGRS de bovinos; 4 especializadas en ovino-caprinos y 4 de Leche.

2.- Como se cuenta con evidencias testimoniales y de prueba (por ejemplo en Santa Ana solo se entregó un tráiler de 20 toneladas para dos AGL, para la de Santa Ana y para la de Estación Llano un solo tráiler, tocándoles de 1 a 3 sacos por productor y fue el saco de menor calidad y más barato el denominado 20-30 que tiene un precio al público de $155.00/sacoes decir, solo en estas dos AGL existió un faltante de 141 toneladas, lo que se traduce en poco más de 700 mil pesos en tan solo estas dos AGL y este fue el símil en el resto de las AGL.

Son posibles también las siguientes irregularidades:

a).-  La UGRS no hizo la aportación de recursos totales ni parcial que le correspondía hacer.

b).- El Gobierno del estado no hizo la aportación de recursos total ni parcial que le correspondía hacer.

c).- Es posible que la calidad de dichos suplementos ni siquiera corresponda con lo que ellos comercializan al público ganadero.

d).-   Aún y cuando no estén contemplados los costos de operación de distribución, la cantidad de apoyos en especie dispersados a los ganaderos según reportan los mismos beneficiarios fue muy escaso y no fue para todos.

e) En virtud de que, aún siendo el programa de ejecución directa federal, lo más probable es que solo haya sido ejercido el de procedencia federal y que los servidores públicos de la dependencia federal (SAGARPA) no participaron en ninguno de los procesos operativos del programa, para vigilar la correcta aplicación del recurso, como lo establecen las reglas de operación de dicho programa federal, es muy posible y existen testimoniales de ganaderos que aseguran que el procedimiento de entrega fue discrecional, tocándole más a unos que a otros, generalmente más a los acaudalados ganaderos en relación a quienes más lo requerían que son los ejidos y comunidades, que aún teniendo hatos individuales menores, en lo colectivo superan con mucho el número de cabezas de ganado que la mayoría de los más acaudalados ganaderos poseen, quienes a decir de muchos, fueron los más beneficiados.

3.- El convenio para que la UGRS ejecutara este recurso federal, ni siquiera está firmado por algún funcionario de la dependencia que más recursos aportó y que posiblemente fue la única que aportó, ¿cómo lo dispersaron? nadie sabe, por eso las innumerables observaciones del órgano interno de control y de la Auditoria Superior de la Federación a las que nadie les hace caso.

Por si fuera poco, hacen el convenio de concertación de dispersión de recursos federales (el 11 de junio del 2018), en el marco de un programa federal que establece en su convocatoria que el período de ventanilla se cierra el 30 de marzo del 2018 y otra más: que el monto tope máximo de apoyo para personas morales (como la UGRS) será de solo 5 millones de pesos. Pero este convenio es de 20 millones de aportación federal, ¿entonces, el delegado de la dependencia federal tiene facultades para hacer convenios modificatorios? NO, pero qué importa, la ASF y el OIC solo hacen  observaciones, no ejecutan sanciones. ¿Quién las ejecuta? La Secretaria de la Función Pública, pero tiene que haber denuncias.

4.- Lo peor: Por el contubernio Gobierno del Estado Sonora -UGRS– el entonces delegado de la SAGARPA federal y hoy flamante Secretario de Agricultura Ganadería, Recursos Hidráulicos  Pesca y acuacultura (SAGARHPA) del Gobierno del Estado de Sonora,  Ing. Jorge Guzmán Nieves,  las 1,128 solicitudes ganaderas con folios de atención generados en el SURI, dentro del programa federal de la SAGARPA, denominado Fomento Ganaderosimplemente se quedaron en el limbo y no se dispersó un solo centavo en favor de 1,128 ganaderos que hicieron el esfuerzo de integrar sus expedientes de solicitudes en todo el estado, porque de un plumazo y mediante el  denominado convenio de concertación se fue todo el recurso para que el líder de la UGRS Héctor Platt Martínez, hiciese la caravana con sombrero ajeno, con el visto bueno de la gobernadora y la complicidad de un servidor público que, siendo funcionario del gobierno federal, a la postre le pagaran su servilismo con un puesto en el gobierno del estado y mejor remunerado hasta que termine el sexenio en Sonora de la gobernadora Claudia Pavlovich.

5.- Aún y que todas estas prácticas  fueron perpetradas durante el sexenio pasado y cada vez más escépticos los ganaderos ya no creen en la hoy SADER, este año se convocó para el mismo programa federal FOMENTO GANADERO 2019, para que del 1 de marzo al 17 de abril los ganaderos interesados ingresaran sus solicitudes y de 1,128 durante el 2018, el 2019 solo se recibieron, integraron, capturaron y generaron tan solo 634 folios de atención a solicitudes en los 33 CADER  y en los 12 DDR que la dependencia del gobierno federal tiene dispersos en todo el territorio del estado de Sonora, pero, aún no se ha dispersado un solo centavo al día 15 de diciembre del año en curso.

A pesar de estar presupuestados recursos para la actividad ganadera en Sonora, no se han dispersado porque:

a).- Para los funcionarios federales es más funcional ejercerlos mediante convenios de concertación con el Gobierno del estado mediante el programa denominado Programa de Concurrencias con las Entidades Federativas.

Porque los funcionarios que representan al gobierno federal en la SADER, les interesa más hacerle el caldo gordo al gobernador o gobernadora en turno y recibir a cambio prebendas u ofertas de cargos o trabajos mejor remunerados. Caso del Jefe de Distrito de Desarrollo Rural Luis René Trelles Monge (basta ver el directorio de funcionarios en SAGARHPA del estado y la mayoría proceden de anteriores sexenios en el gobierno federal) que fue despedido del gobierno federal, pero ahora trabaja en el gobierno del estado.

b).- Porque los más mordaces e inquisitivos este año, dicen que el gobierno del estado para hacer quedar mal al excandidato a presidir la UGRS, Daniel Baranzini Hurtado, por su rebeldía contra el statu quo que ha imperado por décadas de contubernio estado-ganaderos élite pretenden que los ganaderos por apoyar a rebeldes, sean castigados y no haya apoyos para esta actividad ganadera; y de esta forma que inhibir a quienes pretendan rebelarse contra el estado de cosas.

¿Por qué distritos como los del sur (los que quieren y son apoyados para escindir de la UGRS) con menor vocación, menor hato ganadero y peor estatus zoosanitario para exportación tuvieron más apoyo que los de la sierra, el río de sonora, el centro y el norte? Algunos creen que porque este año fueron los menos baranzinistas (rebeldes). Ver Distrito de Caborca(Caborca, Pitiquito; E. Llano, Oquitoa, Altar; Sonoita (los más rebeldes) lo que les correspondió de apoyos. Son las AGL que impugnaron la fraudulenta la elección de la UGRS este año, donde el Gobierno del Estado a todas luces participo en la operación del fraude en contra de Daniel Baranzini y a favor de Héctor Platt, hecho por el cual la actual administración de la UGRS presidida por Platt Rodríguez se encuentra desconocida por la SADER, lo cual implica estar impedida para recibir recursos de apoyo por parte de la federación, aunque el gobierno federal se encuentra en incumplimiento de la ley, porque las concesiones federales de las estaciones cuarentenarias (puertos de exportación en las fronteras) donde se generan gran parte de los recursos para la UGRS aún siguen siendo operadas por esta asociación no reconocida por el gobierno federal.

Pero, ¿Por qué es tan importante una actividad ganadera en el estado de Sonora, si es muy poco lo que aporta al PIB estatal? Porque la mayoría de las AGL están en el sector rural, tan solo en la región serrana y del río de Sonora se encuentran más del 50% de las AGL afiliadas a la UGRS, de tal forma que los delegados de esta gran mayoría tienen un peso muy importante en la designación de los líderes de la UGRS y los dirigentes de este gremio los pone e impone el gobernador en turno y nadie debería osar en contradecir este “sagrado” precepto ya que de ahí proceden los mayores votos, si no para elegir gobernadores y alcaldes de los municipios más grandes, si para tener representantes en la cámara de diputados, y de ahí proceden una gran cantidad de alcaldes de municipios pequeños, pero que a la hora de proponer reformas constitucionales tienen el mismo peso que los de los municipios grandes.

En Ganadería 2019 quedó así por distrito:

5.- Además, siendo el estado actualmente gobernado por un gobernador del PRI, con presidente emanado de Morena no le es conveniente que se informe que es la federación la que está apoyando a los ganaderos, si no el estado, por eso, los que hacen el trabajo, la difusión de los programas de apoyos y los recursos, provienen de la federación, pero el estado sin mover un solo dedo de trabajo es la que define a quien sí y a quien no entregar apoyos, es la que dictamina,  la que dispersa, la que corta el listón, la que anuncia y la que al final a quien los beneficiarios agradecen, a pesar de que en dicho Programa de Concurrencias con las Entidades Federativas al gobierno del estado solo le toca poner 20 centavos de cada peso y los otros 80 centavos la federación los aporta. Así está estipulado en las denominadas reglas de operación. ¿Por qué? Porque durante años se estigmatizó el centralismo argumentando  que quienes conocen la realidad de cerca son los gobernadores, lo cuál resulta ser una gran falacia, porque en tanto que el gobierno del estado tiene una sola oficina de atención para la actividad agrícola, ganadera, pesquera y acuícola, el gobierno federal tiene dispersos por todo el estado 33 CADER y 12 DDR para la atención en el sector rural y son el personal federal los que conocen la realidad del campo en Sonora.

Los federales trabajan todo el año en la atención de 8 programas con 42 componentes y cada componente con una convocatoria, requisitos, lineamientos y procedimientos específicos de integración de documentos y de captura y al estado le toca lo fácil, dispersar y elegir a quienes con su 20%, el cual además tiene  la facultad para recibir la aportación federal cada año y depositarla en un fideicomiso denominado FOFAES, donde se generan intereses mientras se ejecuta la dispersión. Generación de intereses que por cierto, jamás se transparenta su uso, es decir, no se sabe en dónde queda o en que se invierte esa ganancia monetaria.  En tanto que las dependencias  federales  tienen que ejercerlo en tiempos perentorios estipulados, de lo contrario pierden el recurso que proviene directamente de la Secretaría de Hacienda.

6.- Pero, ¿qué va a pasar con las 1,128 solicitudes de atención generadas en 2018 y las 634 generadas en el 2019; Así como con el arduo trabajo realizado por los servidores públicos del gobierno federal en favor de los ganaderos en Sonora? ¡Que se las lleve la chingada!

Por dejar o poner el gobierno federal en las representaciones de las dependencias federales a personas que no tiene vocación de servicio y  si una ferviente sumisión abyecta a las prebendas del gobernador en turno.

¿Y porque no se han ido los anteriores? Porque el presupuesto de egresos de la federación 2019, no contempló la contratación, ni convocatorias para puestos en el Servicio Profesional de Carrera (SPC) al no haber contrataciones los puestos de los titulares lo ocupan encargados del despacho de las representaciones de las dependencias federales en los estados (no son titulares), ese es el estatus de  Eduardo Huez Coronado, encargado de despacho de la SADER y quién dicho sea de paso, es un incondicional del actual Secretario de la SAGARHPA (dependencia estatal) Jorge Guzmán Nieves.

Alguien se tenía que quedar a cargo, no se les podía despedir, porque no estaban contempladas nuevas contrataciones en el PEF 2019. En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente, los puestos de enlace, mandos medios, jefaturas, subdirecciones y direcciones (que son los puestos de las representaciones de las dependencias federales en los estados antes delegaciones)  tienen que ser ocupados mediante convocatorias en el Servicio Profesional de Carrera aún vigente. No son de dedazo. Aunque existe un denominado artículo 34 del SPC, el cual permite contrataciones por dedazo por un tiempo máximo de 10 meses, en tanto el aspirante a titular concursa la plaza, no hay en el PEF 2019, nuevas contrataciones ni por este ni por el mecanismo del SPC, excepto el de honorarios que tampoco estaba contemplado en las dependencias del gobierno federal en los estados.

CONCLUSIONES

Depuran a los ocupantes de los cargos de alto nivel y mandos medios, existe la esperanza de que en las representaciones del gobierno federal en el estado de Sonora, la 4T camine  y dejen estos de recurrir a contubernios con los estados, las normas de ejecución de recursos de los estados son más laxas que las normas de operación y ejecución de recursos directo federal por dependencias como la SADER.

El huachicoleo de funcionarios

Con fecha del 17 de junio del 2015 el Gustavo Camou Luders, actualmente  subsecretario de ganadería de la SAGARHPA dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, ingresó una solicitud de apoyo con el folio de atención N° SR1500009188 en el Programa de Fomento Ganadero 2015 de la entonces Secretaria de Agricultura, SAGARPA (sin h intermedia) del gobierno federal: Pero, es hasta el 2016 por subejercicio que se dispersa el recurso, previo que el día 30 de agosto del 2016 Gustavo Camou, (ya subsecretario de ganadería de la SAGARHPA del gobierno del estado de Sonora) notifica a la dependencia federal que ha concluido con las obras consistentes en un equipamiento de pozo pecuario para abrevadero con bomba sumergible y línea de conducción por un monto total de inversión de $1,532,552.00 e inmediatamente un día después con fecha del 31 de agosto del 216, los entonces jefes del distrito 140 Magdalena de la dependencia federal LUIS RENÉ TRELLES MONGE y el Jefe de CADER Emilio Arrayales Castro (ambos exfuncionarios desde julio del 2019 de la dependencia federal). El día siguiente ambos exfuncionarios federales procedieron a avalar y firmar los documentos que proceden para el pago de dicho apoyo, como lo es:

1.- verificación física de campo para constatar que las obras instaladas, estén nuevas y en perfecto funcionamiento, como corresponde a la solicitud y las obras y equipos instalados correspondan con las facturas de inversión emitidas por Benito Fernando Félix Ruíz RFC FERB750819-9XA

(En las fotografías en blanco y negro no se aprecia si las obras son nuevas o si ya estaban hechas)

2.- la firma del acta de entrega-recepción con la descripción de las obras y los montos de apoyo a entregar mediante transferencia electrónica a nombre del beneficiario Camou Luders, por un monto de $450,000.00 a depositar en la cuenta SANTANDER con Clabe interbancaria N° 014760503827015590 y cuenta 60382701559 a nombre del beneficiario.

3.- en la información a la cual tuvimos acceso se aprecia que en el sistema denominado SURI de la dependencia federal aparece el estatus de dicho folio el N° SR1500009188 con la leyenda de “pagos envidos para dispersión” ver imagen:

4.- Según la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de la  nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002 texto vigente, última reforma publicada DOF 28-05-2009, vigente en eses entonces, los servidores públicos de todos los ámbitos de gobierno, no podían dispersar recurso de apoyo a servidores públicos en funciones y menos aun siendo funcionarios de dependencias de las ramas del ámbito que corresponde: ambos funcionarios de las dependencias la dispersora y la del beneficiario, estaban en funciones en el ámbito de agricultura: SAGARPA-SAGARHPA.

5.- Existen versiones de que el mencionado Gustavo Camou Luders, devolvió el apoyo recibido, sin embargo esto no se ha podido constatar ya que para hacer un reintegro, es necesario que el Órgano interno de control y/o la Auditoria Superior de la Federación, previo hagan la observación y posteriormente resuelva en contra para generar una referencia de reintegro a las arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; además, aún haciendo el reintegro, este delito amerita tanto para el beneficiario como para los funcionarios que firmaron la documentación de aprobación, al menos debería la Secretaria de la Función Pública deshabilitarlos, quien autorizó finalmente la dispersión de dicho recurso con el de los funcionarios hoy cesados fue Jorge Guzmán Nieves, quien en ese entonces fungía como delegado federal de la SAGARPA del gobierno federal, curiosamente hoy, secretario de la SAGARHPA, dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, donde también ahora labora  Gustavo Camou quien a su vez fue secretario de la UGRS: 

6.- ya Gustavo Camou había estado recibiendo apoyos según esta consulta al portal antes mencionado: 

Y también apoyos para el denominado apoyo a tarifa con subsidio para pozos agrícolas denominado PEUA :

7.- Expediente completo de solicitud y apoyos del folio el N° SR1500009188

El huachicoleo en SOCOGOS

El incondicional de Héctor Platt, Presidente de la UGRS,Guillermo Camou Arriola,quien a su vez es el Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Cooperativa de Consumo Ganaderos Organizados de Sonora (SOCOGOS), a través de cinco empresas a las cuales está ligado directamente realiza auto compras de insumos para esta cooperativa, tres de ellas con el mismo domicilio fiscal: Agropecuaria Santa Esthela, El Aguariel y Agropecuaria San José de Hermosillo, con domicilio en Lomas Altas 23 en la colonia Lomas Altas, con código postal 83159.

Y otras dos empresas proveedoras más que son: Agrícola Leslifer y Agropecuaria Santa Isabel, con distintos domicilios fiscales.

Aarón Tapia. Periodista conductor del programa de radio La Tertulia Polaca en La Voz Del Pitic 88.1 FM y colaborador de análisis político en el noticiero Titulares de Radio Fórmula Sonora.

Tw: @Naranjero75

Publicado originalmente en: http://elsoberano.mx/opinion/reportaje-el-huachicoleo-de-los-apoyos-para-ganaderos-de-la-ugrs/

Nepotismo: Familiares de funcionaria del IMSS se enriquecieron con tragedia de Guardería ABC

Nepotismo: Familiares de funcionaria del IMSS se enriquecieron con tragedia de Guardería ABC

Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers

El 5 de junio de 2009 México entero se cimbró con la noticia del incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora: 49 niños murieron, 24 resultaron con quemaduras y 80 se vieron afectados por la exposición al humo y gases tóxicos. Diez años después sale a la luz que la corrupción de este caso cruzó cualquier límite posible. Tres familiares políticos de Marcela Fimbres Ibarra, ex administradora del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE), centro creado exclusivamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la atención de las víctimas de esta tragedia, cobraron más de 10 millones de pesos como proveedores de servicios en el tiempo en el que Marcela estuvo a cargo de las finanzas de este organismo, de acuerdo con información entregada vía transparencia.

Estos tres personajes no sólo lucraron con la tragedia que enlutó a un país completo, sino también vendieron productos farmacéuticos a un sobreprecio exponencial, lo que hizo que sus ganancias se elevaran todavía más. Una parte de esta pequeña red estaba conformada por los hermanos Cuauhtémoc y Omar Cuitláhuac Flores Carrillo, esposos de las hermanas de la ex administradora del CAICE.

Ambos aparecen junto a la familia Fimbres Ibarra en la publicación del 15 de agosto de 2017 de la sección de Sociales del periódico Expreso, el segundo de mayor tiraje a nivel estatal en Sonora, durante la celebración de los XV años de la hija de Marcela.

A esta red se sumó el nombre de Ana Alicia Carrillo Navarro, también proveedora del CAICE y madre de ambos hermanos, y quien solo en un año (2017) cobró un millón 88 mil 211 pesos por productos de farmacia. A pesar de no tener ningún registro anterior como proveedora de servicios, en ninguno de los ámbitos de gobierno, Ana Alicia también consiguió un contrato por adjudicación directa en 2017 por 173 mil 536 pesos con el IMSS por otorgar el servicio de capacitación para el personal del CAICE del 16 a 22 de junio de ese año. El contrato especificaba que el proveedor cumpliría con las siguientes tareas: servicio de conferencista, material de apoyo y servicios logísticos, coffee break, alimentación y equipo de sonido y proyección para todo el evento, de acuerdo con la copia que se obtuvo a través de Compranet.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había detectado un mal funcionamiento de las finanzas del CAICE en la revisión de la Cuenta Pública 2017. Para analizar cómo estaban gastando el dinero se seleccionaron a siete de los principales proveedores del centro, entre ellos estaban los nombres de Ana Alicia y Omar Cuitláhuac. Ahí se logró documentar el costo elevado en la compra de 200 productos por los que se gastaron 81 mil 500 pesos. Un ejemplo fue la compra de 50 tubos de crema Cetaphil por 19 mil pesos, cuando el monto según el mercado tendría que haber sido de 4 mil 500 pesos.

A esto se le suman otros productos como: Fotoral, 750 pesos la caja, y en cualquier farmacia está en 220 pesos; Adimod de 400 mg, mil 400 pesos y el precio comercial es de 405 pesos y la pomada Voltaren, que se vendió en 620 pesos cuando cuesta 137 pesos. Todos estos medicamentos se adquirieron al mismo proveedor: Omar Cuitláhuac Flores Carrillo, cuñado de Marcela.

Además, en el documento publicado por la ASF se hace hincapié en la compra que se hizo a Flores Carrillo por  la cantidad de 682 mil 700 pesos de productos principalmente dermatológicos y que fueron solicitados vía correo electrónico por la entonces administradora del CAICE, Marcela Fimbres. Compra que se hizo únicamente para tenerlo como “material para stock”…

Lista de algunos medicamentos en los que la ASF detectó sobreprecios.

Más de una década en el IMSS

El 16 de abril de 2009, Marcela Fimbres Ibarra, una pasante en Administración del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), llegó a laborar al IMSS. En su primer puesto estuvo a cargo de atender las solicitudes de los derechohabientes, orientar sobre trámites y servicios, aplicar encuestas de farmacia y brindar talleres informativos. Cinco meses después, en octubre de 2009, fue asignada al CAICE, lugar en el que desempeñó las mismas funciones hasta marzo de 2012, fecha en la que logró escalar hasta el puesto de administradora del centro, según la información que está en su hoja de vida que se entregó por transparencia.

Con este nuevo puesto, las responsabilidades de Marcela en el CAICE aumentaron. Ese año comenzó a hacerse cargo del cálculo y trámite de viáticos; solicitud, reserva y compra de boletos de avión; trámite de apoyos a favor de usuarios del centro y el archivo de expedientes de fideicomiso. En todas estas actividades se comprobaron manejos irregulares, tanto por parte de la ASF como por los padres de algunas víctimas del incendio de la guardería que realizaron sus propias investigaciones.

Un año después de que Marcela obtuvo este puesto, también llegaron sus dos cuñados como proveedores. Omar Cuitláhuac Flores Carrillo brindó servicios de farmacia y/o dermatología al CAICE de 2013 a 2017. Los contratos que ganó fueron por nueve millones 676 mil 615 pesos. Esto lo coloca como uno de los diez proveedores del CAICE que recibió mayores ganancias. La suma es tan alta que se encuentra solo 370 mil pesos por debajo de lo que se gastó de 2009 a 2018 en atención médica y que se pagó a nombre de Hospital Cima.

En ese mismo periodo se sumó a la lista su hermano Cuauhtémoc, su contrato fue únicamente por 2013 y en la parte de la descripción del servicio sólo se especifica que es por insumos. El monto que cobró fue de 131 mil 919 pesos, de acuerdo con el catálogo de proveedores obtenido por solicitudes de información.

Ana Alicia tardó más en incorporarse al CAICE. Su nombre aparece hasta el 2017, año en el que obtuvo un poco más de un millón de pesos por servicios de farmacia. De los 15 proveedores que se incorporaron ese mismo año a este centro especializado, la madre de Omar y Cuauhtémoc es quien recibió la suma más alta.

Aquí se detallan las funciones que Marcela cumplió desde su llegada al IMSS

De los 253 registros que conforman el catálogo de proveedores del CAICE, todos obtuvieron los contratos mediante adjudicación directa, procedimiento en el que no existe competencia alguna. Además de que sólo alrededor del 8% son personas morales, por lo que información relevante del resto, como su Registro Federal de Contribuyente (RFC) y domicilio fiscal, están bloqueados.

Sin comprobantes de nada

El CAICE fue creado mediante decreto presidencial en 2009 para atender exclusivamente a los niños y niñas lesionados en el incendio de la guardería en 2009 y a sus familias directas. De 2009 hasta 2018 recibió un presupuesto de 184 millones 507 mil 325 pesos para cubrir servicios

médicos, pagar viajes y hospitalizaciones para los tratamientos de los afectados y para adecuar los hogares de los niños con secuelas y sus familias.

Pero a inicios de 2017, los padres que asisten a este centro comenzaron a notar irregularidades. Estela Báez, mamá de Julio César Márquez Báez, Yeyé como lo llamaban de cariño, se percató de que mientras esperaba ingresar a una cita con su psiquiatra, una empleada de Casa CAICE surtió una receta en la farmacia interna y platicó que su hijo había sido atendido con un pediatra que era proveedor de servicio médico subrogado para las familias que se atienden en el centro.

https://unidadid.mx/PruebasViz/VisABC/

Estela le solicitó a la Dirección General del CAICE en Hermosillo una respuesta de por qué otorgaban servicios médicos y medicinas a empleados del IMSS. El organismo no dijo nada. La misma solicitud llegó hasta las oficinas del Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS en la Ciudad de México. Tampoco hubo eco de su petición.

En agosto de 2017, la familia de Yeyé inició un proceso ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para acceder a una reparación integral del daño. En el proceso llegaron otras 40 familias. La Comisión presentó gráficas en las que mostraban todo el dinero que el IMSS ya había gastado en atención médica de cada uno de los menores y sus familias. Las cifras eran exorbitantes, asegura Miguel Nava Alvarado, abogado y representante legal de estas familias.

“Había hasta nueve millones de pesos en la atención médica de 2009 a 2017 en una sola familia […] pedí que me dieran respaldo de esos números que tenían, pero no había nada. No había notas, ni facturas. Nada. El IMSS no nos los quiso dar. Tuvimos que pedir la información a través de acceso a la información y ahí fue cuando nos dieron todos los documentos y se destapó la cloaca”, cuenta Nava Alvarado. 

Los proveedores vendieron el Voltaren a 620 pesos, cuando su valor real es de 160

Irregularidades en todos lados

Aún no cumple 13 años y Danna Paola ha estado en 20 ocasiones en un quirófano. Su cuerpo tiene las huellas de la tragedia del 5 de junio del 2009. Debido a las quemaduras y la inhalación de humo tóxico le amputaron varios dedos de sus extremidades y tiene daños neurológicos.

Aunque le es imposible darle la vuelta a la página de sus libros escolares y tampoco puede abrocharse sola su ropa, su adolescencia la vive con la misma energía que cualquier otra joven de su edad.

A inicios de 2018, su familia fue una de las tantas que recibió su expediente completo de gastos médicos del IMSS. El archivo era mil 800 facturas pagadas a proveedores en medicamentos, productos dermatológicos y materiales para consultorios.

Marisol, su madre, revisó hoja por hoja y se dio cuenta de los sobreprecios que existían en esas facturas. Pero no solo eso, su investigación ahondó en saber quiénes eran esos proveedores, por qué los habían elegido y quién los había contratado. Ahí encontró el nombre de Omar Cuitláhuac, cuñado de Marcela. “Nos daba curiosidad saber por qué se había quedado con los contratos. Investigamos los productos y en la farmacia costaban 100 pesos y él los estaba dando en 800. Si ya habían visto que lo estaba dando caro, era muy raro que no lo sacaran […] ya después nos empezamos a poner más las pilas para investigar qué era lo que estaba pasando y nos dimos cuenta de que este proveedor es esposo de una hermana de ella (Marcela)”, cuenta.

Las arbitrariedades no paraban ahí. En el expediente que recibieron se dieron cuenta de que les facturaron la construcción de una banqueta en su casa que nunca se construyó. El contratista beneficiado por esto fue: Juan Oswaldo Pompa Colosio, un ex funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De 2011 a 2018 este proveedor obtuvo 30 millones 342 mil 484 pesos por adecuaciones a infraestructura en las casas de las familias víctimas del incendio del 5 de junio de 2009.

Este Centro fue creado exclusivamente para las víctimas del incendio de la Guardería ABC

En el expediente de Danna se constató que se cobraron obras en donde los padres desconocen las firmas con las que fueron autorizadas. Un ejemplo es una factura del 6 de abril de 2015 por 259 mil 120 pesos por trabajos que no existen.

Juan Oswaldo Pompa proporcionó un domicilio fiscal al gobierno del estado de Sonora como proveedor. La dirección es Moreno 810, colonia San Felipe, en Magdalena de Kino, Sonora. No obstante, durante una visita a la ciudad se constató que no existe una calle con este nombre en la colonia que se menciona. En otra lista de proveedores del estado su dirección es diferente: Morelos 810, en la misma colonia. Esta calle y número sí existen pero lo único que se encontró fue una construcción en obra negra de dos pisos con un patio lleno de maleza.

Sin castigos

Aunque en mayo de 2018 los padres de las víctimas de la Guardería ABC se reunieron en Hermosillo con el director del IMSS, Tuffic Miguel Ortega, y este anunció la destitución de la administradora del CAICE, Marcela Fimbres, y el inicio de una investigación, la respuesta a una solicitud de información fechada a finales de julio de 2018 por parte de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal de la Delegación de Sonora del IMSS informó que Marcela dejó de laborar en el CAICE por “motivos de movimiento de personal de confianza”.

Tomando en cuenta las declaraciones de Ortega, se le solicitó a la División de Investigaciones Laborales, Amparos y Juicios Foráneos del IMSS conocer si existe alguna investigación contra Fimbres Ibarra o algún otro funcionario del CAICE por las irregularidades en su administración. La respuesta fue negativa. Lo mismo ocurrió con la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación estatal. 

Incluso en la Secretaría de la Función Pública (SFP) se confirmó que no existe ningún tipo de sanción contra la funcionaria o cualquier otro de sus colaboradores. La única denuncia que se encontró fue una que interpuso el IMSS contra uno de los contratistas del CAICE, pero no hay registro aún de radicación.

Se solicitaron entrevistas con la Subdelegación Regional del IMSS en Sonora para consultar sobre las irregularidades que se encontraron y con la ex funcionaria Marcela Fimbres para conocer su versión a lo expuesto en este reportaje y hasta la fecha de publicación no se obtuvo respuesta. 

El resultado de la justicia es incierto para los padres de las víctimas de la Guardería ABC, quienes ahora no solo buscan una sanción  para aquellos funcionarios que se vieron envueltos en el incendio, sino también para los que fueron capaces de lucrar con la salud y la muerte de sus hijos.

Vea La Historia detrás de la Historia, cómo se investigó este caso en: https://www.bordercenter.net/es/blog/la-historia-detras-de-la-historia-de-alan-avina

Créditos:

Investigación y redacción: Alan Aviña
Edición: Daniela Guazo
Fotografía: Jorge Venegas
Análisis de datos y visualización: Daniel Gómez

Ilustración: Carlos Mendoza

Publicado originalmene en: https://www.borderhub.org/noticias-especiales/nepotismo-familiares-de-funcionaria-del-imss-se-enriquecieron-con-tragedia-de-guarderia-abc

Una mafia llamada Gobierno del Estado

Una mafia llamada Gobierno del Estado

Por Aarón Tapia.

Mafia: Grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos. 

Esta es una de las cuatro definiciones sobre mafia de la Real Academia Española (RAE).

-Control sobre la oposición de los primeros tres años: En Sonora el Gobierno del Estado ha sido acusado de que mediante el uso faccioso de sus instituciones ha comprado denunciantes, sembrado armas y droga e integrado expedientes con pruebas falsas para encarcelar a adversarios políticos del padrésismo o empleados de estos. Casos como los de Jorge Morales, Luis Arístides López y Francisco Monge, entre otros, así lo dejan ver.

-Control de organismos “autónomos”:  haber permitido falsificaciones de firmas en el proceso para conformar un comité de participación ciudadana (a modo) del sistema estatal anticorrupción. Un comité con poco más de dos años de operación y que no se le conoce ninguna investigación ni denuncia por actos de corrupción en este gobierno.

-Control político: después de las elecciones del 2018 ante la llegada con mayoría apabullante de Morena y sus aliados al congreso local, organizaron un golpe legislativo antes de finalizar la legislatura pasada con mayoría priísta y con la complaciente asociación de diputados panistas, socavaron el poder legislativo y otorgaron poder en exceso al ejecutivo.

08 de Agosto de 2018. Manifestación en el Congreso del Estado el día de la aprobación del “veto”, el paquete que le quitó poder a la legislación entrante Foto: Libera Radio

-Control sobre la transparencia: En Sonora, su gobierno puede estar en desacato ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El pasado 28 de mayo, el Pleno de la SCJN declaró inválido que los tres comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información (ISTAI), continúen laborando, pues su tiempo en el cargo venció desde el pasado 12 de diciembre del 2018 y también venció el plazo para renovar a los integrantes de este instituto. El congreso local se ha pronunciado al respecto a través de diversos exhortos y posicionamientos dirigidos a la Gobernadora y los ha ignorado.

-Control electoral: también un evidente “golpe de estado” dentro del Instituto Estatal Electoral de Sonora (IEES), donde con una mayoría de cuatro consejeros (tres identificados con el PRI y una con el PAN) de un total de siete que conforman el consejo general, menguaron las facultades de la Consejera Presidente y ahora en el nuevo reglamento algunas atribuciones torales para el funcionamiento del IEES, se decidirán por mayoría simple. Además estos cuatro consejeros provocaron el despido de 39 empleados, de los que no fueran afines al PRI-Gobierno.

-Control notarial: el procedimiento fraudulento mediante el cual quince notarios públicos titulares renunciaron (en este sexenio) asegurándose que dicha patente quedaran en favor de sus hijos, se requiere del concierto de complicidad criminal de la Dirección General de Notarias, de la Secretaria de Gobierno, de la Consejería Jurídica y con el Colegio de Notarios.

La propia Gobernadora del estado, que es la titular de la función notarial que delega en favor de profesionales del derecho, ha sido absolutamente omisa en atender estos signos de grave corrupción, lo que nos lleva a suponer que no solamente lo acepta sino que lo estimula y forma parte de su operación política. La presidenta del Colegio de Notarios es hija del actual Director del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON), la dependencia estatal que más contacto tiene con las notarías, quien a su vez también es notario, un evidente y grave conflicto de intereses. Otra funcionaria opaca, como lo es la Directora General de notarías, jamás ha dado la cara para responder por estos abominables actos que desnudan no solo un poderoso pacto de complicidad entre el gobierno, sus funcionarios, los notarios y el colegio que dice representarlos para torcer la ley, para sentir que el servicio público de fe notarial, así como todas las demás instituciones les pertenece y pueden hacer de ellas y con ellas lo que deseen.

-Control Judicial: ahora la Gobernadora manda una iniciativa al congreso local donde propone que el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora (conformado por siete magistrados), seleccione una terna y se la envíe como propuesta para que de ahí salga el próximo magistrado, pero esta terna sería integrada únicamente por magistrados de circuito, es decir, solo de los quince magistrados de los cinco tribunales regionales podría ser el elegido para ocupar el puesto de magistrado en este Supremo Tribunal. También en esta iniciativa se propone que ese cargo y el de los jueces sean vitalicios, lo que provocaría un control absoluto en todas las ramificaciones de la justicia: penal, civil, laboral, mercantil y familiar. A todas luces se pretende el blindaje para el llamado “séptimo año” ante la inminente llegada de un gobierno emanado de la oposición y quien lleva la delantera en las preferencias electorales para el 2021 en estos momentos es Morena.

Además, de prosperar esta iniciativa del ejecutivo, estaríamos ante un escenario donde los propios magistrados escogerían a sus sucesores. Una infame regresión que mutila el cuerpo institucional y democrático con extrema vileza autoritaria.

08 de Agosto de 2018. Manifestación en el Congreso del Estado el día de la aprobación del “veto”, el paquete que le quitó poder a la legislación entrante Foto: Libera Radio

La justificación del ejecutivo es el interés del mejoramiento de la carrera judicial y su establecimiento. Un argumento falaz, porque si en verdad existiera ese interés de mejorar el desempeño del sistema judicial en Sonora, no tendrían acéfalo y sin operar al Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial en el Poder Judicial del Estado y que establecen mecanismos de actualización y remoción de jueces y magistrados regionales. Desde hace poco más de un año este órgano debió haberse puesto en función, pero el gobierno del estado ha sido omiso, con lo cual está en otro claro incumplimiento de la ley.

El experto en temas de seguridad pública y crimen organizado, Edgardo Buscaglia asevera que la mafia más organizada en México se encuentra en la política. Y la mafia política  sonorense resiste hasta cierto punto  los embates de reproches y juicios analíticos en contra de ellos, pero no por ansias de perfección ética que no comprenden, sino por un mejor bienestar propio, como quien entra en la iglesia solo porque le place más el aroma del incienso que el tufo de la cantina. Dominan el embrutecimiento de la superficialidad por instinto. Pero sus embrutecimientos éticos llegan a atrofiarles la noción del bien y del mal. El bien para ellos es lo que se ajusta a las conveniencias personales, siempre que su justicia no tenga nada que decir al respecto y el mal, lo que las contraría, lo que displace, lo que les quita la tranquilidad.

Porque eso les sirve para mantener un artificial estatus social, disfrazado de buena fe, de paz y democracia, pero que en realidad atenta contra la función pública, contra la ley y contra la sociedad. Porque el ambiente de corrupción en el que se desenvuelven les es favorable, porque  es el suyo propio y dentro de él triunfa la superioridad del ingenio de la felonía y de la despreocupación por los demás.

Aarón Tapia. Periodista conductor del programa de radio La Tertulia Polaca en La Voz Del Pitic 88.1 FM y colaborador de análisis político en el noticiero Titulares de Radio Fórmula Sonora.

Tw: @Naranjero75

Publicado originalmente en: http://elsoberano.mx/opinion/una-mafia-llamada-gobierno-del-estado/

Piñera, en el meollo de la estrategia latinoamericana de la derecha

Piñera, en el meollo de la estrategia latinoamericana de la derecha

Por: Pelao Carvallo.

(Texto resultado de muchas conversas en el mundo antimilitarista latinoamericano y del caribe).

Piñera no es incompetente ni llega tarde con las respuestas o soluciones, como le critica el republicanismo gobiernista y opositor en Chile. Es consecuente con una estrategia que la derecha latinoamericana ha ido desarrollando en el tiempo a través de sus prácticas políticas gubernamentales de los últimos tiempos: la idea de adelantar la crisis para administrar la crisis.

La demora de Piñera en atender la agenda social y la humillación hacia los sectores desfavorecidos que ha sido su tratamiento en el ejecutivo y el legislativo, el abandono policial de los barrios y poblaciones para fomentar el saqueo, la constante violación de los derechos humanos por parte del aparato represivo que justifican respuestas agresivas por parte de la gente que lucha y que construye un relato y vivencia de guerra, todo eso es parte de una forma muy práctica de conducir la situación hacia una crisis económica que tenga como resultado mediático y social la condena y culpabilidad de esa crisis a quienes protestan y se manifiestan y por otro lado, leyes mediante, la capacidad judicial represiva para encarcelar y mostrar mediaticamente como culpables a quienes portan capuchas, protestan, manifiestan o quieren cambiar las cosas.

Lo que vivimos en Latinoamérica es una actualización por la derecha de lo que Naomi Klein describe como “doctrina del shock”. Una doctrina del shock 2.0: ya no se trata de crear una conmoción para hacer reformas estructurales (que ya están hechas). Se trata de crear crisis que adelanten la confluencia de las crisis medioambientales, climáticas y económicas y que permitan por un lado detectar, identificar, reprimir, perseguir y ganar información sobre las resistencias a esas crisis (y gobiernos) y al mismo tiempo generar desconfianza y culpabilidad social como generadores de esa crisis sobre las mismas gentes que la resisten.

De algún modo en toda Latinoamérica y el Caribe tenemos ejemplos de esta estrategia, pero Ecuador y Chile son buenos ejemplos para resumir.  Tanto el “paquetazo” de Lenin Moreno como el “alza del metro” de Piñera eran evitables. El primero mediante (como le recomendaron) la conversión del paquetazo en una serie de “paquetitos” menos dañinos y menos concentrados temporalmente. El segundo no necesitaba del eco que le dieron ministros con discursos hirientes y malintencionados hacia los sectores populares o una represión desmedida a unas protestas que en sus primeros días no convocaban más que a un sector muy pero muy pequeño de la población (lxs estudiantes secundarixs) y a las que la combinación de represión y exposición mediática dio imagen y respaldo. El propósito doble de estas iniciativas gubernamentales era, si funcionaban, seguir con la población sometida y acatando. Si fracasaban, provocar el estallido social que les permitiera identificar a los y las recalcitrantes, resistentes y descontentxs con capacidad de acción. De paso, alinear a las policías y fuerzas armadas con la autoridad de turno (tanto Lenin Moreno como Piñera tienen que gestionar herencias progresistas en el ámbito seguridad y defensa).

Lo fundamental para estas estrategias no es lograr una adhesión al neoliberalismo, que ya está instalado, sino lograr una adhesión por nostalgia: generando una crisis económica local de la cual culpar a la oposición en la calle para que el resto de la sociedad, con el gentil auspicio mediático, extrañe, añore, los tiempos neoliberales donde todo era seguro y predecible, aunque no te asegurara ningún porvenir. Una nostalgia creada, a la fuerza, según este relato no por las medidas gubernamentales, sino por la oposición callejera y política hacia ellas.

Instalado eso, la represión selectiva posterior se hará más fácil, consensuada y aceptada. Los mecanismos represivos ejecutados durante las revueltas masivas, se volverán más específicas y afectarán no al conjunto de las protestas sino a quien se designe como sus autores intelectuales o profetas.

No es el único resultado deseable, también está el “empezar de cero”, instalar la sensación de que se está en un nuevo momento histórico social y que el sistema inicia los ajustes necesarios para funcionar mejor gracias a la expresión de las demandas sociales, las que serán interpretadas como un aporte “patriótico” de las masas movilizadas, porque en este relato la gente que protesta será leída como masa.

Así como es otro resultado deseable el empujar, poco a poquito, la línea de la militarización un poco más adelante cada vez, naturalizando tanto la participación de las fuerzas armadas en la represión como dando prerrogativas legales para esta participación, mediante un legislativo sometido a coacción por la manipulación mediática y de inteligencia de la situación: el despliegue de saqueos, permitidos, facilitados y coordinados desde los poderes policiales, militares, carcelarios y de la derecha política y económica, operativizados por funcionarios públicos y bandas delictuales, que desplazaron en el corto plazo a los legítimos saqueos de poblaciones sometidas al estrangulamiento económico del endeudamiento para la sobrevivencia alimentaria.

Esos planes, que buscan reajustar el consenso neoliberal, actualizándolo y reprimiendo las quejas sustantivas y a quienes la encarnan, por suerte se topan contra una crisis de la representación política que desnuda la separación entra la clase política, la república, y los sectores populares, el pueblo.  El pueblo reconoce que es una disputa contra la república, que es una oportunidad de provocar derrotas a las élites que le restituyen autoconfianza y autovaloración. Que puede, el pueblo, salirse del guion y reescribirlo, pasar de una simple actualización del neoliberalismo constitucional, a una solidaridad instituyente politizada desde abajo. He ahí el único efectivo obstáculo a estos planes de la derecha gubernamental y de las élites económicas, culturales, sistémicas: la capacidad de los pueblos de dar vuelta el escenario rompiendo con el mercado de las representaciones políticas, todas ellas, incluida las que se autocalifican de izquierdistas o progresistas.

Pelao Carvallo 6 de diciembre de 2019.

Este es un adelanto de un artículo que saldrá en Al Margen, la revista revolucionaria valenciana

Rosario Piedra, una historia dolorosa que genera esperanza y provoca a la derecha

Rosario Piedra, una historia dolorosa que genera esperanza y provoca a la derecha

Por: Aarón Tapia.

En la década de los setentas la izquierda mexicana trató de llevar a la agenda pública sus causas y la respuesta del gobierno fue iniciar una encarnizada guerra sucia para mandar a la clandestinidad todas esas demandas basadas en la justicia social y derechos políticos. Y es de esos momentos de donde deviene Rosario Piedra Ibarra, la nueva presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con un hermano integrante de la liga 23 de septiembre que fue secuestrado y desaparecido por el poder del estado. El 1 de abril de 1974 a su padre, el doctor Jesús Piedra Rosales se lo llevó la Policía Judicial por buscar a su hijo, lo sacó de su consultorio en presencia de sus pacientes y de su secretaria. Lo torturaron, lo ahogaron en agua con productos químicos que se usaban para revelar fotografías y le fracturaron la columna vertebral. Pasó más de tres meses en el hospital.

Su esposo también doctor, Germán Segovia, secuestró un avión (el 8 noviembre de 1972 para liberar a sus compañeros que habían sido apresados ilegalmente) que dirigió hacia Cuba y después a Italia y regresó a Monterrey amnistiado en 1980, pero, ante meses de hostigamiento por amenazas anónimas de muerte y tortura contra él y familiares, el 25 de diciembre de 1981 se suicidó con un disparo en la sien.

Foto: Cuartoscuro.

En abril de 1977 su madre Rosario Ibarra, fundó el comité Eureka, en pro de los desaparecidos, perseguidos, presos y exiliados políticos.

Es esta la historia que culmina con la llegada de Rosario Piedra a la CNDH, les guste o no a la derecha y a su legión aliada de la comentocracia.

Me parece muy trascendente el hecho de que se haya dado una ruptura con 30 años de una gran simulación y despilfarro en la CNDH, apropiada permanentemente por personajes asociados al poder del presidente en turno, ocupando la presidencia de dicha comisión en procesos arreglados mediante negociaciones, reuniones en lo oscurito y repartición de prebendas para diferentes grupos políticos. Los presidentes de la CNDH en estos poco mas de 30 años perteneció al grupo político del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM, mediante una mafiosa cuota de poder entregado al grupo de Jorge Carpizo McGregor, difunto ya, que fue rector de la UNAM, presidente de la CNDH, procurador general de la república, secretario de gobernación, y el fundador de esta institución que se generó durante el gobierno corrupto y represor de Carlos Salinas De Gortari, es decir, desde su génesis este órgano portaba el gen de la simulación.

Todos los presidentes de la CNDH fueron antes o después miembros de instituciones policiacas o de procuración de justicia que se trasladaban de un lado a otro, de ser los perpetradores de la mano dura, cubrían el hierro de sus manos con guantes de seda y brincaban a ser los presuntos defensores de los derechos humanos.

La lista de todos estos que presidieron la CNDH, es una lista que jamás presentó buenos resultados que verdaderamente fueran trascendentes en lograr un punto de inflexión de un antes y después en los excesos del poder burocrático contra la ciudadanía y de un gasto tan enorme para una institución con resultados paupérrimos, con recomendaciones incumplidas en la mayoría de los casos, investigaciones demasiado largas, gran burocracia y el eterno concubinato con el poder presidencial en turno.

Rosario Piedra, es una víctima y a mi juicio este es un elemento fundamental, porque no es una pieza de los procesos del poder político, sino que, emerge de un proceso de una lucha histórica de décadas, asociada justamente a una defensa desde el activismo social frente al poder.

Quienes acusan y descalifican a Piedra Ibarra por la cercanía que pudiera tener con el presidente López Obrador, considero que sus argumentaciones son muy blandengues, porque no todo el poder se constituye de manera homogénea, porque si bien es cierto que, tanto Rosario Piedra como su madre Rosario Ibarra y la gran mayoría de los grupos defensores de los derechos humanos, están asociados en un proyecto electoral con Morena, pero también forman parte de un proceso de transformación con diferentes matices, quienes conocen la historia y trayectoria de la familia Piedra Ibarra, considerará que sería muy difícil que la nueva presidente de la CNDH estuviera dispuesta a asumir una postura de sumisión ante excesos del actual gobierno.

En lo personal me hubiera parecido un acto contundente y magnánimo que la misma Rosario hubiera pedido que se repitiera el proceso de votación en el senado para no dejar lugar a dudas sobre su designación, pero también hay que estar conscientes de que lo que sucedió en el senado con esa politiquería ramplona, circense y simuladora de democracia, es un asunto de lo cual no es responsable y que además, ella tiene la certeza de que representa esa parte de la historia de una sociedad vejada por el gobierno, aunado a ese traumatismo electoral que les genera una enorme desconfianza a este tipo de organizaciones de izquierda social porque durante mucho tiempo han experimentado que la llegada al poder por las vías tradicionales no han funcionado a plenitud y que siempre existe el riesgo latente de que los resultados de una votación en cualquier ámbito, la mano invisible de las diferentes representaciones de poder tienen la fuerza en dado caso de transformar cualquier resultado.

Me parece muy esperanzador y generador de una gran confianza entre millones de ciudadanos que han sido víctimas del abuso del poder gubernamental, que llegue a ese cargo una víctima que viene de un proceso de organización social y no solo de una designación del momento con la intención de seguir perpetuando el simulacro defensor de derechos humanos que se ha ejercido por más de 30 años y que ha sido vergonzosamente inútil y ajeno al sufrimiento de las víctimas en México.

Aarón Tapia. Periodista conductor del programa de radio La Tertulia Polaca en La Voz Del Pitic 88.1 FM y colaborador de análisis político en el noticiero Titulares de Radio Fórmula Sonora.

Tw: @Naranjero75

Publicado originalmente en: http://elsoberano.mx/opinion/rosario-piedra-una-historia-dolorosa-que-genera-esperanza-y-provoca-a-la-derecha/

Las Riberas del Pitic: Preciosa joya de la corona de la arquitectura y el urbanismo al servicio del poder en Sonora

Las Riberas del Pitic: Preciosa joya de la corona de la arquitectura y el urbanismo al servicio del poder en Sonora

Por: Joel Montoya.

Con Infraestructura Colosal para beneficio de quienes detentan el poder en Sonora, las Riberas del Pitic es un ejemplo de lo que es posible hacer en términos de urbanismo en la ciudad de Hermosillo, construyendo toda una red de captación de aguas provenientes de escurrimientos en lo se conoce como la Unidad Hidrológica de Planeación de la Zona Noreste de Hermosillo, que provee del valioso recurso hidrológico a este  proyecto que tiene planificándose desde que se construyó el encementado del Vado del Río y desarrollándose desde al menos  una década. Esta unidad se nutre de los escurrimientos de los Cerros del Bachoco que cruzan el Blvd. Enrique Mazón para dirigirse al cauce de los ríos Sonora y San Miguel.

Las Riberas del Pitic, es un desarrollo habitacional ejemplar, una joya del urbanismo regional, porque finca su edificación en la construcción de viviendas frente a lagos artificiales, zonas arboladas monumentales y mucha agua, paisajes que los ríos producen de manera natural en la zona. El agua se aprovecha pues, para generar un espacio con vistas a paisajes espectaculares, lejanos de la zona del concreto, el asfalto, la violencia y el ruido de la ciudad, ya que sus grandes muros perimetrales evitan la visita, aunque sea de paseo a  una de las áreas donde un pedazo de terreno se cotiza en miles de dólares.

En la proyección general se prevé la construcción, a cargo del erario, de una vasta red de drenajes para la canalización de aguas pluviales que trasladan el agua de arroyos hacia estanques de detención de agua para proteger la zona y la modificación dramática del cauce del Río San Miguel en un ángulo de 45 grados para hacerlo coincidir con el Río Sonora, lo que ha provocado serias inundaciones en asentamientos urbanos de poblaciones vulnerables como el ejido  La Victoria.

Las Riberas del Pitic es un desarrollo impulsado por grupos empresariales poderosos, con la anuncia de autoridades municipales, estatales y federales que al paso del tiempo han puesto atención especial, concediendo permisos, elaborando estudios y construyendo infraestructura de acceso, como un libramiento exclusivo al residencial, y obras de gran calado para el aprovechamiento de aguas que mantendrán áreas verdes durante todo el año, incluso en épocas de verano y sequía.

Los ciudadanos de Hermosillo, mientras tanto, a pesar de la organización manifiesta en los últimos años para construir una ciudad más amable, observan con pánico los movimientos que el gobierno ha realizado metódicamente desde 1994, para enajenar predios y cuanto terreno podría albergar los bosques urbanos que anhelan para el disfrute de sus hijos.

Ya desapareció el Parque de Villa de Seris y según el pronóstico, antes de finalizar el actual sexenio, La Sauceda estará otra vez, pero quizá definitivamente, en manos de particulares.

Escurrimientos acaparados, el río torcido.

*Joel Montoya es catedrático universitario y miembro de organizaciones ambientalistas de Hermosillo.

Fb: https://www.facebook.com/joel.montoya

Desde Chile: cuartas impresiones, la Marcha y la contramarcha

Desde Chile: cuartas impresiones, la Marcha y la contramarcha

Por Pelao Carvallo.

Todo mundo fue a la Marcha Más Grande, convocada el viernes 25 de octubre a las 5 de la tarde. En realidad, empezó 2 horas antes y concluyó no se sabe a qué hora porque, por ejemplo, a las 10 15 de la noche seguía gente marchando de vuelta a su casa por Pajaritos hacia Maipú.

La marcha fue ante todo una gran reunión en la que las familias, los grupos de amigos, las organizaciones, movimientos, barras, se encontraron a hablar, gritar, saltar, expresar sus ganas de que todo cambie, pero ya. Fue una marcha muy diferente, puede que durante un momento haya habido una cabecera, que después fue un centro, un eje y para las 5 de la tarde se había disuelto en un magma humano sin cabecera, sin principio ni fin. Así de grande era.

Tan grande era que había sectores que estaban siendo fuertemente reprimidos por los pacos (Carabineros) y en el resto nadie se enteraba. La marcha casi no marchó, se movió como un remolino sobre sí misma, encantada de encontrarse, de hablar, exigir y celebrar. Porque junto a las exigencias había, por ejemplo, cerveza. Pero sobre todo había solidaridad, gente mojando los pañuelos y ropas de la gente con líquidos para combatir el gas lacrimógeno, otras repartiendo agua gratis.

Con todo era difícil encontrarte con gente conocida, pero muy muy fácil encontrarte con gente desconocida. La rabia, el cansancio, el hartazgo y el humor predominaba en la marcha. La gente expresaba rabia por la represión, cansancio porque toda esta crisis recae una y otra vez sobre las más pobres, hartazgo porque las soluciones que se proponen no son más que un reforzamiento de los negocios de los mismos de siempre. El humor, porque hay que reírse pues, si no todo es muy fome.

Los cantos, los gritos, las consignas expresaban las demandas de la gente: que los milicos vuelvan a los cuarteles y dejen de matar o se mueran, cualquiera de las dos; que los pacos dejen de reprimir y torturar o se mueran, cualquiera de las dos; que los ratis (PDI) dejen de sapear y torturar. Que haya justicia para las muertas y los torturados, los heridos y las mutiladas. Que se acabe el toque de queda. Que se acaben todas las referencias a la dictadura. Que bajen todas las cosas. Y si, los partidos impulsan que renuncie piñera y que haya asamblea constituyente, eso no molesta a la gente. Que la salud, la educación, el transporte sean gratuitos o al menos baratos. Que las pensiones sean dignas y la dignidad tiene un precio.

La manifestación tenía su banda sonora, puesta por vecinos mediante parlantes desde sus balcones, o por ciclistas en sus mochilas y músicxs que tocaban mientras marchaban. La banda sonora se centraba en los prisioneros y una mezcla entre música ochentera y setentera.

La marcha no fue pacífica, tampoco fue violenta. No estuvo en esas categorías. Siendo un poco carnavalesca y muy performática podías ver muchos tipos de expresiones artísticas, de formas de expresarse, de presentar la queja o la demanda o de presentarse unx mismx para decir: aquí estoy, esta es mi presencia y mi ayuda a la causa: el obrero de la construcción, la estudiante de medicina, el mapuche, la feminista de pañuelo verde, las familias con sus wawas, esta marcha planteó otra cosa: acá está toda la ciudad, quien no vino es porque alguien tiene que cuidar a lxs cabrxs chicxs y a lxs ancianxs y enfermxs. Esta ciudad no quiere más lo mismo. No más una ciudad jerarquizada, clasista, separada.

Porque a la hora de volver de Plaza Italia, el centro de la red de la araña, los cuicos (chetos, fresas) lo tenían muy fácil. Quienes viven en los barrios marginales y pobres debieron hacer otra gran y larga marcha a sus casas. A las 6 de la tarde ya no había micros (buses, bondis, colectivos, peseros), lo que es otra forma de reprimir, castigar e impedir expresarse a las pobres. Y caminamos de vuelta, una larga marcha desde el centro de la ciudad hasta la lejana Maipú.

Pelao Carvallo desde un Santiago de Chile en lucha consigo mismo
26/10/2019

https://www.facebook.com/pelao.carvallo

Radio y TV Universidad ¡les vale madre!

Radio y TV Universidad ¡les vale madre!

Por Aarón Tapia.

Tratando de entender el por qué la Universidad de Sonora no cuenta con una radio y televisión con contenidos y producciones de calidad que resulten atractivos para las audiencias, a pesar de que tiene todo para contar con ello, me di entonces a la tarea de cuestionar a algunos trabajadores de estos medios y la respuesta más recurrente que encontré fue: “porque a las autoridades universitarias y al sindicato (STEUS) ¡les vale madre!”

Y esta respuesta encontró su lógica en la revisión del proceso para constituir el Consejo Ciudadano de Radio y Televisión de la Universidad de Sonora.

El 18 de octubre del 2018 se lanzó la convocatoria dirigida a todos los ciudadanos interesados en ocupar el cargo de Consejero y el 26 de ese mismo mes fue emitida el acta relativa a la selección de los integrantes de este Consejo y para el 31 de octubre del mismo año fue la toma de protesta, tanto del Consejo como la del Ombudsman de las audiencias.

Todo este protocolo que suponía venir a darle un gran impulso como parte medular para generar los cambios e innovaciones pertinentes en la radio y tv de la Unison y así empezar a generar esos contenidos y producciones de calidad para las audiencias que consoliden el trabajo de vinculación entre la comunidad universitaria y la sociedad sonorense, resultó ser a final de cuentas, toda una vulgar simulación, solo para evitar una multa del IFETEL ya que por ley todas las concesiones de medios de comunicación están obligados a contar con estas dos figuras defensoras de audiencias y en ese lapso se encontraba en el incumplimiento de esta obligación.

Los seleccionados para integrar el Consejo Ciudadano fueron los periodistas: Rosa Angélica Fimbres, Luis Alberto Viveros y Luis Alberto Medina. Y el Ombudsman, el también periodista Juan Carlos Zúñiga. Este último, su designación es por la propuesta del Rector universitario a la Comisión Especial de Radio y Televisión de la Unison, una vez aprobada por esta, se turna al IFETEL para evaluar y posteriormente aprobar o desaprobar el perfil.

El 30 de octubre Luis Alberto Viveros, en su columna que le llamo, “Compromiso con Unison”, puntualizó que la invitación para integrar dicho Consejo fue de manera directa.

“Fue una invitación del director de comunicación social de la Unison, José Felipe Medina, lo que nos llevó a los cuatro a este encargo, el cual asumimos con compromiso real”. Esto contradice totalmente a la convocatoria emitida por la Universidad de Sonora, porque evidencia que los perfiles para integrar el Consejo ya estaban previamente seleccionados de manera directa desde antes de la convocatoria.

Por otra parte, conformaron la Comisión Especial de manera burda y desaseada. Los supuestamente encargados de evaluar y seleccionar los perfiles para integrar el ya mencionado Consejo Ciudadano, donde uno de sus tres integrantes, Cristóbal García Bernal, Subdirector de Comunicación de la Unison, actualmente se encuentra cumpliendo con una inhabilitación para la función pública (Exp. I/59/16), por la participación en un compra-venta ilegal de un predio en Puerto Peñasco cuando éste fungía como Director de Comunicación en ese Ayuntamiento. A pesar de que en el estatuto general de la Universidad de Sonora se enfatiza que quienes laboren para esta institución deberán ser personas honorables. Y aquí la pregunta es, con este antecedente de García Bernal ¿se podría considerar una persona honorable? Es evidente que su contratación se debe a su estrecha cercanía con el Director de Comunicación Social Felipe Medina.

En una situación similar se encuentra el propio Director de Comunicación José Felipe Medina, quien ostenta un título profesional de Ingeniero Agrónomo, lo cual contraviene al manual de organización de la Dirección de Comunicación de la Unison, donde se especifica categóricamente que el perfil para este puesto, deberá ser para alguien con título de comunicación, periodismo, relaciones públicas o carreras a fin. No obstante, Medina como profesor en esta universidad, imparte la materia de Desarrollo de Campañas Publicitarias, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, su perfil de Ingeniero Agrónomo es totalmente inadecuado para la impartición de esta materia.

Pero, ¿cuál es el mérito de Felipe Medina para ocupar ese cargo de dirección e impartir esa materia? Su añeja amistad con el rector Enrique Velázquez.

En los lineamientos del Consejo Ciudadano de Radio y Televisión de la Universidad de Sonora, en su artículo 15 menciona que: El Consejo deberá reunirse por lo menos una vez cada 6 meses en sesión ordinaria. Podrá también reunirse en sesiones extraordinarias, cuando sea convocado por la Presidencia del Consejo.

A un año de la conformación de este Consejo, a excepción del 31 de octubre del 2018, día en que este Consejo tomó protesta, no ha existido ni una sola sesión de sus consejeros, lo cual hace imposible el cumplimiento del artículo 4 que define en gran medida el quehacer de los consejeros y que indica: Para el logro de sus objetivos, el Consejo contará con facultades de opinión y asesoría en las acciones, políticas, programas y proyectos que desarrollen las emisoras de Radio y Televisión.

Felipe Medina (izquierda) con el rector Velázquez Contreras y Rodolfo Basurto.

Por otro lado, semanas después de su nombramiento como Ombudsman de las audiencias, Juan Carlos Zuñiga con la intención de proponer algún plan de trabajo, solicitó ante José Felipe Medina una reunión con los directores de radio y de televisión, Emma López y Luis Alfonso Partida, respectivamente, la cual nunca se llevó a cabo, evidentemente por la falta de interés de José Felipe, quién jamás proporciono información sobre dicha petición.

Vivimos en una sociedad de simulacros y simuladores, es decir, de pantomimas, comedias, teatro vulgar puesto en escena por quienes han profesionalizado el arte de engañar y arrebatar los derechos a quienes constituyen el sustento ciudadano.

El simulacro es la imagen del impostor, el engañador de oficio en que un gran sector del periodismo se ha convertido y que ahora lo trasladan a un Consejo Ciudadano y a la Universidad de Sonora.

La mentira es el fundamento del simulacro, una mentira disfrazada de verdad. Con esta herramienta el simulador produce un juego de luces que causa la ceguera ciudadana.

Si el simulacro es teatro, la simulación es actuación, cada uno, como en la Divina Comedia, representan el rol que han escogido para proseguir la simulación y no existe simulacro sin simulador, que más doloroso para nuestra sociedad que la politiquería de la simulación se replique en la máxima casa de estudios de Sonora.

Aarón Tapia. Periodista conductor del programa de radio La Tertulia Polaca en La Voz Del Pitic 88.1 FM y colaborador de análisis político en el noticiero Titulares de Radio Fórmula Sonora.

Tw: @Naranjero75

Publicado originalmente en: http://elsoberano.mx/opinion/radio-y-tv-universidad-les-vale-madre/