¿Qué pasa con esta sociedad que no asume su ciudadanía con madurez para exigir el cumplimiento de sus derechos? ¿Cuántas niñas y niños deben morir en guardería o en casa para exigir a nuestras autoridades que por lo menos cumplan la ley? ¿Por qué no vencemos el sexismo y profundizamos en las soluciones de esta problemática?
Por: Ismene Figueroa y Aldo Barrios.
El negro velo de la tragedia infantil volvió a posarse en nuestra entidad. En Magdalena de Kino tres niños y una bebé encontraron la muerte por el fuego que consumió su vivienda. Su madre trabajaba el turno nocturno en una tortillería y dejó encerrados a sus niños de siete, seis y tres años y una bebé de un año. Era madre soltera sin ningún apoyo, desde el abandono del padre.
Este incendio que cobró la vida de estos tres niños y la bebé, no sucedió en una guardería mal inspeccionada, como la guardería ABC.
Fue en una pequeña casa de cartón, material proporcionado por el gobierno. De las fotos se desprende que era una vivienda precaria, un lugar sin las condiciones para que vivan dignamente una mujer y sus hijos. A no ser, claro, que se considere digna una casa de cartón sin siquiera cumplir las necesidades básicas.
Vayan sumando otro fracaso del estado, no cumple con el servicio de guardería, ni en la ejecución del programa Vivienda Digna del FONHAPO para los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar.
De esto se deduce, además, que la remuneración de la madre, no era suficiente para mejorar la condiciones de existencia dignas para su ella y sus hijas-os, ella sola no podía brindar protección a su familia, hizo lo que pudo, pero para el estado y la sociedad eso no contó.
El Estado y la sociedad que no estuvimos antes para garantizar el acceso pleno a todos los derechos que implica el cumplimiento de las garantías constitucionales y el Pacto Internacional por los Derechos Económicos Sociales y Culturales, como el derecho a un nivel de vida, alimentación y vivienda adecuada, protección y asistencia para niñas, goce del más alto nivel posible de salud física y mental, estar protegidas-os contra el hambre y la mortalidad infantil. Aparecemos justo ahora, en el peor momento de su vida: cuando mueren calcinados sus hijas-os en condiciones inhumanas, no para ayudarle a enfrentar el duelo, sino para reclamarle, para señalarla con dedo acusador, cuando antes fue invisible para todas-os.
Bajo la actual ceguera sexista se aplicaron leyes de forma selectiva y se le culpó por ser la única persona a la vista que se hizo responsable como pudo de sus cuatro hijos. Socialmente y legalmente quedó tachada como “mala madre”.
Se le juzgó como si las autoridades realmente se hubieran preocupado por los derechos de las niñas y niños en todo este tiempo. Como si la madre de veras hubiera contado con las condiciones marcadas por el marco jurídico local y los tratados internacionales. Si fuera en ese escenario ideal, y entonces hubiera dejado a sus hijos solos, quizás podríamos hablar de alguna negligencia.
Pero no: es violencia de género en variadas presentaciones: violencia institucional ejercida por las autoridades, violencia comunitaria por los señalamientos sociales hacia la madre y muy probablemente violencia psicológica y económica por parte del padre, al no contribuir con la pensión alimenticia para sus hijas-os y en el cuidado y crianza de sus hijas-os.
Las autoridades, los medios y la sociedad, sólo señalan y persiguen a la madre, el padre queda eximido de cualquier responsabilidad. ¿O dónde están los cuestionamientos para el hombre ausente sobre la forma en que ejerció su paternidad irresponsable? Ni siquiera aparece en el imaginario colectivo, como suele suceder con nuestra cultura patriarcal.
De esta forma, se cuela la cultura machista en las personas que representan al estado, y vulneran sistemáticamente los derechos de las mujeres, y en especial de las madres solteras. Todos participamos en la discriminación por género al exigir de forma diferenciada el cuidado de las hijas-os a madres y padres. Si es hombre nos conformamos con que aporte el dinero y los saque a pasear los fines de semana; el sí puede trabajar, buscar su desarrollo laboral, dedicar más tiempo al trabajo y su recreación personal, lejos de casa. Si es mujer, es distinto, aumentamos la demanda de atención que debe tener con sus hijas-os, ella debe cuidarlos toda la semana, para eso eligió ser mamá, su prioridad no puede ser otra cosa que no sean sus hijas-os, debe renunciar al trabajo o a sus estudios “si es necesario”, no es bien visto que las mujeres inviertan su tiempo lejos del hogar y la familia.
Al actuar reforzando estas costumbres que acentúan la desigualdad entre hombres y mujeres, se viola el artículo 5 de la Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés) que es muy clara al establecer como obligación de todas las autoridades de los países firmantes, lo siguiente:
“a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos”.
Sin embargo, parece que las autoridades estatales desconocen sus compromisos internacionales respecto a la protección de los derechos de las mujeres y lo omiten olímpicamente.
En los casos con circunstancias similares y que el estado llega a tener conocimiento no hace lo indicado en las leyes estatales, federales e internacionales, ingresa a los infantes al sistema Unacari, y la madre recibe trato casi como delincuente, pero el padre ausente ni sufre, ni se acongoja; sólo a la madre se le lleva a declarar, se le manda a terapia, le arrebatan a sus hijas-os, ella padece el proceso para ver si cumple con las condiciones para dar una vida digna a los menores, cuando lo más seguro es que el estado mismo es el que ha propiciado la situación de vulnerabilidad en que se encuentran estas familias.
Esto es violencia institucional, que está definida en la Ley de acceso de las mujeres para el Estado de Sonora. Pero casi nadie lo sabe porque el estado no difunde las leyes que protegen a las mujeres, a pesar de que es su deber.
Cuando las autoridades actúan así como en este caso, sin perspectiva de género, realizan una serie de violaciones a todo el marco que protege los derechos humanos de las mujeres, incumpliendo con la Ley de Protección a Madres Jefas de Familia, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, ambas para el Estado de Sonora. Ésta última fue aprobada el 25 de septiembre de 2008, pero no se aplicó por siete años por falta de reglamento, hasta que fue publicado el pasado 10 de septiembre de 2015, emitido bajo presión en cumplimiento de LAS DOCE recomendaciones derivadas de la solicitud de Alerta de Violencia de Género para Cajeme y Sonora, impulsada por una organización civil de la Red Feminista Sonorense.
El estado nos falla de diversas maneras respecto a los derechos de las niñas-os y las mujeres. Reacciona de manera tardía e inoportuna, y en vez de que haya una respuesta sororal y solidaria a la madre en duelo, socialmente se castiga sin escrúpulos a una mujer jefa de familia a la que no se dio respaldo previo.
No demandamos la falta de servicios de guardería que establece el artículo 123 la Constitución, la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Seguro Social en sus artículos 201 al 207. Tres leyes, que no fueron suficientes para garantizar el acceso a un espacio de cuidado para los hijos de esta mujer trabajadora. Las mismas leyes que no se cumplieron en el caso de verificar las condiciones del servicio de la Guardería ABC.
Sin embargo, permitimos que el estado cobre sin excepción, ni condonación alguna, las cuotas a todas las trabajadoras con seguro social, aunque no les brinde el servicio, o se lo brinde mal. Un robo.
La desidia, el desdén, la irresponsabilidad, el sexismo y el clasismo con que se conduce el estado y la sociedad, es criminal. El estado conoce la ley y decide no cumplirla, bajo el pretexto de que no hay presupuesto. No hay dinero para la clase trabajadora, pero sí para sueldos vitalicios de ex presidentes y diversos fondos perdidos, y no hay una acción social.
El caso de la familia de Magdalena no es un caso aislado, de hecho es recurrente, y el estado hace muy poco por cumplir con sus obligaciones y la sociedad permanece callada, y cuando habla, en vez de reclamar el incumplimiento al estado, señala a las mujeres como culpables de cualquier desequilibrio social, por salir del ámbito doméstico a buscar mejores condiciones de vida.
Tal parece que las mujeres son las responsables de todo: de la delincuencia, de los accidentes de tránsito, de los embarazos no deseados, de parir políticos corruptos y ahora de la muerte de niños en casa o en guardería, a pesar del contexto adverso que enfrentamos.
No se confundan, el crimen aquí es el que comete el estado de forma sistemática en perjuicio de las personas más vulnerables. Las autoridades omisas son los responsables, no las “malas madres”. Y si el estado como autoridad no es capaz de cumplir con sus obligaciones ¿no va siendo hora de preguntarnos sobre su verdadero rol en este juego de administración del bienestar?
Y ¿Qué pasa con esta sociedad que no asume su ciudadanía con madurez para exigir el cumplimiento de sus derechos? ¿Cuántas niñas y niños deben morir en guardería o en casa para exigir a nuestras autoridades que por lo menos cumplan la ley? ¿Por qué no vencemos el sexismo y profundizamos en las soluciones de esta problemática?
Cuestionemos las facultades de las autoridades pero también las nuestras: ¿Qué pasa con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que no establece un salario digno, no inspecciona los trabajos, no mejora las condiciones de seguridad social? ¿Qué pasa con el Instituto Sonorense de la Mujer que nunca protege a las mujeres frente al linchamiento social? ¿Por qué pueden desdeñar esas responsabilidades? ¿Por qué toleramos el incumplimiento de las leyes?
Aunque las normas jurídicas dictan una realidad de pretendida justicia social, el estado sigue en una lógica ancestral, sin responsabilidad, sin ideas, sin escrúpulos. El estado falla, tiene las herramientas para hacer su trabajo, pero decide dejar de hacerlo y nosotras-os lo permitimos. No caigamos en señalamientos superficiales y sexistas, no son las mujeres las responsables, es la omisión criminal del estado y nuestra pasividad social, la que nos arrebató a las-os 49 niñas-os de la ABC + 3 niños y una bebé en una casa de cartón de Magdalena.
Foto principal: infonogales.com
Foto: revoluciontrespuntocero.com
