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Acuaférico, la continuación del huachicoleo en Agua de Hermosillo

Acuaférico, la continuación del huachicoleo en Agua de Hermosillo

El pasado viernes 14 de junio, el periodista Juan Carlos Zúñiga entrevistó a la Directora de Agua de Hermosillo, María Victoria Olavarrieta. La conversación giró en torno a la problemática del “desabasto” de agua que ha surgido en recientes fechas en colonias del norte de la ciudad.

Las declaraciones de la actual Directora son sumamente preocupantes, pues denota total desconocimiento de la operatividad del organismo, o por el contrario y que resultaría igual de alarmante, es que detrás del aparente desconocimiento tratara de disfrazar intenciones perversas para continuar exprimiendo a este organismo en beneficio de un grupúsculo cupular que por muchos años ha estado apoderado del mismo.

Analicemos declaración por declaración lo manifestado por la Directora Olavarrieta Carmona:

-“Si hay agua, pero no tenemos la infraestructura para llevarla directamente hacia el norte.”

Cuando se va dar inicio a un proyecto desarrollador de viviendas, las desarrolladoras (constructoras) están obligadas a solicitar la factibilidad de agua a los organismos operadores de este líquido. Una vez declarada afirmativa la factibilidad se realizan estudios para detectar los puntos de conexión y ya localizados, el organismo operador genera el proyecto para que se lleven a cabo las obras necesarias y de cabeza que construyan la infraestructura que haga llegar el agua al futuro complejo habitacional. El costo de dichas obras corre por cuenta de las constructoras, pero una vez concluida la obra de infraestructura para el agua esta pasa a ser propiedad del municipio. Las obras son supervisadas por una empresa certificadora para avalar que la nueva red conducirá y distribuirá el agua a esas viviendas de manera óptima, si no es así, la obra para viviendas no podría dar inicio.

Así que no existe una razón para que la Directora de Agua de Hermosillo declare que no hay infraestructura, no tiene lógica porque si no existiera, difícilmente existirían esas colonias o por lo menos, la problemática sería de antaño y no reciente.

-Habla de que las altas temperaturas están estimulando un alto consumo y esto provoca la baja presión.

Las altas temperaturas han persistido desde siempre en Hermosillo y el consumo promedio de agua por usuario es el mismo de toda la vida. No puede culpar a los horarios picos y mucho menos aseverar que cuando la gente se baña disminuye la presión, pues en toda la ciudad existe la instalación de un sistema hidroneumático distribuido a través de presurizadores ubicados para mantener la presión uniforme en el casco urbano. Además, la Dra. Olavarrieta agregó que la manera de hacer llegar el agua hacia el norte de la ciudad es “saltando” de un tanque a otro y que esto también abona a que baje la presión y llegue menos agua hacia ese sector de la ciudad.

El término correcto no es “saltar” sino trasvasar. Pero esto no es un juego de sube y baja de nivel, es decir, las plantas potabilizadoras que existen en la ciudad se encuentran ubicadas en partes altas y el agua baja por gravedad a excepción de los lugares donde el agua es introducida con el sistema de bombeo, por tanto,  los tanques elevados tendrían que vaciarse por completo para no mantener la presión adecuada. Para ilustrar de manera más precisa una ejemplificación, podríamos utilizar el ejemplo del gas en tambo. De un tambo, el gas llega a la estufa a través de la línea y existe un regulador que mantiene siempre la flama al mismo nivel y esta no baja cuando el tanque va bajando su nivel de gas. Dicho de manera coloquial, no estamos hablando de tambos de 200 litros, hablamos de toda una infraestructura con tecnología de cientos de millones de pesos, de tal manera que esa afirmación resulta totalmente falsa e irrisoria.

-Aseguró que existe un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para sólo extraer hasta un máximo de 30 millones de metros cúbicos (m3) de agua al año del Acueducto Independencia.

El acuerdo que Olavarrieta refiere, es un acuerdo entre el Directores Generales anteriores de Conagua Sonora, César Lagarda,y el de Agua de Hermosillo, Renato Ulloa. Pero este acuerdo no es legalmente institucional ni federal, es solo un acuerdo a nivel local y personal entre directores que obedece más a intereses políticos que a técnicos y que no tiene ninguna validez, no existe documento alguno que avale un acuerdo legal e institucional a nivel federal.

La concesión de Conagua para Agua de Hermosillo es de 65 millones de m3 de agua, aunado a los 90 millones de m3 que se producen en pozos y en las plantas tratadoras de agua, con esa capacidad soluciona cualquier problema de desabasto en cualquier sector de la ciudad.

-De manera errónea afirmó que no es conveniente utilizar tanta agua de la Presa del Novillo porque es muy cara, debido al costo de energía eléctrica que genera el bombeo para que del Acueducto Independencia pueda llegar a planta potabilizadora de Hermosillo. El costo de energía eléctrica del agua de este acueducto ya viene incluida en el costo total del producto (agua), en realidad lo que se cobra es el trasvase y la energía eléctrica, incluyendo 40 centavos por m3 de agua que al final genera un costo total de alrededor de 3 pesos por m3. El organismo le fija una tarifa doméstica para el usuario hermosillense de casi 16 pesos (15.80), con el saneamiento y cuota de drenaje incluidos, lo que nos indica que su comercialización para uso doméstico es en un 527% por arriba de su costo, ¿a qué se refiere entonces la Directora de Agua de Hermosillo, cuando manifiesta que el agua extraída del acueducto independencia tiene un alto costo?

-También dio a conocer qué hay un acuerdo con dos particulares para comprarles agua en esta semana para suplir las deficiencias de abastecimiento en las horas picos.

Ante esta declaración surgen dudas sustanciales:

1.- Primero afirma que sí hay suficiente agua para abastecer a toda la ciudad pero de lo que se carece es de infraestructura, entonces ¿por qué comprar agua a particulares? (supongo que a agricultores, ¿quien más podría abastecerles de agua?). Resulta algo totalmente contradictorio o será que… ¿con el agua que comprarán a estos agricultores vendrá incluida la infraestructura?

2.- Si se cuenta una concesión para extraer hasta 65 millones de m3 de agua del Acueducto Independencia con un costo bastante conveniente de 3 pesos por m3 ¿cuál es la razón de comprarle a agricultores el agua? ¿El costo será por debajo de los 3 pesos? Habría que transparentar quiénes son esos agricultores, que volúmenes y bajo que condiciones será la compra-venta, porque el agua para uso agrícola está concesionada para eso, estrictamente para uso agrícola. Por esa razón al agricultor no le genera costo alguno su agua concesionada, solo tiene que costear la energía eléctrica, que además cuenta con un subsidio bastante generoso para el uso de dicha energía, es por eso que por ley no les permite utilizar esta agua con otros fines que no sea el de la agricultura.

Dos días antes de esta entrevista con la Directora de Agua de Hermosillo, se presentó en el mismo espacio la Alcaldesa de Hermosillo Célida López, donde brevemente y de manera muy resumida emitió declaraciones en la misma sintonía y con las mismas falacias de la Dra. Olavarrieta.

Habló de que se continuará con la obra que quedó inconclusa desde el 2014 (Ramal Norte), que ellos han denominado, “acuaférico”, para solucionar ese supuesto desabasto al norte de la ciudad. Es totalmente falso que este acuaférico vaya a ser la infraestructura que proveerá agua a esas colonias del norte ya existentes, porque reitero, esa infraestructura ya existe desde la misma creación de esas colonias. La verdadera razón para construir ese acuaférico es el abastecimiento de agua para nuevos desarrollos más hacia el norte de la ciudad.

Con todo esto, podríamos llegar a la conclusión de que la baja de presión del agua que recientemente se ha producido en las colonias del norte de la ciudad es premeditada y manipulada desde el mismo organismo de Agua de Hermosillo. El objetivo es crear una aparente necesidad, una falta de conducción y distribución del agua para ese sector de la ciudad y que sea la “justificación” para continuar la obra del ramal norte a cargo del erario. Aquí la pregunta es ¿por qué y para quién o quienes? ¿A qué desarrollador o desarrolladores se pretende beneficiar a costa de Agua de Hermosillo? ¿Por qué la Alcaldesa habla de una posibilidad de inversión privada en esta obra del acuaférico si ya existe la aprobación de Conagua para otorgar el recurso para esta obra? Porque además no existen las obras privadas para crear infraestructura conductora y distribuidora del agua, como ya se explicó en párrafos anteriores: toda infraestructura creada para redes de tuberías de agua pertenecen al municipio.

Entonces cuando Célida López habla de inversión privada, ¿en realidad se refiere a los primeros pasos para la privatización del área comercial de Agua de Hermosillo?

Aquello que prometió Célida López en su evento de cierre de campaña electoral 2018, al pronunciar eufóricamente, “agárrense, porque les vamos a partir su madre”, cada vez me queda mas claro que si nos lo está cumpliendo.

Por: Aarón Tapia, Hermosillense, amante del sarcasmo y de la buena polémica para el debate. Conductor de La Tertulia Polaca/Ensalada de Tópicos.

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El hampa del periodismo y su botín el chayote

El hampa del periodismo y su botín el chayote

Reconozco que mi particular postura es la del rechazo total de cualquier tipo de convenio con los poderes públicos, pues en las regulaciones para estos convenios impera la discrecionalidad, sin los mecanismos pertinentes y necesarios para regular el reparto de los recursos de manera equitativa y transparente en los medios de comunicación. Ello ha arrojado resultados muy visibles de lo servil que ha sido gran parte del periodismo y los medios de comunicación con dichos poderes, en perjuicio de nuestra sociedad, una sociedad con aspiraciones y ansias de una real y eficiente democracia.

Pero más allá de mi posición personal, los convenios publicitarios con el poder público, ni son delictivos ni son corruptos ni ilegítimos, per se. El gestionar y obtener recursos para los medios de comunicación mediante estos convenios es tan legal y en algunos casos hasta legítimos, que el Congreso autoriza partidas presupuestales para ese ejercicio y el poder ejecutivo las aplica. Eso no tiene vuelta de hoja.

El gran problema es cuando la firma de estos convenios está ligada a la perversa y añeja máxima del “no te pago para que me pegues” y el medio de comunicación o periodista se somete gozoso a los factores de poder dominante por la remuneración económica de tal sometimiento.

La semana pasada se dió a conocer una lista de periodistas y sus empresas de comunicación junto con los montos que recibieron del gobierno de Enrique Peña Nieto a través de convenios publicitarios. En esa lista se pueden observar algunos excesos remunerativos para voces y plumas muy entrelazadas con los anteriores poderes gubernamentales y al statu quo y adversos al actual gobierno, excesos que no tienen justificación específica porque además, resulta ahora indispensable acotar a su máxima expresión la publicidad gubernamental. Esta publicidad no es necesaria ni justificable, excepto para anunciar campañas de servicios que presta el Gobierno a la sociedad o alertas y disposiciones de emergencias por fenómenos naturales, pero no necesitamos que cada 20 minutos en los medios de comunicación nos recuerden que los gobiernos están trabajando por nuestro bienestar y pidiéndonos “palomitas”, la gran mayoría ni se los creemos.

Es grotesca la cantidad de dinero que se mal invierte en esa publicidad que en el fondo lo que menos importa es dar a conocer sus avances de gobierno, sino el control de la comunicación. ¿Cuántos hospitales, escuelas, espacios recreativos públicos, inversión científica y un sinfín de beneficios para la ciudadanía se pudieran desarrollar con ese recurso?

La ventilada de esta lista es un estremecimiento necesario para cierto sector del periodismo que durante décadas ha permanecido unido y sometido a las ruedas del poder público y poderes fácticos, sobre todo el empresarial de élite de gran injerencia política.

Mientras no haya una reforma que cambie el modus operandis de los grandes medios de comunicación en México, no podremos tener procesos políticos democráticos y confiables, porque los medios de comunicación aliados del poder en turno, se convierten en filtros de la opinión pública (la opinión de la sociedad), en diseñadores, controladores y distorsionadores de la realidad, manipulando la percepción social a través de noticieros, encuestas, analistas, conductores de programas, que se amafian para presentar una percepción que no corresponde a la realidad de lo vivido en la sociedad mexicana.

Cuando el Presidente llamó a una parte del gremio periodístico, “Hampa del periodismo”, desató la indignación de una buena parte de este gremio, pero en términos muy generales y en segmentos muy identificados, ¡vaya que es un hampa!

Que mejor que como lo explica el periodista Julio Hernández: “El hampa es el conjunto de maleantes que tienen alianzas y métodos, para practicar actos ilegales. Maleante deviene de malear y lo maleado es aquello que está echado a perder, que ya no sirve y este sistema periodístico como el que hasta hoy ha prevalecido, está maleado, tiene maleantes que forman un hampa”, y yo le agrego, que venden sus plumas, voces o silencio en beneficio y/o detrimento de alguien.

Sería muy oportuno que nos arribara un efecto domino en que el Gobierno del Estado y los municipales replicaran al actual Gobierno Federal en esta apertura de datos para transparentar y detallar su relación comercial con los periodistas y medios de comunicación locales y foráneos. En el 2017 el presupuesto para comunicación social aprobado para el Gobierno del Estado por el Congreso local fue de 84 mdp, pero terminaron gastando 178 mdp, es decir, 112% más de lo aprobado.

Sería sumamente provechoso para los ciudadanos sonorenses, saber cómo, a quienes y por qué se les destinó tal presupuesto tan estirado para comunicación social.

Con toda esta efervescencia mediática desatada por las nuevas formas y (tal vez) fondos de relacionarse el recién gobierno de López Obrador con los medios de comunicación, es pertinente reconocerle que está abriendo lo que por siempre se había mantenido hermético y aunque era un secreto a voces, hoy los ciudadanos podemos palpar con mayor precisión que tanto, para que, en qué y en quienes se destinan nuestros recursos y así contar con mayores elementos para forjar con mayor certeza juicios de valor sobre periodistas y medios de comunicación.

Podrán o no satisfacernos algunas formas de como se están aplicando todas estas acciones por parte del gobierno federal y de que faltan perfeccionarlas y formalizarlas, eso sin duda, pero también es indudable que, esto que hoy se da a conocer de la manera que haya sido, es mucho mejor y más cercano a una verdadera democracia que, el sotto voce que nos aplicaban en estos álgidos temas los gobiernos anteriores.

Por: Aarón Tapia Tw @NARANJERO75

Director de La Tertulia Polaca.

El mal hábito de no alegar

El mal hábito de no alegar

El contenido de esta columna lo escribí y se publicó en otro medio de comunicación hace poco más de 3 años, pero considero que sigue permaneciendo en plena vigencia dada la poca apertura a la confrontación de ideas y escasez de debates. Es por eso que decidí volver a publicarla.

Frecuentemente sostengo discusiones con diferentes personas en temas de diversa índole, he de confesar que en muchas ocasiones soy yo quien busca propiciar esas discusiones, intento que se torne en un intercambio de ideas, un ejercicio dialéctico donde se escuchen, se expongan y se rebatan esas ideas, y aunque al final del debate los exponentes sigan abrazando sus creencias, lo que sí se garantiza con un debate civilizado y con apertura a escuchar analíticamente los argumentos de la contraparte es que por lo menos estos exponentes obtendrán una visión más amplia de las ideas contrarias a las propias. En conclusión el debate, alegata, discusión (como se le guste llamar) con argumentos sólidos y no sólo tratando de “ganar” e imponer la opinión propia, sino siempre con el objetivo de buscar la verdad o lo que más se acerque a ella, finalmente enriquece el intelecto.

Desafortunadamente en esta sociedad sonorense es difícil coincidir con gente que acceda a este tipo de dinámica, cada quien ostenta sus verdades absolutas y es un oprobio personal el contradecirlas, en algunos casos el simple hecho de cuestionarlas genera una reacción colérica. Somos una sociedad hipercrítica de todo y de todos menos de nosotros mismos.

Cuando un automovilista hace sonar su claxon encabronado por la casi envestida errática de otro conductor, este último es muy probable que reaccione igualmente enfurecido porque piensa que el otro debió haber actuado de manera más tolerante y no haber reaccionado iracundamente porque no hubo intención de impactarlo, solo fue un descuido. Pero si invertimos a los automovilistas en la misma escena, la probabilidad de que reaccionen de la misma manera es altísima.

Este sencillo ejemplo es un espejo del tipo de sociedad que somos, la crítica no da pie a un cuestionamiento interno sino que activa un mecanismo instintivo de negación y agresión. En otros países o en nuestro propio México presentadores de ideologías y empresas rivales se sientan a debatir al aire, no están de acuerdo pero reconocen el derecho mutuo de la opinión y celebran sus diferencias con el debate.

Nosotros los sonorenses hemos construido una sociedad simplista preocupada enormemente por la imagen de los envases y no tanto por lo nutritivo del contenido ideológico que guarda dicho recipiente, burbujas vacuas que al menor pinchazo de cuestionamiento revientan en desagrado e incomodidad porque se exhibe el vacío de ideas.

Propongo empezar a gestar una sociedad alegadora, porque en las contradicciones encontraremos una parte inseparable de toda cultura humana. En realidad las discordancias son los motores de la cultura, responsables de la creatividad y el dinamismo de nuestra especie.

Y qué mejor como lo expresa el historiador israelita Yuval Noah Harari en su excelsa obra literaria “De animales a dioses”: “Así como cuando dos notas musicales discordantes que se tocan juntas obligan a una pieza musical avanzar, la discordancia en nuestros pensamientos, ideas y valores nos fuerzan a pensar, reevaluar y criticar. La consistencia es el campo de juego de mentes obtusas”.

Por: Aarón Tapia, Hermosillense, amante del sarcasmo y de la buena polémica para el debate. Conductor de La Tertulia Polaca/Ensalada de Tópicos.

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Las simulaciones de los medios de comunicación

Las simulaciones de los medios de comunicación

“El Astillero”, del escritor y novelista uruguayo Juan Carlos Onetti, es una novela escéptica y poco esperanzadora. Es una historia de una comunidad llamada Santa María donde se encuentra un astillero que dio gran prosperidad a ese lugar y que al cabo del tiempo quebró y quedó en ruinas, abandonado, pero sus pocos habitantes se entramaron en una fantasía en la que seguía siendo el gran astillero con muchas concurrencias de proyectos y de renovaciones.

En la trama existen dos personajes, el gerente técnico y el gerente administrativo, quienes simulaban como si realmente tuvieran trabajo, maquinaria, personal y llegaban a las oficinas totalmente abandonadas y maltrechas, pero jugaban como si las cosas funcionaran realmente bien, como en algún tiempo lo fue, pero realmente vivían de vender como fierro viejo lo que quedaba de la maquinaria.

Esta novela me parece que refleja una realidad de lo que hoy sucede en los medios de comunicación de Sonora y su periodismo: el paraíso de la simulación, un gran engaño.

La credibilidad del periodismo sonorense se encuentra en ruinas como el Astillero de Santa María, la causa de esto es que, a petición de su cliente principal (poderes oficiales y fácticos), su materia prima no es de calidad y cotidianamente tratan de engañar a sus consumidores finales (ciudadanos), fingiendo entregar un producto de la mejor calidad, cuando en realidad es un producto chatarra con materia prima diluida y/o distorsionada que no sirve de nada, esa materia prima es la información. Al igual que en la novela de Onetti, simulan con proyectos y renovaciones periodísticas, pero en realidad circulan por los espacios de comunicación los mismos fierros viejos muy oxidados.

En el mundo lo que más abunda es el agua y la información y en ambos casos la mayor parte se encuentra congelada, contaminada y no es potable, es decir, son inútiles. Así es como el común denominador del periodismo sonorense muestra su relación que este tiene con su medio de comunicación. Acá en Sonora el periodismo no es el cuarto poder, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo… y no sabemos en qué lugar lo podríamos colocar.

En Sonora la libertad de prensa está sujeta a los intereses de los propietarios y directivos del medio de comunicación y sin la voluntad de estos, no hay tal libertad. Los grandes medios sólo se basan en un modelo de negocio sin importar la ética de responsabilidad social. De esta manera, al ciudadano se le cercena ese derecho constitucional que emana del artículo sexto, que es el derecho a la información.

Aunado a todo esto, existe una doble precariedad en los medios de comunicación, la anquilosada y normalizada precariedad laboral y la precariedad de dignidad. La primera provoca en los periodistas la autocensura para preservar su trabajo, pero, con sus derechos laborales pisoteados, quedando así, atados a los ya mencionados intereses de propietarios y directivos; la segunda es su prostitución y “sicariato” a cambio de convenios tanto oficiales como clandestinos, lo que coloquialmente se le conoce como chayote. Dicho de otra manera, convertirse en una especie de drenaje de la comunicación social de políticos y empresarios, donde hay algunos que ganan mucho dinero.

Son dos situaciones muy distintas, pero, al final coinciden en hacer un periodismo de muy baja calidad. Si queremos que el periodismo no solo sea relaciones públicas, tenemos que pugnar porque los medios de comunicación no estén centrados y cooptados en el poder. Así con estas condiciones, los medios de comunicación jamás podrán ser (ya no digamos contrapoder), ni siquiera un elemento de vigilancia a ese poder.

Si queremos erradicar la grotesca simulación en las regulaciones de los convenios publicitarios gubernamentales y legislativos es necesaria la presión ciudadana. Una presión que detone la voluntad política para crear los mecanismos pertinentes y necesarios para regular el reparto de los recursos de manera equitativa y transparente en los medios de comunicación, porque hoy en día solo sabemos que se reparten cantidades exorbitantes de dinero del erario pero no bajo que criterios.

También estamos ante una situación donde la ciudadanía ha tenido una responsabilidad histórica, porque no hemos sabido organizarnos para defender y reclamar el derecho a la información de calidad que es la base de una sana democracia.

Podríamos considerar que existen cinco servicios públicos que son esenciales y que todo gobierno debe garantizar a su ciudadanía: Salud, educación, seguridad pública, justicia y la información. Mientras esto no lo defendamos, ¡estamos jodidos!

¿Por qué no iniciar una alfabetización mediática? Podríamos empezar por incluir en el sistema de educación en todos los niveles, desde primaria hasta universidad, los estudios enfocados sobre el conocimiento de los medios de comunicación, con el objeto de formar ciudadanos con capacidad crítica que nos haga capaces de discernir la necesidad de reivindicar nuestros derechos de las audiencias. De esta manera se empezaría a gestar una sociedad donde los ciudadanos controlarían al poder y no el poder a los ciudadanos.

Pero hay que reconocer qué si existen medios de comunicación y periodistas (pocos, pero los hay), que son verdaderamente independientes y que hacen un trabajo encomiable, se esfuerzan día a día por dignificar el periodismo y que en estos momentos de cambios tecnológicos e irrupción del internet en el periodismo y medios de comunicación, representan una oportunidad y esperanza de transformación periodística desde la trinchera de la libertad de expresión, pero insisto, deben ser apoyados por la ciudadanía.

Cierro con una anécdota ocurrida a finales de los sesentas, en el transcurso de un debate en Alemania, donde quien fuera el Primer Ministro alemán, Willy Brandt le reclama al poderosísimo Secretario de Estado de los EEUU, Henry Kissinger, de planear y promover la privatización de las televisoras en la República Federal Alemana. Kissinger lo negó categóricamente, argumentando que las televisoras privadas supondrían el final de la democracia alemana.

Esta anécdota revela como, no hace mucho tiempo, era una idea de gran consenso que la mercantilización (prostitución en su gran mayoría) de los medios de comunicación suponía una amenaza a la calidad democrática. Hoy damos cuenta de que no estaban nada errados.

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Sonora, una sociedad con Síndrome de Estocolmo

Sonora, una sociedad con Síndrome de Estocolmo

El periodista, político y filósofo italiano Antonio Gramsci describía al poder enquistado como un bloque hegemónico, un híbrido, una mezcla históricamente variable de dominación y hegemonía, esto es, el grupo dominante ejerce el poder sobre los grupos subalternos no únicamente con el control de los aparatos represivos, sino también haciendo uso del sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación, lo que hoy se le llama “soft power” (poder blando) al cual también podríamos agregar el poder económico empresarial, para así ejercer una hegemonía cultural y lograr el dominio más efectivo y neutralizador: el dominio de pensamiento.

Todos estos aparatos van creando en los ciudadanos una percepción de normalidad y cotidianidad, de cómo deben ser y hacerse las cosas. Posibilitan la “oposición” política hasta cierto límite, controlándola mediante la cooptación de las dirigencias de estos partidos, posibilitan el juego democrático de la elección electoral (porque el voto ha sido muy bien educado y dominado) y ciertos medios críticos; permiten las manifestaciones y protestas ciudadanas y sindicales porque son como válvulas de escape donde los inconformes liberan la presión y aligeran las tensiones, así mantienen la olla hegemónica bien aprisionada.

En este contexto la sociedad sonorense se encontraba presa de una hegemonía bipartidista (PRI y PAN) que es la encargada de producir las expresiones finales del bloque hegemónico. Es decir, estos partidos son los representantes y ejecutores oficiales del cacicazgo sonorense.

La llegada de Morena y su 4T al poder suponía un rompimiento con esta hegemonía y sus prácticas, pero sus gobiernos municipales y sus dirigencias municipales y estatal siguen replicando las mismas prácticas hegemónicas y en muchos casos han sido aliados de este bloque hegemónico.

Aunque no existen investigaciones serias de cómo y porqué somos como somos los sonorenses y cómo podemos cambiar, sabemos que nos cautiva hablarnos al espejo, pues ante nuestro vacío de ideas nos producen terror y reacciones coléricas las confrontaciones ideológicas, lo cual nos ha instalado en un letárgico reposet irreflexivo de nuestro modus vivendis. ¿Hacia donde vamos? ¿Quién o quienes nos llevan? ¿Qué queremos? ¿Para qué y por qué lo queremos?

Son ínfimos los sectores que ofrecen alternativas críticas al pensamiento dominante de esta somera cosmovisión norteña, auto seducida por su regionalismo ramplón de la carne asada y para los 45 grados ¡un chingo de cerveza! Somos de voz alzada porque imaginamos que evocamos las infernales temperaturas desérticas que queman a quien se nos pone enfrente con pose retadora. Una jactancia por demás fantasiosa que mitiga nuestra realidad agachona y aborregada.

En el ámbito empresarial es nula la innovación en términos de ofrecernos una concepción de vida alterna a la que vivimos, somos replicadores de conceptos de negocios, un capital nativo muy vinculado a los presupuestos gubernamentales y sirviente de los capitales transnacionales para repetir culturalmente desde el punto de la producción, servicios y economía, de lo que se debe hacer. De tal manera que la vida del sonorense no tiene otro sentido más que el consumismo y en los asuntos torales de la sociedad como la política y la cultura, no vale la pena inmiscuirse: “la política es un cochinero y lo cultural es aburrido y para gente muy culta, no es para cualquiera”. Una inyección anestésica al pensamiento crítico, muy efectiva para la exclusión ciudadana de la participación política.

La gran mayoría de los medios de comunicación en Sonora han vivido en una permanente pasión en concubinato presupuestal con este bloque hegemónico. La idea dominante del periodista sonorense respecto a la prensa es el negocio, la noticia vuelta mercancía que distorsiona la realidad y, como toda mercancía, se vende y se compra su envoltura. Se puede comprar al medio y al vocero o escribano que la propaga, arropando al pie de la letra la regla de oro del mercado libre: todo se puede comprar y vender. Muy alejado del concepto periodístico de George Orwell: “Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas”.

Por su parte la clase gobernante ha abrazado convenientemente como parte del manual de comunicación social la frase del expresidente José López Portillo: “No pago para que me peguen”. Sintiéndose propietarios del presupuesto del erario, soslayan que solo son administradores y han convertido esta frase en un arma sumamente letal para el sometimiento de los medios de comunicación y estos, a su vez, priorizan el lucro sobre la ética de responsabilidad social. Así han perpetuado un estado de apariencia democrática donde la regla regidora es la simulación por encima del estado de derecho, un estado de derecho que ya no espanta a nadie, porque solo las vendettas políticas son las que castigan a aquel alfil político que quebrante no las leyes que emanan de la Constitución, sino las normas impuestas por el bloque hegemónico.

La hegemonía política, cultural y de pensamiento a la que hemos sido subyugados, es parte de lo que ha provocado que en esta entidad las desigualdades económicas se ensanchen y las oportunidades culturales se estrechen. Pero los ciudadanos sonorenses podríamos encontrar una esperanza en lo que el filósofo francés Michel Foucault nos dice: “donde hay poder hay resistencia al poder”.

¿Por qué no iniciar una resistencia activa? Una que implique un desarrollo de todas las fuerzas que posibiliten el enriquecimiento humano y material, mediante una mayor organización y participación ciudadana en las agendas políticas.

Las asociaciones civiles tendrían que sacudirse su sopor de tibieza, para montarse en una intensa estrategia de comunicación que convoque la alianza ciudadana para exigir verdaderas rendiciones de cuentas, así mismo tomar posturas verosímiles y frontales de contrapeso ante las estructuras gubernamentales y, ¿por qué no? el apoyo ciudadano al fortalecimiento de las militancias de base de los partidos políticos para que hagan valer su condición democrática, que sea la ciudadanía quien verdaderamente decida con su voz y voto sobre la vida interna de los partidos, para que ayuden a Sonora ha despojarse de las cadenas que nos atan a este decadente Síndrome de Estocolmo con el sistema hegemónico.

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El rancho del suegro de la gobernadora Claudia Pavlovich

El rancho del suegro de la gobernadora Claudia Pavlovich

La crisis que actualmente sufre la política en todo el mundo es por la asociación que la política convencional tiene con la corrupción, impunidad, simulación y servilismo a las élites financieras y la gran fábula de presentar a los aparatos de democracia representativa y sistemas anti-corrupción como elixir para los grandes males sociales y económicos.

Estos aparatos se encuentran desgastados porque la realidad los exhibe como opacos, escurridizos y no solo son inútiles para frenar la voracidad de corrupción, sino que siguen engrosando una burocracia de por sí obesa e inoperante.

En Sonora los grandes referentes de está realidad opaca y escurridiza en tres de los últimos cuatro sexenios han sido y siguen siendo los ranchos ligados a los gobernantes en turno: Armando López Nogales y “El Amole”; Guillermo Padrés y el “Pozo Nuevo”; Claudia Pavlovich y “Las Norias”.

El rancho “Las Norias”, propiedad original de Sergio Torres Serrano, padre de Sergio Torres Ibarra, esposo de la Gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, ha contado con una fuerte inversión en infraestructura en lo que corresponde al área de la casa principal entre 2015 y 2019, período en qué Pavlovich Arellano se ha desempeñado como la ejecutivo en el poder gubernamental estatal.

Si se comparan las fotos obtenidas de los años 2003, 2009 y 2015 de la plataforma Google Earth (que se muestran al final de esta columna), se puede apreciar claramente que era un rancho relativamente común y corriente para la zona, ubicado en el kilómetro 45 de la carretera  Hermosillo-Mazatán. El único cambio que se había registrado en todos estos años fue en el 2015, ya habiendo sido Palvovich Senadora y después candidata a la gubernatura.

Maquinaria pesada pavimentó aproximadamente un kilómetro de la antigua brecha de tierra que conecta la carretera con la casa principal. En ese lapso, ya en tiempos de campaña electoral, se había cuestionado a la entonces candidata su relación con “gestiones especiales” que llevaba a cabo ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con el fin de modificar las bases de licitación para que empresarios cercanos al priísmo y a las élites locales pudieran concursar sin demasiado problema las obras de remodelación de la Carretera Federal de 4 carriles.

En grabaciones dadas a conocer en redes sociales y por las cuáles el Comité Ejecutivo Estatal del PAN interpuso denuncias la Procuraduría General de la República (PGR), las cuales nunca prosperaron, se evidenciaba la intervención de la entonces Senadora con un subsecretario de la SCT para que los constructores locales pudieran acreditar la solvencia para concursar. Esto, se adujo, era en beneficio de los sonorenses pues así empresas de Estado podían quedarse con las obras de infraestructura.

Como se puede apreciar claramente en las fotografías satelitales, el cambio en el viejo rancho del suegro de la Gobernadora fue espectacular después de que Claudia Pavlovich tomará el poder en el 2015, justo de lo mismo que se acusó al ex gobernador Guillermo Padrés, quién construyó una presa en su rancho “Pozo Nuevo” durante su sexenio, algo que generó una gran suspicacia en cuanto a la posible utilización de recursos públicos en esta obra para beneficios particulares y que dañó severamente su imagen, además de la afectación de los pobladores aledaños.

Habitantes del ejido de Bacanuchi señalaron que la disponibilidad de agua bajó desde la llegada de Padrés al Gobierno de Sonora y con la construcción de una presa. También señalaron que el rancho se fue transformando pues, en cuatro años, la propiedad pasó de ser un agostadero con mezquitas a una huerta agrícola electrificada con una presa particular, donde además se dijo que había 300 hectáreas de nogal alimentadas con sistema de riego por goteo.

En el caso del rancho “El Amole”, propiedad del ex gobernador Armando López Nogales, el escándalo se detonó porque la adquisición de éste fue en plena administración del priísta con un costo millonario. Jamás quedó en claro de dónde salió el recurso financiero para comprarlo. Este tipo de acciones parecerían haber sido emuladas por Pavlovich Arellano y familia.

En las imágenes, se puede apreciar, a simple vista, un drástico cambio en el rancho; se aprecia la construcción de al menos cuatro residencias amplias y modernas. También la construcción de tres complejos de departamentos (posiblemente) para invitados, dos de los cuales ya están concluidos.

A la casa principal se le observa un segundo piso con todas las comodidades, así como un pequeño lago artificial ubicado aproximadamente a unos 30 metros de esta residencia principal. Alrededor se pueden ver al menos 5 casas pequeñas al parecer destinadas al personal que labora en el rancho, todo esto edificado después del 2015. Tema aparte es la gran cantidad de cabezas de ganado que también se pueden apreciar en la tomas aéreas, así como las recurrentes voces que señalan que varios ranchos han sido obtenidos a lo largo y ancho de la Entidad.

La pregunta obligada ante toda esta repentina suntuosidad de infraestructura en el rancho “Las Norias” es: ¿Cuál es la explicación de lo que no se hizo en por lo menos 12 años con toda esta opulenta inversión en su infraestructura, si se ha realizado en tan solo cuatro años coincidentes con la llegada a la gubernatura de Claudia Pavlovich?

Las Norias 2003

Las Norias 2009

Las Norias 2015

Las Norias 2019
Las Norias 2015-19
Panorámica actual, otro ángulo.

Por: Aarón Tapia, Hermosillense, amante del sarcasmo y de la
buena polémica para el debate. Conductor de La Tertulia Polaca/Ensalada de Tópicos.

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Fiscalía Anticorrupción: el instrumento favorito para la represión

Fiscalía Anticorrupción: el instrumento favorito para la represión

La relación entre periodismo y poder será siempre conflictiva y existen buenas razones para ello. La fundamental es la vocación del periodismo por incomodar a quienes detentan el poder.

El periodismo hurga, indaga, escarba, analiza, interpreta a partir de su documentación y difunde el ejercicio de poder y sus excesos. El poder se opone y reprime a las indagaciones del periodismo y si le es necesario trata de  fulminarlo.

El acoso que hoy vive el periodista Luis Alberto Medina por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), nos vuelve a reafirmar para que fue creada. La FAS ha sido el instrumento favorito del gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, para perseguir, acosar y en algunos casos congelar a sus adversarios políticos y a quienes evidencian las graves fallas de su gobierno, un gobierno con una pésima gestión que está llevando a la entidad a niveles catastróficos en los rubros más sensibles, aquellos en los que es imprescindible mantener un nivel aceptable para que prevalezca el bienestar social de sus habitantes.

El Fiscal Anticorrupción de Sonora, Odracir Espinoza Valdéz.

El uso faccioso de la FAS ha sido de manera recurrente; de los casos más aberrantes, el de Jorge Morales Borbón, ex secretario de comunicación social en el sexenio de Guillermo Padrés, que fue privado de su libertad y enjuiciado por el delito de extorsión. Luego quedó al descubierto que la denuncia fue interpuesta por una persona en situación de pobreza, Alberto del Cid Carmelo, que en ese entonces contaba con 76 años de edad y quién declaró que él no sabía que había firmado una denuncia por extorsión. Aclaró haber firmado “esos papeles”, porque un vecino le ofreció $1,400 para hacerlo, pero, sin explicarle del contenido.

La intromisión en la Universidad de Sonora. Javier Quintanar Gálvez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), denunció por supuesto ejercicio y uso indebido de atribuciones, peculado y enriquecimiento ilícito en contra del entonces rector de la Universidad de Sonora, Heriberto Grijalva Monteverde, y que, además, también involucraba al otrora secretario académico y actual rector Enrique Velázquez Contreras (en ese momento contendiente a rector) y a la secretaria de finanzas, María Sánchez Soto.

La denuncia se presentó el 16 de enero de 2017, justo en los tiempos que se llevaba a cabo el proceso para designar al nuevo rector. Tres días más tarde irrumpió en rectoría personal de la Fiscalía con toda espectacularidad ante medios de comunicación para entregar un oficio que solicitaba información financiera de esta universidad.

Esa denuncia no prosperó y el protocolo de acción de la FAS sólo evidenció que el Gobierno del Estado trató de amedrentar al ex rector Grijalva y al contendiente Velázquez para tener injerencia en la designación del nuevo rector.

El 27 de junio del 2018, a tan solo 4 días de la jornada electoral, la FAS citó a declarar a Edgar Hiram Sallard quién era el representante ante el Comité Municipal Electoral de Célida López Cárdenas, candidata de Morena a la alcaldía de Hermosillo. Lo citaban para rendir declaración sobre supuestos actos de corrupción en su gestión como director general del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora en el sexenio padrecista. Otro caso más que no prosperó y que evidenció claros tintes intimidatorios para tratar de obtener lucro electoral.

Ahora la FAS es utilizada para tratar de inhibir y coartar el libre ejercicio periodístico del noticiero Proyecto Puente y de su conductor y director Luis Alberto Medina (que a últimas fechas ha sido un crítico constante del gobierno de Pavlovich), atendiendo una denuncia anónima hecha por supuestos militantes de Morena (lo cuál fue desmentido por la dirigencia estatal y el grupo parlamentario de ese partido) enviada al correo electrónico de la FAS. En esta denuncia se acusa a Medina de recibir supuestos “moches”, sin el más mínimo sustento. Aún así la FAS citó al periodista a declarar.

El Fiscal Anticorrupción Odracir Espinoza Valdéz representa un caso más de ese trampolín fallido que catapulta de la sociedad civil organizada a la burocracia, de esa ambición desmedida por la ostentación del poder pero que termina desnudando el verdadero perfil de alguien que no está preparado ni en lo profesional ni mucho menos éticamente para saber que hacer con el poder y termina siendo solo parte de la servidumbre de un sistema político podrido y una pieza desechable que sería muy probable pudiera ser utilizado como moneda de cambio para el llamado séptimo año.

La FAS, juicios sin juicio.

Al término de este sexenio Odracir Espinoza quedará en situación de extrema vulnerabilidad y máxime si el triunfo electoral queda en manos de la oposición, lo cuál, hoy por hoy parecería ser lo más probable. Según opiniones que he recogido de connotados abogados, Odracir ha incurrido en numerosos hechos que pueden ser constitutivos de delitos, en casos dónde sin ningún sustento evidencial ha girado citatorios y eso se traduce en abuso de poder. El audio que fue difundido en noticieros y redes sociales donde el Fiscal Anticorrupción que, sin ningún dato de prueba de desahogo y sin aún llamarlos a entrevista, asevera qué hay elementos para proceder contra Luis Alberto Medina y Jesús Moya Grijalva, Auditor Mayor del ISAF, se puede materializar el delito de abuso de autoridad, pero además puede decirse qué hay acoso e intento de coartar la libertad de prensa. El solo audio demuestra porqué esta investigación no existe.

Por otra parte ya se interpuso una demanda civil por daños a la moral, exhibición pública y violaciones al debido proceso de Jorge Morales Borbón (número de expediente 99/2018), contra Odracir Espinoza y el Gobierno del Estado.

Es evidente que a la actual administración estatal le preocupa y ocupa más aquello que se publica en los medios de comunicación que solucionar lo que aqueja a la ciudadanía sonorense. Ello refleja el síntoma de gobiernos que ejercen la política de rímel, aquella que busca apaciguar a la opinión pública a través de políticas y leyes intrascendentes que tienen una fecha de expiración pronta, pero cuando esta no les alcanza, se activan sus reflejos entrañables de la represión. Porque dominan el embrutecimiento de la superficialidad por instinto. Pero sus embrutecimientos éticos, les atrofia la noción del bien y del mal. El bien para ellos es lo que se ajusta a sus conveniencias y el mal, lo que las contraría, lo que displace y les quita la tranquilidad.

El karma no tiene menú, te servirá lo que mereces… un adagio justiciero que será una sombra inseparable y amenazante para Odracir Espinoza.

Por: Aarón Tapia, Hermosillense, amante del sarcasmo y de la
buena polémica para el debate. Conductor de La Tertulia Polaca/Ensalada de Tópicos.

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Claudia Pavlovich exige a AMLO que solucione su propia irresponsabilidad

Claudia Pavlovich exige a AMLO que solucione su propia irresponsabilidad

La Gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich le profirió la siguiente petición al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en su reciente visita a Hermosillo:

“Le encargó mucho lo de las tarifas, la gente no puede de veras pagar más, la gente necesita que le ayuden con el tema de las tarifas eléctricas necesitamos ese apoyo”.

El 16 de agosto del pasado año 2018 se firmó un convenio denominado CFE-Gobierno del Estado. Fue un acuerdo para que en todo Sonora se aplicara en el consumo doméstico de electricidad la tarifa 1F, que subsidia en verano (del 1 de mayo al el 31 de octubre) hasta 2,500 kilowatts-Hora (kwh) mensual a cada usuario.

Este convenio entró en vigor a partir del 22 de agosto de ese mismo año, resultando Nogales, Agua Prieta y Cananea entre los municipios más beneficiados, ya que estos se encuentran colocados en la tarifa 1A, a la cual en verano solo le subsidian 300 kwh. al mes.

¿Cómo sitúan a cada localidad en los rangos tarifarios de subsidios establecidos? Es a través del promedio de temperatura anual, entre más alto sea el promedio de temperatura en determinada zona, la tarifa correspondiente subsidia mayor cantidad de kwh para consumo doméstico y viceversa con los promedios de temperatura más bajos.

Esto se debe a que el subsidio federal varía dependiendo de la región, bajo la premisa que en algunos lugares con temperaturas altas se utiliza más electricidad, debido al uso para enfriar el ambiente. Por lo tanto, estas zonas tienen un mayor subsidio. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público es la encargada de fijar las tarifas de subsidio.

Existen ocho tipo de tarifas domésticas, de las cuales siete son subsidiadas en verano. Siendo la tarifa 1 (promedio de temperatura anual menor de 25º) la de menos kwh subsidiados con 250 y la 1F (promedio anual de 33º) con 2,500 kwh subsidiados. El servicio doméstico de alto consumo (DAC) es el único que no cuenta con el subsidio de verano, este se aplica cuando el consumo mensual (o bimestral) promedio registrado en los últimos 12 meses sobrepasa el límite establecido por la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Por ejemplo, en el caso de la tarifa 1F, el límite es de 2,500 kwh/Mensual, si el promedio de consumo de un usuario con tarifa 1F es de 2,501 kwh hacia arriba, cae en la tarifa DAC.

La gobernadora Claudia Pavlovich en agosto del 2018 anunció que había gestionado con éxito ante el Secretario de Energía Pedro Joaquín Codwell (aún era el sexenio de Enrique Peña Nieto) y ante la CFE, para que se aplicara la tarifa 1F en todo Sonora en consumo doméstico, es decir, todos los municipios que no eran subsidiados con tarifa 1F, ahora pasarían a esa tarifa y es ahí donde radica la irresponsabilidad de la gobernadora.

Para que a una localidad la puedan transferir de una tarifa a otra, tendría que modificarse el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, lo cuál se debió gestionar ante diputados federales para que fuera propuesto a través de una iniciativa en la Cámara de Diputados para ser votada y en el caso de su aprobación, ratificada por el Senado, lo que significa algo sumamente complejo que no se resuelve en unas cuantas semanas.

El convenio solo estipulaba que el Gobierno del Estado subsidiaría a las localidades que no contaran con el subsidio de la tarifa 1 F. Ejemplo: Nogales corresponde a la tarifa 1A, cuenta con un subsidio de 300 kwh en verano, a partir de los 301 kwh de consumo y hasta 2,500 kwh  (que es el límite de subsidio para la tarifa 1F), sería aportación del Gobierno del Estado, es decir, subsidiaria hasta 2,299 kwh mensual por cada usuario.

Pero el problema es que oficialmente municipios como el mismo Nogales, Agua Prieta y Cananea nunca dejaron de pertenecer a la tarifa 1A y al anunciar el gobierno estatal que a partir del 22 de agosto del 2018 se les subsidiaría la misma cantidad de kwh que a los municipios con tarifa 1F, los usuarios de estos municipios elevaron su promedio anual de consumo, sobrepasando su límite de 300 kwh y por ende, cayeron a la tarifa DAC y de un cobro por consumo básico de $ 0.583 por kwh pasaron al cobro de alto consumo de $5.12, lo que se traduce a un incremento del 879%.

Previo a la firma de este convenio se crearon mesas de trabajo con comitivas tanto de CFE como del gobierno del estado, donde los funcionarios federales les advirtieron a los burócratas estatales lo que a todas luces sucedería en cuanto a la alza en el promedio anual de consumo de electricidad, pero el gobierno del estado de manera negligente no prestó atención a la advertencia ni tampoco proporcionó este tipo de información a la ciudadanía, por el contrario, siempre dejaron entrever irresponsablemente que todos los municipios de Sonora ya se situaban en la tarifa 1F.

Ante la complejidad del tema por su marcada rigidez técnica que lo vuelve complicado para su comprensión a nivel de masas, los adversarios políticos del Gobierno Federal, incluyendo al gobierno de Sonora, han estado tratando de obtener lucro político, haciendo ver de manera tergiversada que los responsables de esta estratosférica alza de la energía eléctrica en esas localidades es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la CFE, pero López Obrador ni siquiera había entrado en su función presidencial cuando se firmó el convenio CFE-Gobierno del Estado (16 de agosto del 2018).

Una burda política de rímel del gobierno de Sonora que solo pretende cubrir las imperfecciones de su propia ineptitud y demagogia que le ha caracterizado durante toda su gestión.

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Arrendamiento de camiones recolectores de basura, de las incongruencias de la 4T hermosillense

Arrendamiento de camiones recolectores de basura, de las incongruencias de la 4T hermosillense

Guardando las debidas proporciones (sobre todo en los montos), la operación para llevar a cabo el contrato del arrendamiento de 30 camiones recolectores de basura para Hermosillo con un evidente sobreprecio, tiene tintes muy similares a como el trienio pasado de Maloro Acosta operó para que se diera la concesión leonina del servicio de alumbrado público.

Irónicamente hoy el gobierno municipal lidereado por Célida López emprendió una guerra jurídica contra la empresa concesionaria ConLuz Hermosillo para anular dicho contrato.

El servicio público del municipio mejor evaluado por la ciudadanía, la recolección de la basura, de pronto se volvió deficiente al inicio de este trienio, al igual que en el 2015 con Maloro el alumbrado público era el segundo mejor evaluado, pero ya para el 2016 el 65% de las luminarias ya no funcionaban. ¿Ineptitud o premeditación?

Contratos.

Desde el proceso de licitación las cosas se tornaron de forma enrarecida y poco transparente. La licitación se dio a conocer sin la menor intención de cumplir con el principio de la máxima publicidad como lo establece el artículo sexto de nuestra Constitución mexicana, publicándose solo en un medio de comunicación de trascendencia estatal, el periódico El Imparcial.

El resultado de esta ínfima publicación fue que solo tres empresas se inscribieran en el proceso: Clear LeasingPlataformas de Toluca y Lumo Financiera del Centro; sin embargo, estas dos últimas no presentaron la propuesta económica. Eso dejó libre el camino para que Clear Leasing resultara ganadora de esta licitación con la oferta de $145,584,292 el cual deberá ser cubierto en 30 mensualidades de $4,852,809 . Según lo declarado por la alcaldesa ante medios comunicación, el acuerdo incluye una opción de compra al finalizar los 30 meses de arrendamiento por un monto adicional del 10% del valor original de las unidades, aunque en el dictamen relativo a dicho contrato no se especificara por ningún lado esa opción de compra.

Según la propia presidenta López Cárdenas, el costo de cada unidad es de 2 millones 200 mil pesos si se compraran los 30 vehículos al contado, lo que sumaría un monto de 66 MDP. A esto se le agregaría la suma de 9.92 millones por el concepto de seguros de cobertura amplia por tres años y 4.7 millones de servicios preventivos estimados por tres años, es decir, se pagaría una cantidad total de $80,618,000.

Esto nos indica que con el contrato que fue firmado por 145 millones el Municipio pagará 80.6% de intereses con una tasa anualizada de más del 50% y en números totales, casi 65 MDP, esto es, solo de pago de intereses la cantidad casi equivale a lo que costaría la compra al contado. En términos financieros, es algo desproporcionado y fuera de los rangos reales del mercado para arrendamiento vehicular, pues este oscila entre el 8 y 15% en tasa anualizada.

Tomando de referencia las mismas cifras proporcionadas por el Gobierno Municipal sobre los costos de las unidades, los seguros de cobertura total y los servicios preventivos estimados por tres años y haciendo con ellos un cálculo con los valores reales de mercado, tomando una tasa anualizada del 15%, nos resulta que la suma a pagar debería ser poco más de 103 MDP. Advertimos entonces que existe un sobreprecio que asciende a por lo menos 42 MDP .

Ante este desaseo contractual hubo expresiones y señalamientos de inconformidad de ciudadanos expertos en materia financiera e incluso de regidores correligionarios de la alcaldesa. Hubo reuniones entre funcionarios de primer nivel municipal con este grupo de ciudadanos, mismo que les presentaron alternativas mucho más viables y económicas, tanto para la compra como para el arrendamiento vehicular. Inclusive se acordó con estos funcionarios una reunión expositiva con el subdirector nacional de Banamex para proponerles varias alternativas de crédito mucho menos costosas que la adquirida con Clear Leasing. Al final prevaleció la cerrazón en estos funcionarios y dejaron plantado al banquero.

En la sesión de Cabildo donde se aprobaría el contrato de arrendamiento con Clear Leasing, súbitamente se presentó el Tesorero del municipio Martín Alberto Azpe para dar a conocer los resultados de una supuesta renegociación donde según el Tesorero se logró una serie de mejoras en el contrato, lo que reflejaría un ahorro de 25 MDP, es decir, consiguió rebajar la cantidad total a pagar de 145 a 120 millones. Esta misma información fue replicada por el tesorero Azpe en medios de comunicación.

Pero he aquí que el supuesto ahorro de 25 millones no se refleja en el nuevo contrato de arrendamiento vehicular, pues dicho documento me lo hicieron llegar un grupo de militantes de Morena, que a su vez, integraron una comisión del Comité Municipal de ese partido para solicitar ante el Ayuntamiento copia de este contrato (el cuál podrá ver en parte al término de esta columna). En este se puede apreciar claramente que el monto a pagar es exactamente el mismo que desde un principio se estipuló, es decir, $145,584,292 en 30 mensualidades de $4,852,809 y no en 120 millones y mensualidades de 4 millones producto de la supuesta renegociación, versión que fue presumida por el Tesorero y la propia alcaldesa en un video difundido a través de las redes sociales el 18 de diciembre del 2018, el mismo día que en cabildo se aprobó celebrar este contrato.

Gracias a todos los regidores que hoy, con responsabilidad y gran amor por Hermosillo, deciden votar a favor la solución para tener 30 camiones recolectores de basura nuevos que serán patrimonio para la ciudad. Mi reconocimiento por su estatura política.

Posted by Célida López on Tuesday, December 18, 2018

Con esta falsedad de declaraciones, tanto la Presidente municipal Célida López como el Tesorero Municipal Martín Alberto Azpe cometen el delito de ejercicio indebido o abandono del servicio público, violando así el Artículo 184 en su fracción IV del Código Penal de Sonora, en el cual se especifica que el funcionario que tenga conocimiento de que puedan resultar gravemente afectados los patrimonios o los intereses de la administración pública por cualquier acto u omisión y no lo informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades, se les impondrán de dos a siete años de prisión, multa de veinte a doscientos UMAS, destitución e inhabilitación de dos a tres años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

El Gobierno Municipal de Hermosillo lidereado por Célida López dan señales evidentes de haberse desentendido del mensaje contundente de la ciudadanía expresado en las urnas el 1 de julio del 2018, el cual fue un rotundo rechazo y hartazgo de los viejos vicios donde convierten lo público a lo privado.

No están haciendo política sino politiquería como un oficio antitético del servicio público, pues inhabilita su prerrogativa básica: la honestidad. Han adoptado el rol de mantener una pose engreída y a través de ella demostrar su poder, que solo sirve para afianzar la separación con el ciudadano. El proceso parece ir a contracorriente de las aspiraciones más idílicas de la ética: lo que otrora les alzaba la voz con tono de indignación, hoy es su forma de empoderamiento.


 

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Sonora Ciudadana AC, un semillero de políticos para el statu quo, ahora de la 4T

Sonora Ciudadana AC, un semillero de políticos para el statu quo, ahora de la 4T

A lo largo de varias décadas el discurso político se adornaba con la palabra “democracia” y se creó toda una percepción de que esta sería la solución para todos los contratiempos de nuestro complejo sistema sociopolítico, cómo si la democracia fuera un elixir mágico y no un sistema de gobierno.

La penetración de la pluralidad política en el sistema político mexicano sólo cosecharía frutos de virtuosidad cuando se convirtieran unos en los vigilantes de los otros; los actos de corrupción, impunidad, autoritarismo y la ineficiencia burocrática irían estrepitosamente a la baja y el efecto de todo esto sería un país con una comunidad de iguales.

Guillermo Noriega tomando protesta como delegado del IMSS. De redes.

Hoy resulta claro que la democracia, en efecto, resuelve algunos problemas sobretodo el de la competencia política, la alternancia en los gobiernos y la expansión de las libertades y derechos políticos entre otros. Pero también en esa dilatación de libertades los grupos de poder, principalmente las élites económicas, han sabido remar en las lagunas de una democracia incipiente. Los grupos de poder han cooptado parte de los instrumentos de contrapesos democráticos y los han transformado en un aparato de dominio e injerencia en las creaciones e implementaciones de leyes y políticas públicas acorde a sus intereses, aunque las secuelas de éstas vaya en detrimento de la comunidad.

Algunos de estos instrumentos democráticos cooptados son gran parte de las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) y, al mismo ritmo que las políticas neoliberales fueron produciendo profundas desigualdades socioeconómicas, el mismo efecto se produjo entre las asociaciones civiles, pues surgieron las Asociaciones Civiles (AC) de élite que con un fuerte apoyo económico (tanto internacional y en menor escala nacional) acapararon espacios y notoriedad en los medios de comunicación y casi monopolizaron la interlocución con los gobiernos y legislaturas en turno.

Impusieron la moda de hablar a nombre de la sociedad civil de manera monolítica, ignorando la compleja diversidad en nuestra sociedad y con el agravante de que Sociedad Civil era sinónimo de virtud. Así como nos crearon la percepción “panaceica”con la democracia, las OSC “caviar” crearon todo un concepto de moral “impoluta” a través de la palabra: “ciudadano/ciudadana”. Ahora la clase política, ante el desgaste de la palabra democracia, la sustituyó por ciudadano para aderezar su discurso.

En este contexto nace Sonora Ciudadana (SC), la AC quizás más notable que ha existido hasta hoy en esta entidad, creada por Guillermo Noriega Esparza, el ahora delegado del IMSS en Sonora.

En sus inicios esta AC abanderó nobles causas en pro de la ciudadanía, la más emblemática fue la “Rebelión de los Enfermos”. Un movimiento en que los enfermos organizados y Sonora Ciudadana definieron una serie de actividades legales y de incidencia política para derogar un artículo discriminatorio del reglamento de servicios médicos del ISSSTESON. La norma exigía que los aspirantes a convertirse en derechohabientes demostraran que gozaban de buena salud. Marcaron agenda nacional al trasladar esta campaña a otros estados de la república en los que se replicaba esta misma situación en otras instituciones de salud.

Con esta acción Sonora Ciudadana tomó gran relevancia en el estado con reconocimiento nacional, de tal manera que se catapultó como el principal interlocutor de la sociedad civil ante las instituciones estatales.

Lastimosamente Sonora Ciudadana dio un viraje abrupto y de mantenerse como la AC emblema de la sociedad sonorense con capacidad de aglutinar a otras OSC con menos peso y buscarle las salidas necesarias a distintas problemáticas ciudadanas, su entonces director Noriega Esparza sucumbió a los cantos de la sirena que produce el acercamiento íntimo con el poder.

De pronto Sonora Ciudadana se convirtió en un órgano exógeno del PRI estatal con rostro ciudadano e incluso como semillero político del statu quo, pero también como un contenedor de reciclaje de un viejo burócrata priista cómo Alberto Haaz y un militante de este partido, el hoy fiscal anticorrupción Odracir Espinoza.

Haaz Díaz, tiene una trayectoria de 30 años como burócrata en gobiernos priistas y es fundador del Instituto Sonorense de Administración Pública (ISAP), una AC que se encuentra registrada en los padrones de proveedores de varias dependencias del Gobierno del Estado. Con información extraída a través de solicitudes de transparencia, se constató que del 2005 al 2017 el Gobierno le ha proporcionado apoyo por lo menos de 28 mdp, al igual que en 2017 la Secretaría de Educación y Cultura le aportó 3 mdp. Además, el edificio donde opera el ISAP es propiedad del gobierno estatal que se lo tiene cedido en comodato.

Haaz Díaz se integró al equipo de SC desde su salida de la burocracia en el arribo del gobierno panista de Guillermo Padrés y en el 2017 fue seleccionado para formar parte del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Fue el primer presidente de dicho comité, donde se negó a investigar el caso de la estafa maestra en Telemax.

Odracir, el Fiscal. Foto: Central Informativa.

Odracir Espinoza fue el director jurídico de SC, después de haber fungido como asistente de la otrora regidora de Hermosillo y hoy gobernadora Claudia Pavlovich. Para el 2015, Odracir fue nombrado Fiscal Anticorrupción de Sonora, una fiscalía creada con el solo objetivo de perseguir a personajes “relevantes” del padrecismo, no con el ánimo de procurar justicia, sino, de espectacularidad mediática que creará una percepción de un gobierno con honestidad total y ahora los raquíticos resultados de toda esta simulación saltan a la vista.

Leticia Cuesta, ex-periodista que relevó en la dirección de SC a Guillermo Noriega después de 11 años. Habiendo pasado un corto período de 1 año 8 meses y sin haber concretado algún proyecto de principio a fin , Cuesta aceptó la invitación del partido político Movimiento Ciudadano (MC) a ser candidata al senado en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN). Sin algún mérito palpable para que el electorado pudiera considerarla como una candidata atractiva, solo le acompañó el discurso conceptual de moda, presentándose como la candidata ciudadana a pesar de competir en fórmula con un político convencional como el ex-priista Antonio Astiazarán y utilizando los recursos y las estructuras de MC y el PAN.

Guillermo Noriega ha sido aliado y cómplice del gobierno de Claudia Pavlovich. Participó en el proceso de selección para conformar el CPC del SEA, como integrante de la Comisión de Selección (CS).

Este proceso fue sumamente contaminado por la inundación de conflictos de intereses tanto de los miembros de la CS como de los seleccionados que integran el CPC, además de los procederes en la mecánica de selección: falsificaciones de firmas en las actas de sesión que actualmente se encuentran en un proceso legal, violación de leyes del SEA entre muchas irregularidades y ambigüedades más. Toda la operación dejó en claro que el CPC del SEA lo integran ciudadanos que le son convenientes al actual Gobierno del Estado y la prueba más palpable es su inoperancia. Noriega siempre defendió lo indefendible.

Guillermo también apoyo al gobierno municipal de Maloro Acosta declarándose abierta y fervientemente a favor de la concesión leonina para el Servicio de Alumbrado Público, la cual comprometió los principales recursos hacendarios del municipio de Hermosillo (traslado de dominio de bienes inmuebles y los prediales). Ahora es el delegado del IMSS en Sonora, después de haber sido detractor de López Obrador y de hacer fuertes señalamientos en redes sociales en contra de quién era el Dirigente Estatal de Morena, hoy Secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo. 

Pero lo más absurdo es que tiene en su contra una demanda laboral (Núm. Exp. 1743/18) por haber incumplido durante los 11 años la seguridad social de la empleada encargada de la limpieza de SC mientras el fungió como director de dicha AC. Si el juez da el fallo a favor de la demandante (lo cual es lo más probable por las contundentes evidencias), Guillermo Noriega como delegado será el responsable de fincar responsabilidades para sí mismo, es decir, será juez y parte, una gravísima contradicción kafkeana de la cuarta transformación.

Además de que es urgente un diálogo serio de autocrítica en la 4T de Sonora sobre la selección de perfiles para ocupar delegaciones, lo mismo se debería hacer en la sociedad civil organizada. Es necesario que se hagan preguntas sobre su papel, efectividad, posturas políticas, medios de incidencia, porque en parte el voto popular del primero de julio del 2018 fue en contra de su “moral impoluta” y sus “soluciones expertas”.

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